Redacción

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 21 de agosto la audiencia de formalización de cargos contra el abogado Luis Hermosilla por el caso audio, diligencia solicitada por la Fiscalía Metopolitana Oriente y en la que se comunicarán también los cargos a María Leonarda Villalobos (socia de Hermosilla), Luis Alberto Ángulo (pareja de Villalobos), Renato Robles (funcionario de la Tesorería General de la República) y Patricio Mejías (funcionario del Servicio de Impuestos Internos).

La Fiscalía Metropolitana Oriente los imputará por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios, que se presume causaron al Fisco un perjucio que supera los 1.000 millones de pesos, descubiertos tras la filtración de audios de ambos abogados con clientes a los que aparentemente ayudaban a evadir impuestos.

En las últimas horas, se dio cuenta de que el SII se querelló contra todos ellos por delitos tributarios, apuntando a una presunta falsedad en sus declaraciones anuales de impuestos. Esta acción legal advierte que los cinco habrían subdeclarado sus ingresos entre los años 2020 y 2024, mientras que Villalobos y su pareja también son indagados por uso de facturas falsas.

Pamela Valdés, vocera del ente persecutor, afirmó que los datos aportados para conseguir la audiencia son el fruto de "un arduo trabajo por parte del equipo de la Fiscalía Oriente, liderado por la fiscal regional, Lorena Parra, por el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, y por el fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Miguel Ángel Orellana".

Consultada sobre la posibilidad de que existan más implicados en este caso, la también jefa de Asesoría Jurídica Oriente añadió que "por supuesto que (la causa) podría dar otras aristas o hechos que a futuro podríamos estar formalizando".

Ante la gravedad de los ilícitos investigados, es posible que el Ministerio Público solicite que se imponga la prisión preventiva a los cinco implicados en este caso, aunque consultado al respecto este martes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, indicó que "es una decisión que tienen que tomar los fiscales a cargo de la causa".

"En mi cargo como fiscal nacional no puedo dar una instrucción en orden a que pidan una medida cautelar u otra. Lo que yo he manifestado es que había conciliación de la cantidad de delitos y del carácter de los mismos, en casos como este suele ocurrir, suele ser frecuente que los fiscales pidan una medida como esa (prisión preventiva), pero no basta, no son los únicos antecedentes que se toman en consideración. En definitiva, son los fiscales quienes resolverán finalmente qué medida piden", añadió Valencia.

El Servicio Nacional del Consumidor aseguró que las eléctricas también deberán proponer una compensación por concepto de "daño moral" a los clientes por los extensos cortes de energía iniciados la noche del 1 de agosto y que en algunas comunas ayer cumplieron 12 días, tras el paso del sistema frontal del 31 de julio.

El organismo gestiona los procedimientos voluntarios colectivos con las compañías, de las cuales hasta ayer sólo había respondido Enel.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, abordó la situación ayer ante la Comisión de Economía de la Cámara Baja: expuso que "más allá de que no estamos (aún) en un plano judicial, también tiene que haber una especie de compensación por el denominado daño moral colectivo, que esto tiene que ver con las aflicciones, las angustias, los padecimientos que han tenido todas las personas, particularmente de tramos más altos. Eso sí o sí tiene que estar incorporado en una propuesta".

El Sernac buscará igualmente acordar un mecanismo para que los usuarios reciban un resarcimiento por los alimentos que perdieron producto de los largos días sin electricidad, sin que se les requiera comprobar la compra de estos con boletas.