La participación ciudadana es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social, partiendo de esta premisa la ley 20.500 de participación ciudadana en la gestión pública que fue publicada el año 2011, estableció los principios, mecanismos y procedimientos para promover y regular la participación ciudadana en los asuntos de interés público. Entre los principales mecanismos contemplados en esta Ley se encuentran las Consultas Ciudadanas, Acceso a la Información Relevante, Cuentas Públicas Participativas y los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC).
Sin embargo, desde la academia se ha analizado este instrumento y se ha evidenciado sus dificultades, dando cuenta de su carácter "legal indicativo, que no es vinculante y no garantiza la participación ciudadana como un derecho político en los asuntos públicos, con altas barreras de entrada para implementar mecanismos de participación ciudadana y que se refuerzan por la voluntad política de quienes deben implementarlos" (Montecinos, Contreras y Fuentes, 2020, p.87).
En mayo del año 2024, fue publicada por el Ministerio Secretaria General de Gobierno y la División de Organizaciones sociales, el informe del proceso participativo para modernizar la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública. Dentro de los hallazgos se recoge la necesidad de reforzar la participación, reconocer las dificultades y desafíos existentes en los diversos territorios y actorías sociales que involucra la participación ciudadana en la gestión pública, en particular para favorecer y promover su involucramiento en los mecanismos de participación, y poner especial atención en la pertinencia territorial y cultural para asegurar que se promueva la participación de la forma más amplia posible.
En este sentido, se espera que las autoridades comunales y regionales que recientemente asumieron sus cargos, tengan entre sus prioridades el cumplimiento de la principal norma jurídica existente en Chile, relativa a la promoción de la participación ciudadana en la gestión pública y esto se traduzca en la generación de herramientas y metodologías, que permitan llevar adelante mecanismos de participación ciudadana.
Por tanto, una tarea pendiente en esta materia, es modernizar la ley 20.500, lo que sin duda se presenta como una oportunidad para consolidar un modelo de democracia participativa.
