La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (Ind-FA) pidió la presencia de militares en la calle tras dos hechos de violencia ocurridos en la noche del domingo y el lunes en la comuna. Uno de ellos fue el asesinato de un supuesto líder narco y padre del artista urbano Dehilan, y el otro un robo a un outlet que protagonizaron al menos 30 delincuentes.

Cerca de las 18:30 horas del domingo Carlos Acevedo, un hombre de 42 años que había salido recientemente de la cárcel y que sería un reconocido narco de la comuna apodado "Guatón Mutema", se encontraba viendo el partido de la Universidad de Chile ante Palestino en la vía pública de la villa Pucará, hasta donde llegó un grupo de sujetos en un auto, quienes percutaron una gran cantidad de disparos en su contra.

La víctima fue trasladada inmediatamente a un SAPU en la comuna, donde llegó fallecida. Al lugar acudieron familiares y amigos de Acevedo, quienes provocaron algunos destrozos y acusaron que no habría sido atendido a tiempo. Hubo disparos al aire y lanzamiento de fuegos artificiales, lo que llevó a suspender las clases en dos colegios cercanos ayer.

Por orden del Ministerio Público el caso es indagado por la Brigada de Homicidios de la PDI, que barajaba como una de las hipótesis del homicidio un posible ajuste de cuentas de una banda rival.

Según el matinal de Canal 13, la muerte de Carlos Acevedo habría sido en represalia al secuestro de la esposa y la hija de otro narcotraficante, líder del clan "Los Mella", que se encuentra preso y habría pagado $500 millones por su liberación.

Sobre esta hipótesis radio Bío-Bío señaló que el "Guatón Mutema" habría estado ligado a un informante de la banda que realizó este secuestro.

Familiares del fallecido desmintieron la hipótesis del ajuste de cuentas. Una hija dijo que habría sido un crimen por "envidia".

Uno de sus hijos, el reggaetonero Dehilan, publicó en redes sociales: "Te amo compañero mío (...) siempre fuiste mi compañero y mi mejor amigo. Me duele verte por el teléfono, pero ya voy a llegar a casa a estar con la familia".

Artistas urbanos como Jaime Vera y Chill-E solidarizaron con la víctima.

Antes de las 16:00 horas el cuerpo de Acevedo llegó entre pirotecnia a la villa Pucará, donde iba a ser velado en un funeral que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó de "extremo riesgo", por lo que se dispuso de la presencia de Carabineros las 24 horas por tres días.

Robo a un outlet

También en Quilicura, pero en el sector de calle San Ignacio, al menos 30 sujetos llegaron cerca de las 4:00 horas de ayer en diferentes vehículos al Mall Arauco Premium Outlet Buenaventura, donde forzaron el portón de acceso y saquearon cuatro tiendas comerciales dedicadas a la venta de joyas, vestimentas, zapaterías y accesorios.

El ministro Codero descartó por el momento enviar militares a las calles de la comuna, como pidió la alcaldesa.

Una escucha telefónica al exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA, antes RD), donde contaba a su mamá, la exministra Claudia Serrano (PS), que la exsenadora e hija del Presidente Salvador Allende, Isabel Allende, "llamó hasta al portero del Ministerio" de Bienes Nacionales por la compra de la casa del Mandatario, despertó cuestionamientos sobre las facultades de la Fiscalía y la PDI frente a autoridades. El Gobierno respondió ayer que "no nos corresponde como Ejecutivo ni pedir las explicaciones ni tampoco darlas, eso es algo que compete a la Fiscalía y a los tribunales de Justicia".

"Nosotros estamos colaborando con las distintas instancias, el proceso que está llevando adelante la Fiscalía, el sumario en Bienes Nacionales, la comisión especial investigadora (de la Cámara de Diputados), y esas son las instancias donde se tendrán que determinar las responsabilidades, si es que las hubieran", afirmó la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry.

La grabación de Crispi corresponde a una llamada del 7 de enero. La polémica por la compraventa de la casa de Allende estalló el 30 de diciembre, ya que la Constitución prohibe celebrar contratos entre el Estado y sus autoridades, motivo por el que renunció la exministra de defensa y nieta del Mandatario, Maya Fernández, junto a su tía y exsenadora, Isabel Allende, quien fue destituida por el Tribunal Constitucional. Los documentos fueron visados por 17 abogados y egresados de Derecho, entre ellos el Presidente Gabriel Boric.

Ayer se conoció que el fiscal Patricio Cooper solicitó intervenir también el teléfono del Mandatario, debido a su cercanía con el fundador de ProCultura, el psiquiatra Alberto Larraín, quien, según el diputado Diego Ibáñez (FA, antes CS), incluso facilitó su casa para reuniones de CS, partido creado por Boric. La petición de Cooper fue rechazada, pese a que la ONG entre 2021 y 2022 elevó su patrimonio de poco más $316 millones a $3.282 millones.

Una "filtración"

La transcripción de la llamada de Crispi se enmarca en la investigación por el Caso Convenios, donde el exasesor aparece vinculado a ProCultura y Democracia Viva, a lo que se añade que funcionarios de la PDI determinaron que lo dicho sobre Isabel Allende podía ser relevante para las pesquisas por la venta de la casa de Allende.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que el proceso ha tenido "niveles de reserva bastante apropiados", y "cuando se vencen los plazos de secreto y reserva, estamos obligados a entregar copias, estos antecedentes supuestamente provenientes de la investigación comienzan a divulgarse y a aparecer en la prensa".

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sin embargo, acusó en Radio Pauta que "las filtraciones siempre alteran los procesos penales y creo que en eso estamos todos en contexto. No hay doble opinión, en el sentido de que hay procesos penales que son reservados, independiente del proceso penal que estemos hablando".

"motivación política"

El secretario general del FA, Andrés Couble, dijo a Emol que "no deberíamos estar discutiendo el contenido de esa conversación porque es privada, que se da en el marco de una investigación, y que llega a los medios de alguna forma".

"Es grave en cuanto a un accionar desde la Justicia, desde la Fiscalía, utilizando estos mecanismos con intencionalidad política. Podemos ver durante este Gobierno una serie de ejemplos que resultan a veces absurdos", sostuvo Couble.

"Parece que hay un modus operandi para utilizar la acción de la Fiscalía, la acción judicial que debería ser para investigar delitos, con una motivación política", sostuvo el ingeniero civil, porque "se están filtrando muchas cosas de investigaciones que parecieran tener más una motivación política que efectivamente un interés judicial".

"Puede haber escuchas quizás de conversaciones de Crispi con el Presidente. Si esas filtraciones respecto a discusiones políticas salen a la luz me parecería tremendamente grave. O sea, es una interferencia en otro poder del Estado por parte de la Fiscalía", subrayó Couble.

La Segunda ayer publicó que Crispi, tras escuchar la grabación de la llamada cuando declaró en la Fiscalía, el 14 de abril, "no sólo llamó a La Moneda alertando que su teléfono había sido intervenido", sino que también "se comunicó con la exministra de Defensa, Maya Fernández, y con la exsenadora Isabel Allende. Crispi quería explicarles el contexto de lo que se sabría públicamente, previendo que se transformaría en un escándalo político, esta vez con él fuera de Palacio".

"una pataleta de crispi"

La abogada de Isabel Allende, Paula Vial, dijo a La Tercera que "me hago eco de la declaración pública que hizo mi representada, que es categórica: Miguel Crispi no está diciendo una verdad, es falso lo que él dice. Desde luego, además, sus palabras son una falta de respeto hacia la familia Allende. Él genera un conflicto completamente innecesario".

"Se enloda el nombre de Isabel y de toda la familia Allende por una pataleta de Miguel Crispi, que se defiende de su propia inoperancia", agregó la abogada, junto con que "acá lo que se está investigando es un delito de tráfico de influencias, lo que en términos básicos significa sustituir al funcionario que tiene que tomar las decisiones, imponerle tu voluntad. Y este es un proyecto que viene de Presidencia", donde Crispi hasta el 10 de marzo era la persona más cercana a Boric, al punto que se refirió a su trabajo como su "confesor".

Estas palabras se condicen con la declaración del abogado de la familia Allende, Felipe Vio, ante la Fiscalía, documento al que accedió Canal 13: "La iniciativa de la compraventa de la casa, fue del Presidente de la República y no de la familia", como el mismo Boric ha sostenido en reiteradas oportunidades.