El pasado 26 de agosto se celebró el día de la Educación Técnico Profesional, fecha que conmemora la creación de la Dirección General de Enseñanza Profesional en 1942. De acuerdo con información del Ministerio de Educación en 2023 cerca de un 30% de los estudiantes de educación media optó por la formación Técnico Profesional. Asimismo, en 2024 de los más de 350 mil alumnos que ingresó a la Educación superior, 197 mil de ellos se matricularon en un Centro de Formación Técnica o un Instituto Profesional, casi un 56% del total.

En este ámbito, resulta interesante conocer el estudio del Mineduc "Por una buena vida", en el que participaron más de 3 mil jóvenes de educación media y superior TP de todo Chile, cuyo objetivo fue conocer sus aspiraciones educacionales, laborales y de vida. Los resultados de la investigación ponen de relieve que quienes eligen la educación TP buscan encontrar a través de esta la anhelada movilidad social, el acceso a bienes y a servicios públicos de calidad. Los participantes del estudio señalan que buscan "sentirse seguros de la estabilidad de sus condiciones de vida, poder retribuir a sus familias, tener tiempos de descanso adecuados, ser remunerados de manera justa, tener acceso a la información y a los apoyos sociales y económicos disponibles para el ingreso, permanencia y egreso efectivo de distintos programas de educación superior, acceso a nuevas oportunidades laborales, contar con herramientas y condiciones para emprender proyectos independientes, así como tener con las condiciones económicas y de tiempo para seguir perfeccionándose. Asimismo, ser tratados con respeto y dignidad y no ser discriminados".

Consecuentemente con estas aspiraciones, en Santo Tomás tenemos la profunda convicción de que la Educación Técnico-Profesional es una oportunidad real de cambio y progreso por lo que hemos actualizado nuestros programas formativos incluyendo estrategias esenciales para una mejor formación de nuestros estudiantes como la Innovación y la Vinculación con el medio. Asimismo, hemos trabajado en un mayor vínculo con los liceos técnicos, a través de convenios de articulación y de alternancia que permitan reconocer aprendizajes. Trabajamos para fortalecer la cobertura y la calidad en la provisión de carreras técnicas y profesionales que son la oportunidad de un mejor futuro para jóvenes y trabajadores, junto con una contribución al sector productivo.

El Congreso Nacional aprobó hace unos días, a solicitud del Ejecutivo, la postergación de la entrada en vigencia de la ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y botellas plásticas. Inicialmente esa normativa debía operar desde agosto de este año, pero el aplazamiento se adoptó debido a que a la fecha no se ha dictado el reglamento que indicará cómo debe funcionar esa medida en el sector de la gastronomía y venta de alimentos.

En 2021 se aprobó la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso y desechables en establecimientos de expendio de alimentos y que fue entrando en vigencia de manera progresiva. La parte central de la normativa debía regir desde el 13 de agosto de 2024, e incluía, entre otras, la prohibición de entregar cualquier tipo de desechables para el consumo dentro de los locales de comida, incluyendo patios de comida. La postergación aprobada ahora será de 18 meses.

La regulación tiene como objetivo proteger el medioambiente y disminuir la generación de residuos, mediante la limitación en la entrega de esos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, el fomento a la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso y la regulación de las botellas plásticas desechables. Sí debe decirse que no existe consenso científico de que los envases de cartón generen menor impacto que los envases de plástico.

Con todo, esta medida clave para avanzar en el cuidado del medioambiente ahora no entrará en vigencia sino hasta febrero de 2026, cuestión que ha generado críticas, especialmente de grupos ambientalistas.

Habrá que esperar 18 meses y que en ese periodo ya se haya elaborado el reglamento de la ley 21.368 para que comience a tener aplicación y permita velar por el reemplazo de los plásticos de corta vida, con el fin de provocar el menor impacto ambiental posible.

El 10 de enero, el Gobierno ingresó al Senado, mediante mensaje, el Proyecto que modifica la Ley N°19.300, denominado "Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia", bajo el boletín 16.552-12.

Su mensaje, da cuenta que a casi treinta años de la referida ley, existe un "diagnostico entre los actores de la sociedad civil, academia, gremio y sector público sobre la necesidad de fortalecer, modernizar y optimizar los instrumentos de gestión ambiental incorporados en dicha ley".

Quiero primeramente analizar los adjetivos antes referidos, con énfasis en que el citado diagnóstico nos obliga a plantearnos sobre la importancia de lograr conciliar el derecho constitucionalmente resguardado y la necesaria actividad productiva, considerando que la principal actividad económica de la nuestra región es la minería.

Este proyecto no exento de debates por distintos actores en materia ambiental y productiva, es de suyo interesante al abordar temáticas sobre evaluación ambiental estratégica, y en el ámbito de reclamaciones establece uniformidad con un único recurso, ampliando a los legitimados para su interposición, evitando tiempos excesivos y duplicidad , muchas veces con decisiones contradictorias.

Este último caso, se suma a la denominada "permisología" en materia ambiental, una especie de derecho especial que quienes hemos asesorado a clientes debemos sortear.

Así las cosas, entre las varias modificaciones relevar en materia de daño ambiental el sistema de carga de prueba dinámica, reducciones en los actos que de tramitación ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, agilizando el procedimiento, otorgando mayor certeza e incorporando lineamientos que han sido recogidos por instrumentos internacionales que Chile ha suscrito, como, el Acuerdo de Escazú. Es de esperar que esta reforma - cuando salga a la luz - fortalezca nuestra legislación ambiental.