La semana pasada conocimos los primeros resultados del Censo de población aplicado por el INE durante el año 2024. Las primeras conclusiones a las que se puede arribar es que, en comparación con los datos del último censo del año 2017, hubo un incremento poblacional total menor al proyectado, un aumento considerable de la proporción de personas mayores de 65 años, la disminución dramática de la población de menores de 14 años que llega a solo un 14,4% del total del país y el significativo crecimiento de la cantidad de hogares unipersonales
Para nuestra región, las tendencias resultan ser las mismas aun cuando en algunos indicadores se presentan atenuadas respecto del escenario nacional. Así, la región contabiliza 299.180 habitantes, lo que representa un crecimiento del 4,5% en comparación con el Censo realizado en 2017. Somos la cuarta región menos poblada del país lo que mantiene la tendencia histórica de que habitamos un vasto territorio con baja densidad de habitantes y representamos solo el 1,6% del total de habitantes de todo el país. Por otra parte, falta saber cuál ha sido el impacto de la inmigración. Sus magnitudes las podremos auscultar cuando el INE libere esta información y concluir si este ciclo ha tenido más virtudes o más defectos para nuestro país.
En cuanto al promedio de edad en Atacama es de 36.8 años, con un leve predominio de la cantidad de mujeres sobre hombres, un 50,4% frente a un 49,6% respectivamente. La distribución por edades nos muestra que el 12,6% tiene más de 65 años, en tanto el 19,8% de la población es menor de 14 años. La población que se sitúa de los 15 a los 64 años representa un 67,7%.
Entonces, si bien Atacama tiene una menor cantidad de población de personas mayores y una mayor proporción de quienes tienen menos de 14 años, hemos seguido la tendencia nacional, a saber un envejecimiento progresivo y una menor tasa de natalidad, fenómenos estructurales que implican la constatación de hechos que se habían anticipado y que ahora se confirman. En este marco y luego de conocer esta data cabe preguntarse respecto de ellos ¿cuáles son sus efectos? ¿Qué implica para la educación, la economía, las políticas públicas?
La disminución de la natalidad para la Educación, en todos sus niveles, representa el riesgo de que en unos años haya una caída drástica del número de estudiantes a los que se deba brindar cobertura, proceso que ya estaría produciéndose en algunas comunas y que en nuestra región podría afectar con mayor intensidad a la educación pública. Asimismo, es un hecho comprobado que, si no hay una suficiente cantidad de trabajadores en condiciones de ser parte de la fuerza laboral, el crecimiento de la economía se ve fuertemente afectado. En el otro extremo, el envejecimiento requerirá mayores recursos para pensiones, para cuidados y para la atención de los sistemas de salud.
Surge la imperiosa necesidad de discutir que haremos como región frente a esta realidad y como ella afecta las proyecciones de las políticas públicas, la planificación plasmada en la estrategia de desarrollo regional, las decisiones de inversión privada y el rol de los agentes públicos y privados.
Modernizar el régimen de sociedad conyugal
Los avances legislativos en materia de sociedad conyugal han sido significativos, pero aún quedan tareas pendientes. Históricamente, la situación de la mujer en el ámbito patrimonial ha estado restringida. En 1813, solo un 10% de las mujeres sabía leer y escribir. Con el Código Civil de 1855, basado en un modelo patriarcal, el padre ejercía autoridad sobre la mujer, sus hijos y sus bienes.
Con el tiempo, el Código Civil estableció diferencias en la capacidad jurídica de las mujeres según su estado civil. Las solteras, viudas y mayores de edad administraban libremente sus bienes, pero al casarse, la mujer quedaba sujeta a la potestad del marido y era considerada relativamente incapaz.
Fue recién en el siglo XX cuando comenzaron reformas para modificar este esquema. Se permitió a las mujeres casadas que ejercían profesiones o empleos constituir un patrimonio reservado, con administración propia. Sin embargo, la incapacidad relativa de la mujer casada persistió hasta 1989, cuando la Ley N° 18.802 eliminó la potestad marital, la obediencia de la mujer y el deber de protección del marido.
A pesar de estos avances, el régimen de sociedad conyugal aún mantiene disposiciones desiguales. Hoy, el marido sigue siendo el administrador de los bienes comunes y de los adquiridos por la mujer a través de herencias o legados, lo que genera situaciones injustas en la toma de decisiones patrimoniales.
En este sentido, es relevante recordar el compromiso asumido por Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de octubre de 2005. En este acuerdo, el Estado se comprometió a derogar las normas discriminatorias de la sociedad conyugal y otorgar igualdad de derechos y deberes a ambos cónyuges (Boletín N° 1707-18).
Es urgente avanzar en estas reformas para garantizar equidad jurídica dentro del matrimonio. La legislación debe reflejar los cambios de nuestra sociedad y eliminar las barreras que aún persisten en el régimen patrimonial conyugal.