Ante casos de influencia indebida, Cordero urge modificar nombramientos de jueces
DENUNCIAS. En los últimos meses se han acusado presiones para favorecer a personas para integrar cortes y fiscalías.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, enfatizó ayer en la necesidad de hacer modificaciones el nombramiento de jueces luego de que se conociera una serie de casos de influencias de diferentes tipos en estos procesos, al igual que aquellos que corresponden a la designación de fiscales.
La última denuncia apunta a mensajes en el teléfono del abogado Luis Hermosilla en que se revelan gestiones de su colega Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en la última nominación de fiscal nacional, que terminó con Ángel Valencia a cargo del Ministerio Público.
De acuerdo con una nota de Ciper, Migueles le ofreció al fiscal Carlos Palma, entonces competidor de Valencia, un doctorado y reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esto se suma a las acusaciones contra Hermosilla por influir en nombramientos en el Poder Judicial como el del hoy ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus. También se apuntó al exministro de Defensa Mario Desbordes por supuestamente haber estado a favor del ascenso de María Teresa Letelier a la Corte Suprema.
En radio Futuro, el ministro Cordero reconoció que hay una dinámica de intercambio de información y una cultura transaccional que son impropias y deben eliminarse: "No es un sistema de nombramiento del ministro de la Corte Suprema; es un problema en el sistema de nombramiento en general".
"Hay un amplio acuerdo, incluyendo a la Corte Suprema desde el 2015, de que el sistema de nombramiento tiene que ser modificado. El problema estructural que tenemos no está solo en la Suprema, lo que pasa que el de la Suprema tiene bastante escrutinio", detalló Cordero.
Respecto a los casos antes expuestos, aseguró que "comportamientos impropios o aquellos que puedan representar eventuales comisiones de delito que comprometan a funcionarios públicos calificados como dentro las hipótesis generales de corrupción, todas tienen que ser investigadas penalmente".