La protección de las víctimas de la iglesia chilena, que en los últimos años ha afrontado "una grave crisis debido a numerosos casos de abusos sexuales", necesita un plan estratégico en ese país, según recomendó el Vaticano ayer en el primer Informe Anual de la Pontificia Comisión de Protección de Menores.

Se trata de la principal conclusión del estudio del caso chileno a través de Cáritas Chile, uno de los cuatro con esta organización caritativa recogidos en el informe, que también incluye las reflexiones de las visita ad limina de los obispos de 20 países al Vaticano en 2023.

"La Comisión constata que en los últimos años la Iglesia chilena ha enfrentado una grave crisis debido a numerosos casos de abusos sexuales, abusos de conciencia y abusos de poder cometidos en el seno de la Iglesia, especialmente por parte de personas consagradas", se lee en el documento.

Nuestro país es uno de los más salpicados en Latinoamérica por denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y lleva más de una década sumando nuevos casos desde que salió a la luz el primer gran escándalo, del exsacerdote Fernando Karadima, que en palabras del papa Francisco, destapó "una cultura de abuso y encubrimiento" en el seno de la Iglesia.

Tras tomar nota de los continuos esfuerzos de acompañamiento por el equipo diocesano de protección de Cáritas, la Comisión "observa la continua confusión sobre las acciones de protección requeridas por una entidad jurídica privada", como es Cáritas Chile.

Por ello, valora positivamente que Catholic Relief Services se haya comprometido a formar a una persona de Caritas Chile y otra de la Conferencia Episcopal como investigadores de este tipo de casos de abusos.

Sin embargo, "esta formación no tiene garantía de continuidad, más allá del compromiso inicial de Catholic Relief Services", lamenta.

Recomendaciones

La primera recomendación de la Comisión a Cáritas Chile es "desarrollar un plan estratégico actualizado en 2024, coherente con el Marco Estratégico de Caritas Internationalis 2024-2030 y el Marco Estratégico de Cáritas América Latina y el Caribe 2024- 2031", en los que se recoge detalladamente la protección.

También subraya "la necesidad de que Cáritas Chile también incluya la protección como una prioridad dentro de su plan estratégico" y desarrolle un plan de cursos de capacitación a nivel de las Cáritas diocesanas que incluya "específicamente la responsabilidad institucional".

Además, la Comisión anima a Cáritas Chile a considerar una solicitud de subvención al Fondo Memorare de la propia comisión pontificia, siempre en "consulta con la Conferencia Episcopal".

Según cifras publicadas por la Fiscalía, en 2021 seguían abiertas 65 investigaciones judiciales contra 116 personas relacionadas con la Iglesia católica, que implican a 220 víctimas, siendo la mitad menores de edad en el momento de los hechos.

Efe

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró ayer que el veto a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Israel y los territorios ocupados, aprobado en la víspera por el parlamento israelí (Knéset), tendrá "un impacto devastador" en la población de Palestina.

"Según tenemos entendido, la ley da 90 días antes de que esto se aplique (...). Estamos en una fase temprana. Obviamente, si se aplica, tendrá un impacto devastador en la situación humanitaria de los palestinos en el territorio ocupado", señaló en su rueda de prensa diaria el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric.

La Knéset aprobó la noche del lunes dos leyes, que entrarán en vigor dentro de tres meses, para prohibir la actividad de la UNRWA en Israel, así como limitar su capacidad operativa en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza.

Dujarric añadió que Guterres escribió una carta al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "exponiendo sus preocupaciones y las cuestiones de derecho internacional" que plantea esta ley.

Destacó que, de acuerdo al derecho internacional humanitario, Israel, como potencia ocupante, "sigue teniendo la obligación de garantizar que se cubren las necesidades de la población", y si el Estado hebreo "no está en condiciones de satisfacer esas necesidades, debe permitir y facilitar las actividades de la ONU".

Por su parte, la vocera de la Asamblea General, Sharon Birch, indicó hoy que el presidente de este órgano, Philémon Yang, está "profundamente preocupado" por la aprobación de estas dos leyes, que supondrán "un colapso de las futuras operaciones en el territorio palestino ocupado".

"Estas dos leyes agravarían una situación humanitaria ya de por sí catastrófica", enfatizó Birch, y subrayó además que la Asamblea General de la ONU empujará a los Estados miembros a "trabajar y conducir" la acción necesaria "para hacer frente a este problema".

Para Jonathan Fowler, vocero en Jerusalén de la UNRWA, el veto al organismo es una "falsa solución" y propicia a que otros países, como ya hace Israel, desoigan futuros mandatos de la comunidad internacional.

"Deshacerse de la UNRWA no significa que el problema desaparezca: los refugiados siguen ahí, los campamentos -hoy en día ya de hormigón- siguen ahí y continúa existiendo la necesidad de velar por el bienestar de la población refugiada palestina", aseguró Fowler a la agencia Efe desde la sede de la entidad en Jerusalén este ocupado.

Según el Derecho Internacional Humanitario, en caso de desaparición de la UNRWA debe ser Israel -como potencia ocupante- quien garantice el bienestar de la población palestina ocupada; situación para la que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no tiene una respuesta.

La agencia fue establecida en 1950 por la ONU y presta servicios sociales a casi seis millones de refugiados palestinos -muchos descendientes de los cientos de miles de desplazados por la creación del Estado de Israel- que viven ahora en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania.

Chile reacciona

Al rechazo del veto de parte de organizaciones como Human Rights Watch se sumaron numerosos gobiernos, como Gran Bretaña, Francia, Cuba, Egipto, Irak, la Liga Árabe, la Autoridad Nacional Palestina y Chile.

"Una vez más, vemos con alarmante preocupación que las acciones adoptadas por las autoridades de Israel transgreden el Derecho Internacional Humanitario y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia", aseguró la Cancillería.

El Estado de Israel, añadió, "tiene la obligación de garantizar y proteger la labor de todo el personal humanitario".

El grupo Hamás insistió ayer en que está abierto a alcanzar "cualquier acuerdo" que "ponga fin al sufrimiento" del pueblo palestino en Gaza, en el marco de la nueva ronda de contactos en Qatar para avanzar hacia un alto al fuego con Israel, aunque insistió en la retirada de las tropas israelíes de Gaza, una exigencia que los israelíes rechazan. Junto a la retirada "total", piden que Israel "levante el asedio y brinde socorro, apoyo y refugio a nuestro pueblo", además del inicio de la reconstrucción y una "acuerdo serio para los prisioneros" palestinos en cárceles israelíes.