En medio de una intensa jornada en la Sala del Senado, el Gobierno avanzó ayer en la aprobación de partidas clave del Presupuesto 2025, como el reforzamiento de recursos para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que habían sido rechazados en primera instancia. Sin embargo, el debate se tensó tras la ratificación de dos controvertidas enmiendas impulsadas por la oposición, que el Ejecutivo calificó de inadmisibles y anunció que impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC).

Una de las enmiendas aprobadas permite que los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) soliciten que el avalúo fiscal de sus propiedades sea considerado de cero pesos, lo que implicaría eximirlos del pago de contribuciones. La otra establece controles de drogas semestrales obligatorios para el Presidente de la República, ministros y subsecretarios.

Ambas medidas fueron respaldadas en la Cámara Alta pese a los reparos del Ejecutivo.

Respecto de la exención del pago de contribuciones para adultos mayores, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuestionó la medida señalando que es "inadmisible por tratarse de un tema tributario", una materia que la Constitución reserva exclusivamente al Presidente.

El secretario de Estado explicó además las implicancias prácticas que la enmienda podría generar: "Sus autores buscaron que los beneficiarios de la PGU no pagaran contribuciones, pero se hace mediante la reducción del avalúo fiscal a cero. Esto significa que si alguien tiene como garantía una propiedad y queda con avalúo cero, la garantía pasa a valer nada. Significa que si se va a expropiar una propiedad por Obras Públicas, podría hacerse por cero pesos".

Marcel reiteró que recurrirán al TC para impugnar la enmienda y lamentó el resultado: "Considero realmente lamentable que se haya votado a favor de una glosa tan evidentemente inconstitucional como la que estamos analizando".

La otra norma aprobada es aquella que obliga al Presidente, ministros y subsecretarios a someterse a controles de drogas semestrales. Pero por tratarse de una ley que solo rige durante un año, estaría vigente solo para autoridades del actual Gobierno y no para el que lo suceda en 2026.

Desde el Ejecutivo se mostraron abiertos a la idea de los exámenes, pero enfatizaron que su incorporación en la Ley de Presupuestos no es "la forma más idónea". Por eso, ante su ratificación, el titular de Hacienda hizo reserva de constitucionalidad.

Al haber sido ratificadas por el Senado, ambas enmiendas no serán revisadas en un tercer trámite ni en una comisión mixta y por ello el Gobierno pedirá el pronunciamiento del TC para intentar revertirlas.