Dayana Muñoz Araya

Ayer el Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer el fallo donde confirmó la destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por firmar un contrato con el fisco para vender la casa del Presidente Allende. Esta determinación que había sido conocida por filtraciones a los medios se informó de manera oficial.

Una sentencia inédita ya que, según dicta el documento, "por primera vez este Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si la conducta de un parlamentario se enmarca en la referida causal de cesación".

Esta situación ha provocado distintos cuestionamientos, respecto de otros parlamentarios que podrían estar incurriendo en la misma inhabilidad.

Así lo informó el medio The Clinic, que apuntó que cinco congresistas tendrían contratos con el fisco, entre los mencionados se encuentra el diputado por Atacama Jaime Mulet (FRVS).

Fallo del TC

Las diputadas y diputados de la región se refirieron a lo sentenciado por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Sofía Cid (RN), una de parlamentarias que presentó el requerimiento, valoró la decisión. "Lo que pasó con la senadora Allende está bien. Era hora de que se aplicara la ley con firmeza. Después de más de 30 años como parlamentaria, decir que no sabía que no podía tener contratos con el Estado es inaceptable".

Además, la diputada se refirió a la actuar de Allende como congresista. "Peor aún: estuvo 8 años como senadora por Atacama y nunca la vimos. No defendió el agua, el empleo ni la seguridad. Hoy queda claro que su prioridad no era la gente, era el negocio", resaltó.

En esta línea, el diputado Cristian Tapia (Ind-PPD), también consideró que el Tribunal Constitucional actuó de la forma esperada.

"Respecto al actuar del TC, yo creo que fue la que correspondía, o sea, ellos hicieron su trabajo y , lo que siempre nosotros decimos que la instituciones funcionen, que la justicia funcione y no estar apegado a un compromiso político para poder dictaminar, aquí nosotros queremos justicia y la ciudadanía quiere justicia".

Además, señaló que los errores que derivaron en la destitución de la senadora Allende se dieron durante la tramitación de la compraventa.

"El problema de la destitución de la senadora Isabel Allende, no gatilla en el Tribunal Constitucional, gatilla anteriormente, fueron cerca de 17 personas por las que pasó este contrato de la casa, y ahí está el problema y quiénes son los responsables", enfatizó Tapia.

En cuanto a la relevancia de este fallo, Rosa Fernanda Gómez, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes resalta que, "esta es una regla que por lo menos a nivel de parlamentarios consta de una tradición constitucional bastante larga en el tiempo, data de anterior a la constitución de 1980, por lo tanto no es una norma que resulte innovadora. Lo más relevante es que es una norma que recién hoy 2025, podríamos decir ya casi 100 años de su incorporación a la Constitución de 1925, adquiere una aplicación categórica por parte de una senadora de larga trayectoria en nuestra tradición legislativa".

Impactos del fallo

Una sentencia trascendental que marcará precedentes en el país, por lo menos, así lo consideran parlamentarios de la región y abogados constitucionalistas.

"Los contratos con el Estado que hayan firmado parlamentarios deben revisarse caso a caso. El TC ya estableció un criterio y cesó a la senadora Isabel Allende en su cargo. Ahora se tienen que hacer cargo de lo que ellos mismos decidieron y aplicar el mismo criterio para el resto de diputados o senadores", sostuvo el diputado Juan Santana (PS).

En relación a la aplicación de la norma y las posibles interpretaciones que puedan surgir de ésta, Joaquín Palma, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Finis Terrae, explicó: la norma tiene una claridad que no es frecuente en las distintas disposiciones de la Carta Fundamental.

De esta forma, establece una regla que si se llenara de interpretaciones extensivas, haría perder el espíritu de la norma que es mantener alejados los intereses particulares de los parlamentarios de las actividades del Fisco".

Palma, además indicó, "lo importante es entender que estamos ante la aplicación de una norma en la que el constituyente ha querido dejar claro su propósito al establecer de manera precisa la sanción y los supuestos de hecho que la desencadenan".

En este sentido, Gómez, destacó, "es una sentencia inédita que marca un punto de inflexión sobre el punto, puesto que si bien históricamente existieron requerimientos de esta naturaleza, es la primera que se concreta, por lo tanto los fundamentos claramente van a ser revisados por todas las partes y además creo que será una regla de obligatoria observancia y especial cuidado de aquí a futuro para los parlamentarios".

Otros parlamentarios

Una publicación del medio The Clinic indicó que, por lo menos cinco legisladores, entre ellos, los senadores Juan Castro (PSC), Luciano Cruz-Coque (Evópoli), Fidel Espinoza (PS) y los diputados Jaime Mulet (FRVS), y Ximena Ossandón, (RN).

Respecto a la existencia de otros casos que pudieran terminar en pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el diputado Tapia comentó "se tiene que realizar todas las investigaciones como corresponde, a lo mejor pueden haber varios. Ha salido en los medios que hay otros parlamentarios que han recibido plata o ellos han prestado servicios a algunos estamentos del Estado y eso la verdad es que no corresponde".

En esta línea, Santana señaló que: "la evaluación no nos corresponde hacerla a nosotros, se deben estudiar los antecedentes y será nuevamente el TC el que determine si aplica la sanción. Lo que no puede pasar y no debe ocurrir en ningún caso es que miren para el lado después de lo que interpretaron en el caso de la senadora Isabel Allende".

Por su lado, Cid espera que se siga la normativa como pasó ahora. "Este caso debe marcar un antes y un después. Si hay más parlamentarios en la misma situación, el TC debe actuar. La probidad no se negocia."

En este contexto, la diputada Cicardini (PS) junto a otros diputado de la bancada socialista anunciaron que investigarán la situación de los parlamentarios mencionados en el reportaje. "Hemos solicitado a nuestros equipos jurídicos que estudien los antecedentes publicados por The Clinic. En base a este estudio, veremos quiénes reúnen condiciones para presentar un requerimiento ante el TC", declaró Cicardini.

Por último, Jaime Mulet sobre su mención en dicha publicación, sostuvo que: "Lo que publica el The Clinic es falso yo nunca he celebrado ni a título personal ni como representante legal de alguna persona jurídica como diputado electo o diputado en ejercicio contrato con el estado ni ninguno de sus órganos. Estudio acciones por difamación contra el medio. Y acciones que da la ley de prensa", afirmó.

Respecto a la mención de Mulet, Sofía Cid opinó: "que el TC haga su trabajo. Nadie, ni el Presidente, está sobre la ley y la Constitución. Si se demuestra que otras autoridades realizaron negocios con el Estado estando prohibido, deberán aplicarse las sanciones que correspondan. Por ahora, solo sé lo que se ha publicado en prensa, nada más."

Tapia, en tanto, mostró confianza en su colega, "siendo bien equilibrado y bien consecuente yo creo que el diputado Mulet, no tiene nada que ver, porque él no estaba, no era dueño de esta empresa, ni siquiera tenía acción en esta empresa de comunicaciones, eso fue antes que él fuese diputado".

En cuanto a cómo debería interpretarse la norma aplicada al fallo contra Allende en otros casos, Palma fue claro, "de manera estricta al texto de la constitución, teniendo como referencia el propósito de esta regla. Por tanto, debe aplicarse como una simple fórmula matemática en donde un parlamentario en ejercicio más un contrato más el Fisco de Chile resulte necesariamente en la cesación del cargo en cuestión".