Redacción

La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco ha concentrado en los últimos días la atención luego de que se conocieran sus vínculos con Luis Hermosilla que la llevaron a tener actuaciones judiciales cuestionables, que el máximo tribunal consideró tan graves que abrió un cuaderno de remoción en su contra mientras está suspendida de sus funciones. A ello se suman dos acusaciones constitucionales, una anunciada por el oficialismo y la Democracia Cristiana y otra anunciada ayer por Chile Vamos.

Según revelaciones publicadas por Ciper, la magistrada y el abogado Luis Hermosilla, en prisión preventiva por el Caso Audios, intercambiaron mensajes que delatan favores entre ambos antes y después de que ella llegara al máximo tribunal: se trata de una gran cantidad de chats entre 2018 y 2023 en los que conversan sobre nombramientos en el Poder Judicial, causas legales específicas y reuniones con Andrés Chadwick, entre otras presuntas irregularidades.

Entre ellas las consideradas más graves están las solicitudes de Hermosilla para que Vivanco integre salas de la Corte en las que se deberían ventilar causas en que él representaba a una de las partes. Y resalta el caso llamado "muñeca bielorrusa" en que se revirtió un fallo que era a favor de Codelco contra la empresa Belaz Movitec de capitales chilenos y bielorrusos, en una tramitación exprés de la tercera sala que presidía Vivanco.

"Ventana hacia la luz"

A través de su cuenta en Instagram, la ministra Vivanco emitió sus primeras palabras en medio de este escándalo: "Siempre hay una ventana hacia la luz. Muchas gracias de corazón a los amigos que me han llamado, escrito o visitado con su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que ha pasado y pasa mi familia".

"Desgraciadamente hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de dar respuesta y en lo personal he sido destinataria de medidas tomadas en mi trabajo profesional y académico sobre la base de filtraciones", añadió.

"Estoy recabando, con dificultades, la información real a través de mis abogados y me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada", cerró su mensaje.

¿Entra el CDE?

Paralelamente, el Gobierno reconoció ayer que no descarta que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sume a la causa que lleva la Fiscalía contra Vivanco, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho, por el fallo contra Codelco.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, relevó que la causa "abre una línea de preocupación en relación a Codelco, que ha estado tomando acciones que valoramos. Es una empresa del Estado que puso los antecedentes ante el Ministerio Público para complementar la línea de investigación que va a desarrollar".

"Desde lo que corresponde al Poder Ejecutivo y requerimientos ante el CDE, nunca descartamos acciones que puedan complementar esta iniciativa proactiva y responsable que ha hecho Codelco, y también el Ministerio Público como poder autónomo", anticipó la vocera.

Otros ministros

Este caso, sin embargo, amenaza con arrastrar a otros integrantes de la Corte Suprema, contra quienes también se anunciaron libelos en el Congreso Nacional. El primero fue Jean Pierre Matus, contra quien ya es un hecho que la DC presentará una acusación constitucional el 23 de septiembre por haber mentido reiteradamente acerca de sus vínculos con Hermosilla.

Otra acusación constitucional en ciernes es contra el ministro Sergio Muñoz: Chile Vamos impulsa un juicio político en su contra por haberle recomendado a su hija mover las platas de una inversión inmobiliaria en la que participaba y cuyo caso estaba conociendo en el máximo tribunal.

A ellos se podría sumar un cuarto supremo, Mario Carroza, al que quiere acusar la diputada Camila Flores (RN), pues "también ha influido en el nombramiento, particularmente de ciertos notarios, a nivel nacional".

Carroza, además, fue parte de la Tercera Sala de la Suprema que falló contra Codelco en el caso de la "muñeca bielorrusa", al igual que la magistrada María Cristina Gajardo y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides.

Ministros que entregan información privilegiada a litigantes (el caso de Ángela Vivanco revelado en los audios que se han divulgado) o a parientes (según se acusa al ministro Sergio Muñoz); o que ocultan información acerca de su propio comportamiento (el caso del ministro Matus que negó los chats con Hermosilla que luego se revelaron), dan muestra de una dramática crisis de comportamiento en la Corte Suprema.

¿Por qué se ha producido? ¿Será fruto, como se ha dicho, del sistema de nombramientos que al obligar al cabildeo compromete favores futuros de parte de quien logra la nominación? ¿O habrá un factor de otra índole?

Un autor inglés (Herbert Hart) da una pista en su famoso texto El concepto de derecho.

Explicarlo brevemente a quienes no son juristas, puede ayudar a entender el problema que se ha planteado en Chile y la dimensión ética que posee.

Frente a la pregunta de en qué consiste una regla, Hart sostiene que ella no puede consistir en un mandato de comportamiento amparado en la amenaza de una sanción (algo así como: si no haces tal cosa, entonces sobrevendrá un castigo). Porque si ese fuera el caso, una regla jurídica no se diferenciaría de la orden de un pistolero que le ordena a usted hacer tal o cual cosa so pena de un balazo. Una regla, dice Hart, se diferencia de una simple orden amparada en la amenaza, en el hecho que donde existe una regla jurídica hay al menos algunas personas o miembros de la sociedad que las aceptan y las emplean genuinamente como reglas de conducta, de manera que respecto de ellos no es la amenaza de sanciones lo que explica su acatamiento o su uso, sino la aceptación de lo que la regla dice o demanda: el empleo de la regla como un criterio legítimo para juzgar el comportamiento ajeno o el propio. Hart llama a eso el "aspecto interno de las reglas".

Pues bien, lo que la sociedad espera es que sean los jueces y los funcionarios públicos y desde luego el gremio de los abogados, quienes posean esa adhesión a las reglas, sean ellos ese grupo de personas que llegado el caso sean más leales a las reglas que a sí mismos.

Esa adhesión a las reglas que Hart llama su "aspecto interno" (la aceptación de una regla y su empleo para guiar la conducta propia y la ajena) es lo que parece estar faltando en algunos abogados y jueces (desde luego en los involucrados en el caso audios) que emplean las reglas y las tuercen como un recurso estratégico para lograr satisfacer sus propios intereses. La falta de esa adhesión puede, desde luego, llegar a constituir un delito; pero es sobre todo una falta ética, porque la ética exige de parte de quienes ejercen cargos públicos cuidar las reglas porque sobre ellas, y su administración imparcial, descansa la vida social.

Y lo que está ocurriendo en la Corte es que al menos algunos de sus miembros parecen haber perdido esa actitud interna de aceptación de las reglas que el derecho requiere para funcionar. Y entonces han rozado el extremo de ocultar actos propios relativos a su cargo, hacer favores a litigantes o traspasar información a parientes, abandonando así la lealtad a las reglas que es su principal deber ético.

Lo que está ocurriendo es, pues, una crisis ética.

De ahí que no se requiera -y es de esperar que la mayoría de la Corte así lo entienda- que se llegue a configurar un delito flagrante para la remoción de alguno de sus ministros puesto que basta acreditar que se ha abandonado gravemente la lealtad a las reglas para que el mal comportamiento se configure, porque, después de todo, si los llamados a exigir a los ciudadanos que cumplan las reglas, no son capaces de demandarlo de sí mismos, y, en vez, prefieren usar las reglas para pagar favores o favorecer parientes, o lo toleran por benevolencia o descuido, entonces ya no es la Corte Suprema la que estaría en crisis, sino el derecho en su conjunto.