La oposición criticó los hechos de violencia que se registraron el domingo durante la tradicional romería al Cementerio General para conmemorar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973: el acto terminó con una persona asesinada, 30 detenidos y daños a edificios patrimoniales. Por ello aseguró que es necesario reforzar la capacidad del Gobierno para resguardar la seguridad en medio de actividades conmemorativas.

"Llamo al Gobierno a que mejore las coordinaciones con las policías y que refuerce los patrullajes y los operativos, porque se vienen las Fiestas Patrias y no queremos otro fin de semana del terror", advirtió el diputado Henry Leal (UDI).

Su par Ximena Ossandón (RN) señaló que "por muy noble que sea la romería, no se pueden justificar los hechos de violencia y los daños a monumentos nacionales. Los derechos humanos no pueden ser una justificación para lo injustificable. El gobierno ha sacado cuentas alegres, y eso que tiene un fallecido, tiene destrucción, tiene vandalismo. A mí me parece que eso no es un buen resultado".

Desde el Ejecutivo, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, insistió en que se deben separar los hechos de violencia de las conmemoraciones, que son tanto legítimas como necesarias.

"Lo que ocurrió fue una marcha total y absolutamente pacífica por el 99% de las personas que participaron. Aquí lo que pasa es que siempre en estas marchas se infiltran personas de grupos más radicalizados con la intención de generar daño", expuso la autoridad a radio Cooperativa.

Acusó que "muchas veces hay también lumpen que aprovecha esta fecha para saquear locales comerciales, para producir otro tipo de hechos, y ambas cosas tienen que ser perseguidas policialmente y muy especialmente desde el punto de vista judicial, a través de la acción de la Fiscalía".

El Senado hoy votaría a los tres postulantes a la Corte Suprema propuestos por el Gobierno, actividad que ayer se canceló debido a la suspensión de la ministra Ángela Vivanco, quien deberá responder por eventuales actos de corrupción en el ejercicio del cargo, según reveló una serie de conversaciones por WhatsApp con el abogado e imputado por el Caso Audios, Luis Hermosilla. La votación en Sala fue reagendada para octubre.

"La situación que atraviesa la Corte Suprema es especialmente compleja. Por eso considera importante que sea la propia Corte la que tome sus decisiones y, en seguida, que es muy relevante por parte de todo el sistema político, normalizar el funcionamiento de la Corte", dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Su par de la Segegob, Camila Vallejo, agregó que "el Poder Judicial tiene que seguir funcionando y el sistema de nombramientos tiene que avanzar", aunque "para eso hay un trabajo previo y tendrá que hacerse las conversaciones correspondientes, porque lo peor que puede suceder es que quede sin un adecuado funcionamiento otro poder del Estado, porque tiene que seguir enfrentando todos estos casos y tomando opciones y decisiones frente a los casos que hemos conocido".

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Alejandro Vera, afirmó en CNN Chile que la situación de Vivanco "afecta a lo profundo del quehacer judicial, que es la imparcialidad del juez", porque "los jueces no pueden fallar con conflicto de interés, y en ese caso lo que se trasunta de esta investigación periodística (la filtración de los chats) es que aquí habría habido conflicto de interés al momento de, primero de verse en salas y luego de resolverse. Para nosotros, como Asociación de Magistrados, eso es particularmente grave".

La presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, agregó en Radio Universo que "el Poder Judicial también está quedando en cuestión aquí" y, "así como el Caso Soquimich en su momento hizo que se replanteara el sistema de financiamiento de los partidos políticos, acá también tenemos que pensar en cómo se va a resolver en el futuro todo el sistema de nominaciones".

"Claramente no es un sistema transparente, no es un sistema que de garantía de la necesaria independencia que deben tener los ministros de la Corte Suprema", afirmó la legisladora.

Empresarios

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, sostuvo ayer en 24 Horas que "hay personas que son corruptas, hay empresarios que son corruptos, hay gente que ha generado organizaciones para delinquir, y contra ellos tenemos que ser tremendamente categóricos y no aceptar por ningún motivo que esto continúe. (...) Si aquí hay más empresarios, bueno tendrán que caer los que tengan que caer".

Hasta ahora no se conocen detalles del proyecto de ley que el Ejecutivo pretende presentar en dos semanas para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y sólo han trascendido los principios que orientarán la iniciativa, como la responsabilidad fiscal y la justicia. Sin embargo, desde la UDI deslizaron que la oposición podría compartir el objetivo de la propuesta, siempre que cumpla una condición: que se haga cargo también de quienes ya han pagado su deuda de estudios.

El diputado gremialista Sergio Bobadilla, integrante de la Comisión de Educación, dijo que "el Gobierno, a través del ministro de Educación, se ha limitado solo a hacer declaraciones, pero no ha entregado detalles de su propuesta. Si esta propuesta no considera el reconocimiento explícito para aquellos estudiantes que han hecho el esfuerzo, nuestros votos no van a estar disponibles".

El congresista señaló además que "el Gobierno aún no ha dicho de dónde van a sacar los recursos para poder llevar adelante esta iniciativa, que la podemos compartir".

Representantes del oficialismo afirmaron, por su parte, tras la reunión del Comité Político Ampliado celebrado ayer en La Moneda, que la forma en que se aliviará la deuda del CAE debe ir de la mano de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Esto, señalaron, no implicará recursos adicionales y será autosustentable.

Otro proyecto anunciado para este mes es de la eutanasia: una indicación sustitutiva a una moción ya aprobada en la Cámara Baja, que está actualmente en segundo trámite en el Senado y que se hace cargo de la muerte digna para enfermos terminales.

Ante la crítica de algunos sectores, particularmente de oposición, de que los proyectos sobre el CAE y la eutanasia podrían distraer al Congreso de otros temas, como la seguridad, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que se pueden tratar estos asuntos de manera paralela.

"Estos proyectos que se van a presentar en el mes de septiembre dan cuenta de importantes reformas y necesidades sociales. Dada la composición del Congreso, con múltiples comisiones legislativas, se pueden tramitar en paralelo estas iniciativas y no debería haber ningún obstáculo en el trámite legislativo, toda vez que van a estar radicadas en comisiones distintas", dijo.

La oposición criticó los hechos de violencia que se registraron el domingo durante la tradicional romería al Cementerio General para conmemorar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973: el acto terminó con una persona asesinada, 30 detenidos y daños a edificios patrimoniales. Por ello aseguró que es necesario reforzar la capacidad del Gobierno para resguardar la seguridad en medio de actividades conmemorativas.

"Llamo al Gobierno a que mejore las coordinaciones con las policías y que refuerce los patrullajes y los operativos, porque se vienen las Fiestas Patrias y no queremos otro fin de semana del terror", advirtió el diputado Henry Leal (UDI).

Su par Ximena Ossandón (RN) señaló que "por muy noble que sea la romería, no se pueden justificar los hechos de violencia y los daños a monumentos nacionales. Los derechos humanos no pueden ser una justificación para lo injustificable. El gobierno ha sacado cuentas alegres, y eso que tiene un fallecido, tiene destrucción, tiene vandalismo. A mí me parece que eso no es un buen resultado".

Desde el Ejecutivo, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, insistió en que se deben separar los hechos de violencia de las conmemoraciones, que son tanto legítimas como necesarias.

"Lo que ocurrió fue una marcha total y absolutamente pacífica por el 99% de las personas que participaron. Aquí lo que pasa es que siempre en estas marchas se infiltran personas de grupos más radicalizados con la intención de generar daño", expuso la autoridad a radio Cooperativa.

Acusó que "muchas veces hay también lumpen que aprovecha esta fecha para saquear locales comerciales, para producir otro tipo de hechos, y ambas cosas tienen que ser perseguidas policialmente y muy especialmente desde el punto de vista judicial, a través de la acción de la Fiscalía".

El Senado hoy votaría a los tres postulantes a la Corte Suprema propuestos por el Gobierno, actividad que ayer se canceló debido a la suspensión de la ministra Ángela Vivanco, quien deberá responder por eventuales actos de corrupción en el ejercicio del cargo, según reveló una serie de conversaciones por WhatsApp con el abogado e imputado por el Caso Audios, Luis Hermosilla. La votación en Sala fue reagendada para octubre.

"La situación que atraviesa la Corte Suprema es especialmente compleja. Por eso considera importante que sea la propia Corte la que tome sus decisiones y, en seguida, que es muy relevante por parte de todo el sistema político, normalizar el funcionamiento de la Corte", dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Su par de la Segegob, Camila Vallejo, agregó que "el Poder Judicial tiene que seguir funcionando y el sistema de nombramientos tiene que avanzar", aunque "para eso hay un trabajo previo y tendrá que hacerse las conversaciones correspondientes, porque lo peor que puede suceder es que quede sin un adecuado funcionamiento otro poder del Estado, porque tiene que seguir enfrentando todos estos casos y tomando opciones y decisiones frente a los casos que hemos conocido".

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Alejandro Vera, afirmó en CNN Chile que la situación de Vivanco "afecta a lo profundo del quehacer judicial, que es la imparcialidad del juez", porque "los jueces no pueden fallar con conflicto de interés, y en ese caso lo que se trasunta de esta investigación periodística (la filtración de los chats) es que aquí habría habido conflicto de interés al momento de, primero de verse en salas y luego de resolverse. Para nosotros, como Asociación de Magistrados, eso es particularmente grave".

La presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, agregó en Radio Universo que "el Poder Judicial también está quedando en cuestión aquí" y, "así como el Caso Soquimich en su momento hizo que se replanteara el sistema de financiamiento de los partidos políticos, acá también tenemos que pensar en cómo se va a resolver en el futuro todo el sistema de nominaciones".

"Claramente no es un sistema transparente, no es un sistema que de garantía de la necesaria independencia que deben tener los ministros de la Corte Suprema", afirmó la legisladora.

Empresarios

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, sostuvo ayer en 24 Horas que "hay personas que son corruptas, hay empresarios que son corruptos, hay gente que ha generado organizaciones para delinquir, y contra ellos tenemos que ser tremendamente categóricos y no aceptar por ningún motivo que esto continúe. (...) Si aquí hay más empresarios, bueno tendrán que caer los que tengan que caer".

Hasta ahora no se conocen detalles del proyecto de ley que el Ejecutivo pretende presentar en dos semanas para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y sólo han trascendido los principios que orientarán la iniciativa, como la responsabilidad fiscal y la justicia. Sin embargo, desde la UDI deslizaron que la oposición podría compartir el objetivo de la propuesta, siempre que cumpla una condición: que se haga cargo también de quienes ya han pagado su deuda de estudios.

El diputado gremialista Sergio Bobadilla, integrante de la Comisión de Educación, dijo que "el Gobierno, a través del ministro de Educación, se ha limitado solo a hacer declaraciones, pero no ha entregado detalles de su propuesta. Si esta propuesta no considera el reconocimiento explícito para aquellos estudiantes que han hecho el esfuerzo, nuestros votos no van a estar disponibles".

El congresista señaló además que "el Gobierno aún no ha dicho de dónde van a sacar los recursos para poder llevar adelante esta iniciativa, que la podemos compartir".

Representantes del oficialismo afirmaron, por su parte, tras la reunión del Comité Político Ampliado celebrado ayer en La Moneda, que la forma en que se aliviará la deuda del CAE debe ir de la mano de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Esto, señalaron, no implicará recursos adicionales y será autosustentable.

Otro proyecto anunciado para este mes es de la eutanasia: una indicación sustitutiva a una moción ya aprobada en la Cámara Baja, que está actualmente en segundo trámite en el Senado y que se hace cargo de la muerte digna para enfermos terminales.

Ante la crítica de algunos sectores, particularmente de oposición, de que los proyectos sobre el CAE y la eutanasia podrían distraer al Congreso de otros temas, como la seguridad, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que se pueden tratar estos asuntos de manera paralela.

"Estos proyectos que se van a presentar en el mes de septiembre dan cuenta de importantes reformas y necesidades sociales. Dada la composición del Congreso, con múltiples comisiones legislativas, se pueden tramitar en paralelo estas iniciativas y no debería haber ningún obstáculo en el trámite legislativo, toda vez que van a estar radicadas en comisiones distintas", dijo.

La oposición criticó los hechos de violencia que se registraron el domingo durante la tradicional romería al Cementerio General para conmemorar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973: el acto terminó con una persona asesinada, 30 detenidos y daños a edificios patrimoniales. Por ello aseguró que es necesario reforzar la capacidad del Gobierno para resguardar la seguridad en medio de actividades conmemorativas.

"Llamo al Gobierno a que mejore las coordinaciones con las policías y que refuerce los patrullajes y los operativos, porque se vienen las Fiestas Patrias y no queremos otro fin de semana del terror", advirtió el diputado Henry Leal (UDI).

Su par Ximena Ossandón (RN) señaló que "por muy noble que sea la romería, no se pueden justificar los hechos de violencia y los daños a monumentos nacionales. Los derechos humanos no pueden ser una justificación para lo injustificable. El gobierno ha sacado cuentas alegres, y eso que tiene un fallecido, tiene destrucción, tiene vandalismo. A mí me parece que eso no es un buen resultado".

Desde el Ejecutivo, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, insistió en que se deben separar los hechos de violencia de las conmemoraciones, que son tanto legítimas como necesarias.

"Lo que ocurrió fue una marcha total y absolutamente pacífica por el 99% de las personas que participaron. Aquí lo que pasa es que siempre en estas marchas se infiltran personas de grupos más radicalizados con la intención de generar daño", expuso la autoridad a radio Cooperativa.

Acusó que "muchas veces hay también lumpen que aprovecha esta fecha para saquear locales comerciales, para producir otro tipo de hechos, y ambas cosas tienen que ser perseguidas policialmente y muy especialmente desde el punto de vista judicial, a través de la acción de la Fiscalía".

El Senado hoy votaría a los tres postulantes a la Corte Suprema propuestos por el Gobierno, actividad que ayer se canceló debido a la suspensión de la ministra Ángela Vivanco, quien deberá responder por eventuales actos de corrupción en el ejercicio del cargo, según reveló una serie de conversaciones por WhatsApp con el abogado e imputado por el Caso Audios, Luis Hermosilla. La votación en Sala fue reagendada para octubre.

"La situación que atraviesa la Corte Suprema es especialmente compleja. Por eso considera importante que sea la propia Corte la que tome sus decisiones y, en seguida, que es muy relevante por parte de todo el sistema político, normalizar el funcionamiento de la Corte", dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Su par de la Segegob, Camila Vallejo, agregó que "el Poder Judicial tiene que seguir funcionando y el sistema de nombramientos tiene que avanzar", aunque "para eso hay un trabajo previo y tendrá que hacerse las conversaciones correspondientes, porque lo peor que puede suceder es que quede sin un adecuado funcionamiento otro poder del Estado, porque tiene que seguir enfrentando todos estos casos y tomando opciones y decisiones frente a los casos que hemos conocido".

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Alejandro Vera, afirmó en CNN Chile que la situación de Vivanco "afecta a lo profundo del quehacer judicial, que es la imparcialidad del juez", porque "los jueces no pueden fallar con conflicto de interés, y en ese caso lo que se trasunta de esta investigación periodística (la filtración de los chats) es que aquí habría habido conflicto de interés al momento de, primero de verse en salas y luego de resolverse. Para nosotros, como Asociación de Magistrados, eso es particularmente grave".

La presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, agregó en Radio Universo que "el Poder Judicial también está quedando en cuestión aquí" y, "así como el Caso Soquimich en su momento hizo que se replanteara el sistema de financiamiento de los partidos políticos, acá también tenemos que pensar en cómo se va a resolver en el futuro todo el sistema de nominaciones".

"Claramente no es un sistema transparente, no es un sistema que de garantía de la necesaria independencia que deben tener los ministros de la Corte Suprema", afirmó la legisladora.

Empresarios

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, sostuvo ayer en 24 Horas que "hay personas que son corruptas, hay empresarios que son corruptos, hay gente que ha generado organizaciones para delinquir, y contra ellos tenemos que ser tremendamente categóricos y no aceptar por ningún motivo que esto continúe. (...) Si aquí hay más empresarios, bueno tendrán que caer los que tengan que caer".

Hasta ahora no se conocen detalles del proyecto de ley que el Ejecutivo pretende presentar en dos semanas para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y sólo han trascendido los principios que orientarán la iniciativa, como la responsabilidad fiscal y la justicia. Sin embargo, desde la UDI deslizaron que la oposición podría compartir el objetivo de la propuesta, siempre que cumpla una condición: que se haga cargo también de quienes ya han pagado su deuda de estudios.

El diputado gremialista Sergio Bobadilla, integrante de la Comisión de Educación, dijo que "el Gobierno, a través del ministro de Educación, se ha limitado solo a hacer declaraciones, pero no ha entregado detalles de su propuesta. Si esta propuesta no considera el reconocimiento explícito para aquellos estudiantes que han hecho el esfuerzo, nuestros votos no van a estar disponibles".

El congresista señaló además que "el Gobierno aún no ha dicho de dónde van a sacar los recursos para poder llevar adelante esta iniciativa, que la podemos compartir".

Representantes del oficialismo afirmaron, por su parte, tras la reunión del Comité Político Ampliado celebrado ayer en La Moneda, que la forma en que se aliviará la deuda del CAE debe ir de la mano de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Esto, señalaron, no implicará recursos adicionales y será autosustentable.

Otro proyecto anunciado para este mes es de la eutanasia: una indicación sustitutiva a una moción ya aprobada en la Cámara Baja, que está actualmente en segundo trámite en el Senado y que se hace cargo de la muerte digna para enfermos terminales.

Ante la crítica de algunos sectores, particularmente de oposición, de que los proyectos sobre el CAE y la eutanasia podrían distraer al Congreso de otros temas, como la seguridad, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que se pueden tratar estos asuntos de manera paralela.

"Estos proyectos que se van a presentar en el mes de septiembre dan cuenta de importantes reformas y necesidades sociales. Dada la composición del Congreso, con múltiples comisiones legislativas, se pueden tramitar en paralelo estas iniciativas y no debería haber ningún obstáculo en el trámite legislativo, toda vez que van a estar radicadas en comisiones distintas", dijo.