Una tensa jornada se vivió ayer en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco luego de que se informara que una lactante de 5 días había sido secuestrada desde sus instalaciones, lo que activó un intenso operativo que afortunadamente permitió recuperar a la bebé y detener a la mujer que la había sustraído.

Apenas ocurrido el rapto, el director del centro asistencial, Heber Rickemberg, señaló que se trataba de un "lactante de cinco días, de sexo femenino" que se encontraba con su madre, en una sala compartida con otras familias en el cuarto piso.

"Esta persona ingresó vestida con uniforme del establecimiento, ingresó al lugar, conversó con los padres también y posteriormente, en un descuido, sustrajo al bebé", ahondó la autoridad.

Tras conocerse el hecho, Rickemberg indicó que se activaron "todas las alarmas y lo que corresponde en ese minuto es cerrar el establecimiento y avisar a Carabineros y al Ministerio Público respecto a este hecho".

"Tenemos medidas de seguridad que impiden hoy día el acceso como también la salida de pacientes de nuestro establecimiento", remarcó. Y añadió que "tenemos todo nuestro hospital con cámaras, así que podemos revisar todos los antecedentes para poder entregarlo a los medios de seguridad".

Gracias a esas cámaras se pudo identificar a la mujer que se había llevado a la bebé, quien fue localizada por personal de Carabineros en la ciudad de Padre las Casas, vecina a la capital de La Araucanía.

La institución policial informó a través de su cuenta de la red social X que "gracias a un completo despliegue de las diferentes unidades especializadas y territoriales, se logró encontrar en Temuco a un recién nacido sustraído desde un centro asistencial".

La Corte de Apelaciones de Rancagua decretó ayer la excarcelación de Eduardo Macaya, condenado por cuatro delitos de abusos sexuales a menores, luego de que su defensa presentara una apelación a la condena de seis años de presidio en su contra.

La decisión se dio pese a que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando alertó sobre un peligro de fuga y el peligro que significa Macaya para la seguridad de la sociedad.

Por ello, el ya condenado deberá cumplir con la medida de arresto domiciliario mientras se confirme y ejecutoree la sentencia en su contra.

En esta misma jornada, el abogado querellante Hernán Fernández rechazó las palabras del senador Javier Macaya (UDI), hijo del condenado, quien insistió en la inocencia de su padre y argumentó que el video que lo inculpó fue captado "sin su consentimiento" y que está "editado".

"Está equivocado, hay varios videos, pruebas abundantes, múltiples, contundentes, que llevaron al veredicto. Decir que el video está editado es una afirmación irresponsable, tapar el sol con un dedo. No vamos a aceptar que pretenda juzgar a una víctima y negar los hechos", sostuvo Fernández.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmó en entrevista con CNN que "me parece desolador para una niña o un niño que está viendo esa entrevista, en que ve que una autoridad de la República habla de imágenes tomadas sin consentimiento. Estamos hablando de pruebas, pruebas validadas por el Tribunal en la que una niña para que le creyeran grabó lo que le pasaba a su hermana porque a ella también le había pasado".

La secretaria de Estado añadió que Macaya dio "una señal de desprotección a las víctimas" y "muestra demasiado gráficamente todo lo que tienen que enfrentar quiénes denuncian abuso sexual. En especial los niños y niñas que tienen que asumir el costo de que se les diga que ellas están destruyendo a la familia. Es una muy mala declaración que muestra cero comprensión del problema y que intenta enfocar esto como una situación familiar".

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntó que "uno esperaría que alguien condenado por delitos tan graves cumpla su condena en la cárcel".

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer un recurso de la defensa de Daniel Jadue y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva que rige contra él sobre él como imputado por presunta corrupción en el caso Farmacias Populares.

El fallo de la Corte apuntó a la gravedad de los delitos imputados al alcalde, una acreditación de su participación y también la cantidad de ilícitos, pero principalmente a no se presentaron nuevos antecedentes relevantes para la apelación.

La resolución contó con observaciones de un ministro que indicó que, si se entregan nuevos antecedentes considerados relevantes para la investigación, la defensa puede volver a apelar.

El Gobierno sembró ayer ciertas dudas respecto de la presentación de un veto, anunciado por el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, para reponer la multa a quienes no voten en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo, lo que generó confusión en el mundo político.

Luego de las dificultades que tuvo en el Congreso el proyecto que extiende los comicios a dos días en la obligatoriedad del voto y las sanciones para quienes no sufraguen, se esperaba que esta semana se ingresara dicha acción a nombre del Presidente Gabriel Boric, pero ayer la ministra Jeannette Jara, vocera en reemplazo de Camila Vallejo, relativizó el trámite.

El ministro Elizalde "fue mandatado por el Presidente de la República para realizar algunas consultas durante estos días a fin de poder ejercer la facultad presidencial de imponer un veto, pero esta es una noticia que evidentemente va a surgir de esta conversación política por la decisión que toma el Presidente de la República", señaló Jara.

Luego indicó que "de todas formas lo que hace es buscar que se resguarden los principios en los cuales hemos estado promoviendo, entre otras, el voto obligatorio que es parte de nuestro sistema electoral".

"Todo eso lo va a resolver el Presidente de la República, porque esto es una facultad presidencial. Se va a ejercer el derecho al veto en los términos que se caracteriza a partir de las consultas que el ministro Elizalde realice, pero como una facultad presidencial. Lo que pasa es que esa facultad es del Presidente y, en principio, habrá veto, pero el Presidente es quien va a definir en última instancia, siempre, si lo impone o no, porque es su propia facultad", expuso Jara

Oposición ataca

Personeros de oposición reaccionaron con dureza. El diputado Andrés Longton (RN) advirtió que si no se presenta el veto, "el Presidente estaría infringiendo gravemente la Constitución, pues la Constitución lo mandata a establecer en una ley orgánica las sanciones o multas en caso de no acudir a sufragar teniendo voto obligatorio".

"Eso tiene consecuencias desde el punto de vista la relación con la oposición y del punto de vista también desde el accionar de los parlamentarios en relación a las herramientas que tenemos", alertó, deslizando una posible acusación constitucional hacia el Mandatario, cuyo análisis fue anunciado por el diputado republicano Luis Sánchez.

El diputado Gustavo Benavente (UDI) sostuvo que "el Gobierno está atentando gravemente contra las bases democráticas de nuestro país y ni siquiera tiene el pudor de esconderlo. El sólo hecho de poner en duda la presentación del veto que ya anunciaron, no sólo incumpliría con la palabra empeñada por el Presidente Boric, sino que además quedaría en evidencia la intención del Gobierno de cambiar las reglas del juego y acomodar los resultados, lo más posible, a su favor".