La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en cualquier sistema de salud que pretenda garantizar el bienestar y la confianza de sus ciudadanos. En este contexto, el reciente escrutinio del Hospital Sótero del Río por presuntas irregularidades en la manipulación de listas de espera plantea interrogantes críticos sobre la integridad de nuestra red asistencial.
El sábado pasado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, tomó una decisión significativa al presentar los antecedentes del Ministerio de Salud ante la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI. Este gesto, según sus palabras, representa un firme compromiso del Gobierno por esclarecer los hechos y garantizar la justicia.
La investigación penal en curso, centrada en el presunto delito de tráfico de influencias, es un recordatorio contundente de que ninguna institución o individuo está por encima de la ley. La eliminación arbitraria de más de 323 mil interconsultas en listas de espera durante el año pasado ha suscitado preocupaciones legítimas sobre la equidad y la ética en el acceso a la atención médica.
Sin embargo, el alcance total de los afectados aún no está claro. La solicitud de renuncia del director del Hospital Sótero del Río, Luis Arteaga, es una medida importante para asumir la responsabilidad institucional en este asunto.
La transparencia y la rendición de cuentas son los pilares fundamentales de una democracia saludable. Como ciudadanos, debemos exigir que nuestros líderes y nuestras instituciones cumplan con los más altos estándares éticos y legales en la prestación de servicios de salud. Solo entonces podremos construir un sistema de salud equitativo y confiable que sirva a todos los miembros de nuestra sociedad.