Redacción

El Ministerio del Interior salió al paso de las críticas dirigidas al Plan Calles sin Violencia, defendiendo su implementación y desmintiendo un supuesto aumento en las cifras de homicidios a nivel nacional.

Según la cartera, en 2023 se logró revertir la tendencia al alza de homicidios que se mantenía desde 2016, registrando una disminución del 6% en comparación con 2022. Esta tendencia a la baja continuó durante el primer semestre de 2024, con una reducción del 9,4% en la tasa de homicidios consumados por cada 100 mil habitantes respecto al mismo período del año anterior.

Estas declaraciones surgen en respuesta a un informe del Instituto Libertad, que señalaba un incremento del 57,9% en los homicidios en comunas de la zona centro y del 4,7% en la Región Metropolitana. De acuerdo a ese mismo informe, en las 76 comunas donde se aplicó el Plan Calles sin Violencia, los asesinatos habrían aumentado un 7,6%.

El Ministerio del Interior enfatizó que el "Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile" es la única fuente de estadísticas validadas en conjunto por las instituciones estatales relacionadas con la seguridad, que incluyendo al Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Según este estudio, en 2023 se registró una disminución del 6% en los homicidios a nivel nacional en comparación con 2022, revirtiendo una tendencia al alza que se mantenía desde 2016.

Durante el primer semestre de 2024, esta tendencia descendente continuó, con una reducción del 9,4% en la tasa de víctimas de homicidios consumados por cada 100 mil habitantes en comparación con el mismo período de 2023.

En relación con las comunas incluidas en el Plan Calles sin Violencia, el Observatorio de Homicidios reportó una disminución del 1,5% en la frecuencia de víctimas de homicidios consumados entre enero y octubre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023.

Críticas

El Plan Calles sin Violencia, implementado en abril de 2023, ha sido objeto de diversas críticas y evaluaciones.

En agosto de 2024, parlamentarios calificaron la iniciativa como un "fracaso" y sugirieron su reevaluación o incluso su finalización. Sin embargo, expertos en seguridad recomendaron cautela antes de desarticular el plan, proponiendo en su lugar su reforzamiento y ajustes para mejorar su eficacia.

En agosto de este año, Camila Vallejo, vocera de Gobierno, defendió el plan argumentando que "no sólo ha funcionado, sino que su refuerzo ha tenido resultados en el corto plazo". Destacó la presencia de más de 1.700 carabineros desplegados en las calles y la realización de operativos que han permitido más de 200 detenciones. A pesar de las críticas, desde el Gobierno han sostenido que el mentado plan ha contribuido a la disminución de los homicidios en el país, respaldándose en estadísticas oficiales y datos validados por instituciones competentes.

Luego de varias semanas de controversia, la pregunta sobre el nombramiento de jueces ha perdido fuerza en términos mediáticos. En algún sentido, puede que la ausencia de luces y de exposición pública beneficie el carácter reflexivo de la discusión, pero nada de esto debería hacernos olvidar la urgencia del problema que enfrentamos. Contar con jueces calificados, independientes e imparciales debiera ser una prioridad para nuestro sistema político, atendida la grave función que desempeñan en nuestro Estado de derecho.

En este contexto, el Presidente envió al Congreso una propuesta de reforma del Poder Judicial. En términos generales, esta propuesta crea el Consejo de Nombramientos, cuya función se limita a la preparación de propuestas jerarquizadas de candidatos con base en concursos competitivos. Si bien esta propuesta parte de un diagnóstico acertado, es decir, el gran espacio discrecional que existe actualmente en la conformación de las quinas y las ternas, todavía puede ser objeto de mejoras.

En primer lugar, llama la atención que en el caso del nombramiento de los ministros de la Corte Suprema se mantenga la ratificación del Senado. Dicha ratificación ha sido duramente criticada puesto que refuerza el carácter político del nombramiento, y obliga a los candidatos a buscar el patrocinio de los partidos y de las bancadas parlamentarias. La consecuencia natural de este sistema ha sido la obvia: la tendencia política del candidato termina siendo uno de los principales factores de decisión en el Congreso.

En segundo lugar, cabe apuntar a la conformación del Consejo de Nombramientos. Si bien es adecuado que este órgano esté compuesto mayoritariamente por jueces, resulta curioso que los jueces de instancia puedan participar en la propuesta de los ministros de las cortes superiores de justicia. Además, nos parece que centralizar la confección de las quinas y las ternas en un solo órgano a nivel nacional, es una decisión que pierde de vista las particularidades y necesidades propias de cada territorio jurisdiccional. La misma crítica se puede realizar respecto de la administración y gestión de los recursos del Poder Judicial, dado que también se centraliza esta tarea y, en consecuencia, se prescinde de las cortes de apelaciones para estos efectos.

En definitiva, sin perjuicio de la urgencia e importancia de reformar el sistema de nombramientos, el sistema político debería tomar más tiempo en mejorar la propuesta, dado que gran parte de la legitimidad de toda nuestra institucionalidad depende de que sigamos teniendo jueces calificados, independientes e imparciales.

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad de los Andes. Investigador de Polis, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.