Yoon Suk-yeol fue destituido este viernes por su fallida declaración de ley marcial en diciembre, dejando en el proceso a una Corea del Sur cada vez más dividida y sumida en una encrucijada política. El controvertido mandatario tiene además por delante un juicio penal por insurrección.

Nacido en 1960 en Seúl, Yoon creció en un entorno acomodado y cursó estudios en la escuela privada Choongam, donde forjó relaciones clave para su mandato. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Seúl, su carrera en la fiscalía iniciada en 1994 se caracterizó por procesar a figuras poderosas, incluidos altos funcionarios y magnates empresariales.

En 2016 fue designado para liderar la investigación sobre la presidenta conservadora Park Geun-hye en un caso de corrupción que también implicaba al líder de Samsung, Lee Jae-yong. La pesquisa resultó en la destitución de la mandataria y el encarcelamiento de ambos, un destino que él mismo enfrentaría años después.

Su reputación le permitió ascender rápidamente, llegando a ser fiscal general en 2019 bajo el Gobierno liberal de Moon Jae-in. Sin embargo, su enfrentamiento con la administración Moon lo llevó a renunciar en 2021 y a postularse como candidato del conservador Partido del Poder Popular (PPP), al que llevó de vuelta al poder en 2022 con una ajustada victoria presidencial.

Confrontación

Desde el inicio de su mandato, Yoon adoptó un estilo de gobierno confrontacional. Su decisión de reubicar la Oficina Presidencial, sus intentos por suprimir el Ministerio de Igualdad de Género y su retórica beligerante contra algunos gremios y los medios lo distanciaron rápidamente de buena parte de la opinión pública. A ello se sumaron escándalos que involucraban a su esposa, Kim Keon-hee, y acusaciones de negligencia en su administración.

En abril de 2024, su partido sufrió una derrota aplastante en las elecciones legislativas, dejándolo como el primer presidente en la historia democrática surcoreana sin mayoría parlamentaria en ningún momento de su mandato.

Acorralado por una oposición que bloqueaba sus iniciativas, Yoon empezó a rodearse de un círculo de leales, muchos de ellos excompañeros de su escuela Choongam, y a aferrarse a la idea de que su Gobierno estaba siendo saboteado desde dentro. Yoon pasó los meses siguientes alimentando en silencio la teoría de que las elecciones legislativas fueron manipuladas por hackers norcoreanos.

Punto de quiebre

El 3 de diciembre, Yoon declaró inesperadamente la ley marcial, justificándola como una respuesta a lo que consideraba una amenaza interna por parte de "fuerzas antinacionales pro-Pyongyang" dentro de la oposición. Argumentó que la Asamblea Nacional estaba saboteando el Estado, recortando presupuestos clave y destituyendo a funcionarios esenciales.

La medida fue rechazada de inmediato tanto por la oposición como por sectores de su propio partido, que la vieron como un intento desesperado de mantenerse en el poder. En apenas seis horas, la Asamblea logró revocar la declaración de la ley marcial, a pesar de que el Ejército trató de impedirlo.

El Parlamento aprobó la destitución del presidente, el 14 de diciembre, y un mes después, Yoon fue arrestado por cargos de insurrección, convirtiéndose en el primer mandatario surcoreano en ejercicio, aunque suspendido, en enfrentar un juicio penal.

Su detención, sin embargo, no sofocó el fervor de sus seguidores más radicales, que protagonizaron incidentes como vandalizar un tribunal de Seúl o agredir a agentes de policía y periodistas.

Polarización

A medida que avanzaba su juicio, algo inesperado ocurrió: su escasa popularidad y la de su partido comenzaron a recuperarse.

El descontento de una parte del electorado con la forma en que la oposición manejó los asuntos posteriores a la ley marcial, permitió que Yoon remontara en las encuestas. En abril, más del 50% de los surcoreanos apoyaba la destitución, frente a casi un 40% en contra. En diciembre, la proporción era de 70% y 30%, respectivamente.

El repunte de Yoon fracturó al PPP, con sectores distanciándose de él y otros apoyando su regreso. La polarización también se acentuó en la sociedad, con protestas masivas tanto a favor como en contra de su destitución.

En febrero, durante su audiencia final ante el Tribunal Constitucional, Yoon negó todas las acusaciones y justificó su accionar como una defensa de la democracia. Propuso incluso una reforma constitucional para cambiar el sistema político y dejó entrever que podría renunciar antes de completar su mandato si se lograban reformas estructurales.

Destino incierto

Liberado en marzo tras un fallo judicial que consideró ilegal su detención, Yoon, quien todavía enfrenta el juicio penal por insurrección, regresó a la residencia presidencial con el apoyo de miles de seguidores.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó este viernes de manera unánime al presidente, al considerar que violó la Constitución al declarar una ley marcial sin justificación y ordenar el despliegue del Ejército en el Parlamento.

Yoon negó hasta el final haber cometido alguna irregularidad. Sin embargo, el tribunal concluyó que sus acciones representaron una grave transgresión del orden democrático, al obstaculizar el trabajo legislativo y utilizar a las fuerzas armadas con fines políticos.

Tras su salida del poder, el futuro de Yoon sigue siendo incierto. Enfrenta un juicio penal por insurrección y su figura continúa dividiendo al país. Su apuesta arriesgada precipitó su caída, dejando un legado marcado por la controversia y por preguntas aún abiertas sobre su posible rol en la vida pública surcoreana.

El viernes, Yoon fue destituido formalmente por el tribunal constitucional surcoreano.