Tiempo atrás, participé de seminario de la Cámara chilena de la construcción en el que se presentaron los resultados del ICVU, índice de calidad de vida urbano, un estudio longitudinal sobre calidad de vida de las ciudades hecho por la Universidad Católica. En un momento de la exposición y constatando los permanentes magros resultados de las comunas de nuestra región, cavilé sobre la gran cantidad de veces que había estado en estos años en distintos seminarios en que conocimos los deficientes indicadores regionales en distintos ámbitos como la educación, la salud, el empleo, la pobreza… y las pocas o casi nulas oportunidades en que había estado en encuentros en que se abordase el cómo enfrentar nuestros problemas y dificultades junto con establecer compromisos para trabajar de manera sistemática y decidida en la búsqueda de mejoras objetivas en cada una de las áreas en que enfrentamos carencias endémicas.
Señalo esto a propósito de los resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior del año 2024, PAES, la que nuevamente situó a nuestra región como la de peor desempeño a nivel de todo el país, confirmando una tendencia que ha devenido en una situación estructural que configura una suerte de estigma para Atacama. Como se estila habitualmente, frente a las malas noticias, han surgido múltiples explicaciones que tratan de ayudar a comprender las razones de este fenómeno.
Pero debemos ir más allá. No podemos quedarnos en el debate mediático, ni en el ejercicio performático y simbólico de hacer como que nos activamos y hacemos algo sustantivo, mientras la preocupación está latente, para que luego las vacaciones, el regreso a las actividades laborales, las elecciones y un largo etc. nos hagan olvidar la base de nuestras limitaciones y la responsabilidad que tenemos para afrontarlas y trabajar para ir mejorando gradualmente.
El conjunto de nuestros indicadores no puede ser más preocupante. Si no trabajamos seria y metódicamente en propiciar el logro de los aprendizajes significativos que debe proveer el sistema escolar a nuestras niñas y niños, estamos sedimentando las bases para que nuestra región siga siendo una de las más deprivadas de Chile.
Modestamente creo que, si no priorizamos la educación escolar, aguas abajo no podremos esperar mejores resultados en todos los demás factores que conforman la calidad de vida de nuestra población.
El derecho de todos: acceso a
playas, lagos y ríos en Chile
En este periodo estival, este es un tema recurrente en el debate público, con posturas encontradas entre la protección de derechos de propiedad y el uso libre de bienes nacionales de uso público. La legislación es clara en el sentido que las playas, riberas de lagos y ríos son bienes nacionales de uso público, lo que significa que ningún particular puede restringir su acceso. Sin embargo, en la práctica, los obstáculos persisten.
Este acceso está regulado en el artículo 13 del Decreto Ley 1.939 de 1977, que establece su carácter de bienes nacionales de uso público y garantiza el acceso libre a ellos. Aun así, persisten casos de cierre ilegal de accesos y cobros indebidos, lo que genera la necesidad de una mayor fiscalización por parte de la autoridad.
Desde una perspectiva jurídica y social, el acceso a estos espacios no solo es un derecho garantizado, sino también una necesidad en términos de equidad y justicia territorial. Las playas, lagos y ríos no deben ser privilegio de unos pocos, sino espacios de disfrute para todos.
El desafío es doble: fortalecer la fiscalización y concientizar a la ciudadanía sobre sus derechos.
Este derecho cobra especial relevancia en regiones como la nuestra, siendo una expresión del derecho al uso equitativo de los bienes comunes. Si bien la legislación ha avanzado, su cumplimiento efectivo es la verdadera prueba de su éxito. La tarea es de todos: denunciar irregularidades y fomentar una cultura de respeto al derecho ciudadano de disfrutar estos espacios.
