El Ministerio de Justicia presentó ayer el proyecto de reforma para modificar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial a través de la creación de un consejo especial.

Según explicó el titular de la cartera, Luis Cordero, la iniciativa ingresada al Congreso consta de tres ejes, comenzando por "establecer un mecanismo de nombramiento que permita separar el régimen, permitiendo un mecanismo de nombramientos que valore el mérito más que la antigüedad y el conocimiento personal".

"Segundo, es la distinción de las competencias en materia de gobierno judicial y, en tercer lugar, establecer reglas e incentivos adecuados para controles preventivos en materia de conflictos de interés", señaló.

La reforma propuesta por el Gobierno propone la creación del Consejo de Nombramientos Judiciales, que, según el mensaje oficial del Ejecutivo, "estará a cargo de la gestión de los procesos de selección, y se introducen nuevas reglas para los nombramientos judiciales, sobre la base de procesos fundados en el mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva".

Esta instancia estaría compuesta por "un ministro de la Corte Suprema, un ministro de una Corte de Apelaciones; un juez letrado del Poder Judicial; un representante designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y un abogado de reconocida trayectoria profesional y académica, que deberá tener a lo menos veinte años de título de abogado, designado por el Presidente de la República, previa propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública".

Quienes resulten electos estarán por cinco años en el cargo, sin posibilidad de reelección.

La propuesta incluye la "creación de un órgano autónomo encargado de la administración y gestión de los recursos de todos los tribunales de la nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los demás tribunales que determine una ley orgánica constitucional".

Después de más de ocho horas de sesión, el Senado aprobó los dos capítulos de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz y quedó destituido de su cargo, además de ser inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

La jornada comenzó con un escenario incierto, pero el anuncio de los votos a favor de los parlamentarios de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, sumado al del independiente Karim Bianchi, terminaron echando por tierra las esperanzas del oficialismo, que había argumentado incluso a través del ministro de Justicia, Luis Cordero, que su remoción significaría "distorsionar el sistema institucional".

Con todo, se necesitaba que 25 senadores aprobaran el libelo acusatoria, ya que el cuórum se rebajó por la ausencia de Paulina Núñez por un permiso especial constitucional, y en definitiva el documento consiguió 27 votos a favor en el capítulo 1 y 25 en el capítulo 2.

Ambas secciones apuntaban a un "notable abandono de deberes", la primera por "anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad" y la segunda por "no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija", quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional (desde Italia).

"Venganza"

Desde el oficialismo, los parlamentarios acusaron una "venganza" de la oposición debido a la participación de Muñoz en fallos emblemáticos vinculados, por ejemplo, a las isapres, como presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema.

El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, dijo que "estamos frente a una acusación más de carácter política más que jurídica. Es una acusación constitucional injusta, sin fundamentos, débil en sus argumentos, y en que se buscó ligar la suerte del ministro Muñoz con la de Ángela Vivanco, con la anomalía política en la Cámara de Diputados de presentarlas de forma conjunta. Se buscó el empate, se buscó aprovecharse de una crisis".

Misma crítica realizaron Alejandra Sepúlveda (ind.) y el DC Francisco Huenchumilla.

El PPD Ricardo Lagos Weber cuestionó que "se tomaron dos años en presentar una acusación contra el ministro Muñoz por un caso que lleva dos años dando vueltas", refiriéndose al capítulo 1.

"Durante dos años no les importó. Pero ahora, producto del caso de la exministra Vivanco, se alimentaron con el deseo de juntar dos causas distintas", expresó el senador oficialista.

Explicaciones de bianchi

Uno de los votos claves de la sesión fue el del senador independiente Karim Bianchi,

Todas las consideraciones sobre la trayectoria como juez del acusado y sobre el contenido de sus fallos, debe ser ignorada. La AC se debe a hechos específicos que se le imputan, si estos pueden ser estimados como ciertos a partir de los antecedentes aportados por las partes. (...) En cualquier caso, si se aceptara que estamos frente a un juez históricamente comprometido con los Derechos Humanos y el medio ambiente, no lo autoriza a comportarse de cualquier forma en el ejercicio de su cargo".

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, argumentó que "el deber de prioridad de un ministro de la Corte Suprema se encuentra no solo en sus decisiones judiciales, que podemos valorar, sino que también en su capacidad de mantener una conducta que demuestre la preeminencia del interés público por sobre cualquier consideración personal, de cuidar los estándares éticos, de no usar el cargo para privilegiar a los propios".

Desde la UDI, la senadora Luz Ebensperger indicó que "el voto a favor no es sólo un acto de justicia para quienes han sido afectados directamente por las acciones u omisiones de este ministro, si no también un acto de defensa para las instituciones y de la confianza pública en ellas. (...) Votar a favor de esta acusación es un deber como defensores y partes fundamentales del Estado de Derecho".

Al cierre de esta edición, la sesión de argumentación y posterior votación de la acusación contra la exministra de la Suprema, Ángela Vivanco, estaba aún en desarrollo.