El imputado por el Caso Audios, abogado Luis Hermosilla, investigado por presuntos delitos de soborno, lavado de activos y vulneración al sistema tributario, sumado a eventual tráfico de influencias en el nombramiento de jueces y decisiones de Gobierno, hechos que sacaron de la Corte Suprema a los ahora exministros Ángela Vivanco junto a Sergio Muñoz, además de llevar a declarar a los extitulares de Interior y Vivienda en la administración de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick y Felipe Ward, entre otros, dejó ayer el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde permaneció 205 días, para continuar en arresto domiciliario total.

"Estoy muy contento", afirmó Hermosilla al salir de la cárcel luego de casi siete meses, tiempo en el pasó lo antes señalado y, paulatinamente, se dieron a conocer conversaciones de WhatsApp con evidencias de eventuales ilícitos, así como opiniones políticas.

El abogado agregó que ahora resta "esperar la resolución que tome en su momento la Corte de Apelaciones, porque indudablemente me parece que el Ministerio Público va a apelar. (...) Si ejercen ese recurso, lo que tenemos que esperar es lo que decida la Corte de Apelaciones, eso es lo único que voy a decir".

El arresto domiciliario ya había sido solicitado en diciembre por la defensa del imputado, su hermano Juan Pablo Hermosilla, sin éxito.

Una jueza conocida

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revisó la prisión preventiva de Hermosilla, donde la magistrada Andrea Díaz-Muñoz determinó modificar la medida cautelar por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados en la causa.

La jueza determinó que "han cambiado las circunstancias" desde la detención del abogado, en agosto. "En primer término, los dos informes periciales acompañados: uno psicológico concluye que el imputado reúne los requisitos para cumplir en libertad, y ello debe ser considerado respecto a una medida cautelar o eventualmente en relación a alguna pena sustitutiva; además del peritaje social, que da cuenta de que es un adulto mayor, que tiene redes de apoyo en un medio libre, arraigo familiar y social con un domicilio conocido y estable".

"Así, estas nuevas circunstancias, junto con al transcurso del tiempo, (...) la situación es que no existe ningún antecedente que permita estimar que el imputado no se presentará a las actuaciones del procedimiento o ejecución eventual de una sentencia", indicó Díaz-Muñoz, además que "ha tenido una defensa bastante activa, tiene irreprochable conducta anterior, ha colaborado con la investigación".

Esto, pese a que antes la Justicia temió una fuga por el audio que inicia el caso, donde Hermosilla dice a Daniel Sauer -imputado por Factop y también en Capitán Yáber -que si su exsocio, Rodrigo Topelberg, denunciaba movimientos financieros, "tenemos que cerrar el negocio y agarrar los pitos y a Jamaica, (...) lo más rápido posible, porque si no vamos a estar con arraigo".

La jueza Díaz-Muñoz, según The Clinic, en noviembre de 2023 demoró 37 horas en autorizar el allanamiento a Hermosilla, porque "la grabación no consentida de esta reunión podría tener un origen ilegal, ya que no existen antecedentes respecto del origen", pese a la narración de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros eventuales ilícitos.

El abogado entonces ya sabía de la causa en su contra. De hecho, en el intertanto renunció a representar al exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), en el Caso Convenios. Gracias estos casi dos días, el imputado sacó cajas de la oficina, según cámaras a las que habría accedido el citado medio.

Tras la declaración de la también imputada Leonarda Villalobos, quien permanece en la Cárcel de San Miguel, la jueza autorizó el allanamiento debido a un "indicio" sobre el origen del audio.

El fiscal Felipe Sepúlveda, quien antes hizo las solicitudes descritas, ayer al ser conocidas las nuevas cautelares dijo que "vamos a recurrir a la Corte respecto a esta decisión, puesto que nosotros, en nuestro entender, consideramos que la prisión preventiva es la cautelar indispensable para asegurar los fines del procedimiento".

La libertad de Hermosilla "es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Hay una serie de parámetros y antecedentes que tiene la Ley para efectos de determinar ello y consideramos que en este caso se cumplen, razón por la cual vamos a pedirle al tribunal de alzada que se pronuncie", agregó el abogado.

La comisión de Gobierno del Senado declaró inadmisibles las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a fin de restringir el voto de los extranjeros sólo a elecciones municipales y plebiscitos, impidiendo su sufragio en las presidenciales y parlamentarias de noviembre.

La instancia legislativa señaló que las modificaciones están fuera de las ideas matrices del proyecto, que busca establecer las multas en caso de no votar.

La idea de restringir la participación en las presidenciales y legislativas "generó polémica porque, efectivamente, estamos a puertas de las elecciones y lo que corresponde es hacer ese debate y, en ese sentido, el Ejecutivo consideró que, para legislar para las elecciones que tenemos en noviembre, abriéramos esta discusión", dijo la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, ayer en Tele13 Radio.

La ministra agregó que "la idea sería que volviéramos a pedir un segundo informe, volver a la comisión para hacer el debate", debido a que, como se quejó al final de la sesión la senadora oficialista Paulina Vodanovic (PS), "¿dónde está la Segpres?", a lo que Lobos respondió ayer que se "cambió la tabla, por eso no concurrió ninguna de las autoridades del Ejecutivo".

La senadora e integrante del grupo legislativo, Luz Ebensperger (UDI), dijo que "el extranjero regular para votar tiene que tener requisitos más exigentes. Yo le pediría al menos cinco años de residencia definitiva", pero este debate se tiene que dar sin "cálculos políticos, sino con responsabilidad y seriedad".

Además, "el Gobierno no puede pedir segunda discusión, ellos no son senadores en este caso, la podría pedir alguno de sus senadores oficialistas, pero me parece que no tiene sentido hacerlo, ya que podrían pedir que se vote la admisibilidad y explicar sus indicaciones en la propia sala. (...) Este año tenemos elecciones y este proyecto con la sanción a quien no vota debe salir prontamente. O sea, debiera el Gobierno en vez de estar dilatando esta decisión, debiera estar poniéndole urgencia".