El Parlamento de Nicaragua aprobó el viernes por unanimidad y en primera legislatura la enmiendas constitucionales que refundan el Estado y otorgan poder total al presidente y a su esposa. Se reformaron 135 artículos de la Carta Magna de Nicaragua y se derogaron otros 38, incluido uno en el que se prohibía la práctica de la tortura. Para que entre en vigor, una segunda legislatura debe aprobar en enero la iniciativa de Ortega, rechazada por EE.UU., la OEA y la ONU.
Esta semana el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso una iniciativa de reforma parcial a la Constitución que fue duramente criticada por los opositores y por la OEA, al plantear que se amplíe de cinco a seis años el período presidencial, establecer la figura de "copresidenta", que el Ejecutivo "coordine" los demás poderes del Estado o la creación de la Policía Voluntaria, acusada de ser una fuerza paramilitar.
La propuesta de reforma constitucional, que debe ser aprobada en dos legislaturas por la Asamblea Nacional (Parlamento), donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, está hecha a la medida para que Ortega junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, asuman el control total de todos los poderes del Estado y garanticen además la sucesión dinástica familiar, según sus críticos.
La enmienda plantea refundar el Estado al denominarlo "revolucionario", busca legalizar la instauración de un modelo de partido único y familiar como en Cuba, formaliza la concentración de poder, legaliza la apatridia, y "constitucionaliza el Estado totalitario", según opositores.
Estos son los principales cambios propuestos por Ortega.
La iniciativa establece en el Capítulo II, artículo 132, que la Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales.
También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Además que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.
Para ser candidatos a copresidentes tienen que haber residido de forma continua en Nicaragua los seis años anteriores a la elección, no haber sido declarados "traidores a la patria", o no haber adquirido otra nacionalidad, con lo que se inhibe a los principales dirigentes de la oposición que fueron excarcelados, desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023.
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado "revolucionario", libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la "democracia directa", que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
También propone incluir como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
Asimismo crea la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que, según opositores y organismos humanitarios, son fuerzas parapoliciales y paramilitares que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada 'Operación Limpieza' con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones que estallaron en 2018.
La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.
El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean "sometidos" a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.
Asimismo, se establece que "el Estado es laico y asegura la libertad de culto, fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias". Sin embargo, la enmienda advierte que "al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público, y que "las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero".
Por otro lado, señalan que "ninguna medida violatoria del derecho internacional" tomada por Estados, grupos de Estados o gobiernos extranjeros en contra de instituciones, funcionarios y/o personas nicaragüenses tendrá validez para el Estado nicaragüense.
En ese sentido, la reforma constitucional propone considerar traidores a la patria a todos aquellos que atenten contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz de Nicaragua.
Además, la iniciativa destaca que se estará a favor de un nuevo orden multipolar "basado en la hermandad, solidaridad, complementariedad, cooperación, igualdad y respeto entre los Estados".
Nicaragua también reitera la "validez y fuerza legal de todas y cada una de las consideraciones y resoluciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en su histórica sentencia del 27 de junio de 1986 sobre las 'Actividades Militares y paramilitares en y contra de la República de Nicaragua', en concordancia con el Derecho Internacional la legislación nicaragüense", en la que se condenó a Estados Unidos.
"El Estado de Nicaragua tiene el derecho de ejecutar las acciones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de esta histórica sentencia", señala la iniciativa.