Redacción
La Asociación de funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) publicó ayer un comunicado sobre la petición de renuncia al director nacional, Álvaro Hormázabal, por parte del Gobierno durante la noche del viernes: fue "política y no técnica".
"Lamentamos profundamente la decisión adoptada por el Presidente (Gabriel Boric), quien injustamente hace responsable a nuestro servicio de los problemas generados por los municipios afectados por la catástrofe y el Cogrid (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres) regional", siendo esta última la "instancia a cargo del manejo de la emergencia", como los recientes incendios en la Región de Valparaíso, al igual que las inundaciones ocurridas el año pasado.
El Ejecutivo argumentó su decisión en la "necesidad de darle un nuevo impulso al organismo", pese a que Hormazábal tenía un año en el cargo. Esta resolución, continuaron los trabajadores, es de "carácter político y no técnico, no busca necesariamente mejorar estos problemas, sino que más bien contribuye a potenciar la imagen de gobiernos locales que no han estado a la altura de la catástrofe".
La Moneda "ha tomado la decisión sin evaluar adecuadamente las causas que generan las dificultades de coordinación y mejor respuesta del sistema frente a las catástrofes o desastres", afirmaron.
Retrasos en pagos
La asociación de funcionarios destacó también que "el flujo de compras de productos y servicios a proveedores mediante los fondos de emergencia, que implican pagos que tardan más de tres meses, hace muy difícil encontrar empresas que estén dispuestas a esperar ese tiempo para recuperar sus inversiones", en materiales de construcción o artículos de primera necesidad.
"No obstante lo anterior, y atendiendo la necesidad de las personas que resultaron damnificadas, desde nuestro servicio (Senapred) se han estado redoblando los esfuerzos para ir aumentando el levantamiento de viviendas de emergencia" en las zonas afectadas, donde a comienzos de febrero el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció "una capacidad de producción de 400 viviendas de emergencia por semana".
Los trabajadores, asimismo, se refirieron al cambio de nombre de Onemi (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior) a Senapred, donde les asignaron "nuevas responsabilidades con una escuálida inyección de recursos financieros y de personal" que, en el caso de la emergencia en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, fue de "30 funcionarios, incluidos los refuerzos".
Finalmente, la agrupación señaló que Hormázabal fue "reconocido como una autoridad técnica elegida por el Sistema de Alta Dirección Pública y no por cuoteo político, que siempre tuvo una preocupación genuina del personal bajo su mando y que conocía las dificultades que surgen en este tipo de emergencias".
El diputado de la comisión de Emergencia, Cristián Araya (Republicano), dijo a radio Cooperativa que "el director de Senapred debía asumir la responsabilidad ante el desastre ocurrido en Viña del Mar, pero no es la única autoridad que tiene que asumir sus responsabilidades, el municipio (también) tiene responsabilidad en la muerte de más de cien personas y la pérdida de miles de hogares".