El aluvión del 25 de marzo de 2015, marcó un antes y un después para la región de Atacama. Fue una de las tragedias más devastadoras que ha enfrentado nuestra zona en las últimas décadas.

Como Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Atacama, estuvimos desde el día uno apoyando a las comunidades más afectadas. Participamos activamente en las labores de limpieza y retiro de barro en Copiapó, logrando extraer 28.500 m³ de lodo, lo que permitió despejar 29 kilómetros de calles en el cuadrante de Circunvalación, Diego de Almagro, Copayapu y Henríquez, además de otras zonas fuera de ese radio. Y también se retiraron 3.000 m³ de escombros, depositados en botaderos autorizados.

Este esfuerzo fue posible gracias a la colaboración de múltiples empresas socias, que pusieron a disposición maquinaria, personal y apoyo logístico, liderados por el entonces presidente del gremio, Yerko Villela, lo que permitió avanzar con rapidez en la recuperación de la ciudad.

Paralelamente, se construyeron soluciones de agua potable y alcantarillado para las primeras 30 viviendas de emergencia en el sector de Nantoco, con financiamiento del gremio. En Diego de Almagro, Alto del Carmen y El Salado, en tanto, se donaron herramientas y múltiples aportes desde distintas sedes del país.

Pero, a una década de la tragedia, ¿estamos preparados para otro aluvión? Si bien el Gobierno ha implementado medidas de mitigación, que han mejorado los protocolos de emergencia y la infraestructura preventiva, aún existen desafíos significativos en la planificación y ejecución de proyectos a largo plazo. La historia de Copiapó está marcada por aluviones: 1783, 1850, 1918, 1983, 1997, 2015 y 2017. Acontecimientos que se repiten como advertencias. Por esto es crucial seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica, reforzar la planificación urbana con enfoque preventivo y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Desde la región vemos con preocupación que el gobierno central sigue sin realizar inversiones proporcionales a la contribución de Atacama al país. Necesitamos que el desarrollo se distribuya de manera más equitativa. Las brechas en educación preventiva, ejecución de obras de mitigación y planificación territorial son considerables.

Atacama requiere políticas públicas que aborden nuestras realidades y desafíos con inversiones sostenidas y concretas.

Un alza en los recursos del royalty tendrá Atacama. El año pasado eran poco más de 6 mil millones de pesos, mientras que este 2025 la cifra llega a $13.538 millones. Comunas como Tierra Amarilla verán incrementado en más de un 20% su presupuesto municipal.

Por supuesto, que un grupo de alcaldes ha celebrado este avance, aunque se ha puesto énfasis en que los montos no reflejan las necesidades de la zona y cabe preguntarse ¿es finalmente justo o no el royalty?

Por definición, este impuesto busca compensar al país o a las personas por la explotación de recursos naturales a través de la entrega de fondos a los municipios. Las externalidades provocadas por la minería son un punto importante en aquello, entonces la pregunta es ¿por qué Atacama recibe menos plata que otras zonas? ¿Por qué La Pintana está dentro de las cinco primeras que más recibe?

Si nos vamos a lo macro, no parece una decisión justa. Históricamente Atacama ha dado su riqueza a todo el país, dado que las utilidades del cobre se reparten en todas las regiones y eso es justo porque por ejemplo, La Pintana requiere desarrollarse a partir de esa explotación, pero es distinto cuando hablamos de compensaciones por externalidades o impactos. ¿Por qué La Pintana debe recibir más dinero si no hay ninguna externalidad o impacto?

El Gobierno ha argumentado que el criterio es por densidad poblacional, pero eso no convence porque, como se mencionó, la solidaridad ya está patente con las ganancias de la explotación.

Hay otros criterios difusos. La jefa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dependiente del Ministerio del Interior, Francisca Perales, en entrevista con el medio El Desconcierto dijo que un factor son las tasas de cáncer y que por ello Calama está dentro de las cinco que más recibe, lo que es un argumento vago.

Ojalá haya en el mundo un estudio o estudios que establezcan cuántas personas en específico hayan enfermado por el impacto directo de la producción minera, pero eso no lo tenemos y lo que hay es una generalidad no medible con datos específicos. Pero bajo esa lógica ¿los habitantes de Tierra Amarilla deberían recibir más por altas tasas de otras enfermedades o condiciones?

Por último, si el impacto lo reciben las personas ¿por qué se debe depender del criterio de los municipios en todo momento? ¿por qué debe ser más importante instalar luminarias en el sector El Palomar que en San Pedro? ¿acaso no debería beneficiarse a quiénes enferman y no por estar viviendo en un sector?