Libertad de expresión
Este mes, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) entregó el premio Libertad de Expresión 2024 al rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. En su discurso de agradecimiento, mencionó la importancia de la libertad de expresión y su correlación con la democracia. Por su parte, Eduardo Sepúlveda, presidente de la ANP y director de El Líbero, habló de lo importante que es para los medios de comunicación el apoyo de la sociedad civil.
En una democracia liberal como la chilena, la libertad de expresión se encuentra amparada en la Constitución (Art. 19 n° 12). Sin embargo, este derecho parece no tener la misma importancia para todos los actores políticos; así lo ha demostrado el Gobierno mediante el proyecto para una "Comisión contra la desinformación", la cual era más bien una búsqueda por establecer una verdad oficial. Otro ejemplo son los incesantes ataques a la prensa, como lo fueron los comentarios emitidos por el Presidente Boric en contra de Canal 13, Radio Biobío, La Tercera, El Mercurio, entre otros.
Como ciudadanos libres y responsables, tenemos el deber de proteger los medios de comunicación de las garras de los poderosos, en especial del Estado, pues en ellos es donde la libertad de expresión se hace culmen, ya que es la diversidad de opiniones la que enriquece a las naciones.
Tomás Ojeda Aravena Fundación para el Progreso
Preocupante situación
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó de un histórico decomiso de productos alimenticios en la frontera norte en 2024. Destaca el caso de los huevos, con un ingreso ilegal cercano al millón de unidades.
La situación es gravísima: estos productos, que provienen principalmente de Bolivia, no cumplen los requisitos del SAG y del Ministerio de Salud y se desconocen las medidas de sanidad e inocuidad en su país de origen. Una proporción de estos huevos es reenvasada con marcas locales para "blanquear" su venta, lo que se ha detectado en varias regiones de Chile.
Este escenario preocupa por los impactos que tiene en la producción local, por la competencia desleal que implica; en las arcas fiscales, por la evasión tributaria; y en la salud de los animales, abriendo la puerta al ingreso de enfermedades avícolas (influenza aviar, enfermedad de Newcastle).
Mayor aún es el riesgo para la salud de las personas. El huevo es un alimento de consumo masivo, por lo tanto, son miles las personas expuestas a estos productos potencialmente contaminados.
Resulta clave que el Gobierno destine mayor presupuesto al SAG para hacer frente a este preocupante escenario. Ello aumentaría su capacidad fiscalizadora en las zonas vulnerables, para evitar que se ponga en riesgo el patrimonio sanitario nacional y se transforme en un problema de salud pública.
Patricio Kurte
Programas deficientes
Más del 40% de los programas públicos evaluados por el Gobierno tienen una focalización inadecuada o parcial. Un informe de 2022 advirtió que un 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) se destina a programas sociales con evaluaciones deficientes.
Como parte de la Reforma Tributaria, el Presidente de la República Gabriel Boric dijo que aceptaría bajar el Impuesto de Primera Categoría de 27% a 25%. A cambio, quiere subir el tramo más alto del Global Complementario, porque "los más ricos" deben contribuir "un poquito" más. Es decir, volvemos a la terminología setentera de "los ricos" (la vieja "lucha de clases"), como si ellos fueran un lastre, es decir, no consumieran ni invirtieran. O sea, no se busca bajar impuestos, no existe esa convicción, sino la de castigar a "los ricos" buscando hacer un juego de suma cero.
Lo correcto es bajar todos los gastos antes de aumentar los impuestos.
Sin embargo, no se toma jamás la decisión de recortar de una buena vez los presupuestos del despilfarro monumental que son los programas sociales deficientes.
José Luis Hernández Vidal
La ética profesional y su rol en la educación superior
La ética profesional es uno de los pilares fundamentales que sostienen la credibilidad y el impacto de cualquier disciplina en la sociedad. En el contexto de la educación superior, su relevancia adquiere un matiz aún más profundo, ya que las universidades no solo tienen la responsabilidad de formar profesionales competentes, sino también ciudadanos íntegros y comprometidos con el bienestar colectivo.
La educación superior actúa como un espacio privilegiado para la reflexión ética. Es en las aulas universitarias donde los futuros profesionales enfrentan dilemas que no solo ponen a prueba sus conocimientos técnicos, sino también sus valores y principios. Por ello, las instituciones educativas tienen el deber de promover un ambiente que fomente la responsabilidad, la honestidad y el respeto por los demás.
Al respecto, dos desafíos se presentan ante esta nueva sociedad, la del conocimiento y de la inmediatez:
Primero, integrar la ética como un eje transversal en todas las áreas del conocimiento y no únicamente en impartir cursos de ética profesional como parte del currículum. Los estudiantes deben ser conscientes de que las decisiones éticas no son exclusivas de ciertos campos, sino que atraviesan todas las disciplinas, desde la ingeniería y la medicina hasta la economía y las artes. En este sentido, los docentes juegan un papel crucial. Son ellos quienes, a través de su ejemplo y liderazgo, pueden inculcar en los estudiantes la importancia de actuar con integridad en todas sus acciones. Un profesor que modela el comportamiento ético puede inspirar a sus estudiantes a adoptar estos valores como una parte esencial de su identidad profesional.
Segundo, la ética profesional también está íntimamente ligada a la sostenibilidad y a la responsabilidad social. En un mundo cada vez más interconectado, las acciones de un individuo o de una organización pueden tener repercusiones globales. Por ello, la educación superior debe preparar a los estudiantes no solo para alcanzar el éxito personal, sino también para contribuir al desarrollo sostenible y a la justicia social.
En conclusión, la ética profesional es una competencia indispensable que debe cultivarse desde la educación superior. No se trata únicamente de cumplir con normas o códigos de conducta, sino de desarrollar una conciencia crítica que permita a los futuros profesionales tomar decisiones responsables y humanas. Las universidades, como centros de formación y transformación social, tienen el deber de liderar este proceso, asegurándose de que la próxima generación de líderes actúe con integridad y compromiso hacia un mundo y una sociedad mejor.
Christian Acuña-Opazo