A principios de este mes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la creación de un Gabinete Pro Crecimiento, Desarrollo y Empleo, integrado por diversos ministerios, que tendrá como foco principal fortalecer la inversión pública y las concesiones para la ejecución presupuestaria de 2024.

Más allá de este anuncio -que con sólo lograr una mejor coordinación entre las diferentes reparticiones públicas, una de las principales falencias del Estado, ya sería un gran logro-, el que otra vez pongamos como país la reactivación y el crecimiento económico en el centro de las políticas públicas es una muy buena noticia.

Pues sin un crecimiento económico sostenible, en línea con los desafíos de nuestros tiempos, será imposible avanzar hacia el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y la situación actual, según las proyecciones del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, es que el crecimiento será de un 0% en este 2023.

Esta es una dinámica que particularmente se siente en la construcción, motor de la economía, el empleo y fundamental para mejorar el bienestar de las personas. Nuestras proyecciones es que habrá una caída de un 4,5% en la inversión sectorial este año, explicada por la falta de nuevos proyectos, las restricciones al financiamiento a las empresas constructoras -que hoy sufren diversas e importantes problemáticas- y la excesiva permisología. En nuestra región, sin ir más lejos, los permisos de edificación han tenido una caída de un 9%.

Para el próximo año se espera un presupuesto de 86 mil millones para el Gobierno regional, lo que se complementará con los presupuestos de los ministerios sectoriales, lo que aportará el royalty minero y la posibilidad de que nuevos proyectos privados -que son los que tienen mayor incidencia en la economía local- entren en ejecución. Por lo mismo, es fundamental poner como principal desafío una reactivación económica sostenible para 2024, fortaleciendo la labor público-privada, mejorando la coordinación entre servicios públicos, acelerando la ejecución de nuevas obras y reduciendo la tramitología, pues las expectativas por construir una mejor región están íntimamente ligadas a volver a crecer.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), a través de su consejo de presidentes, tomó en su última sesión una controvertida decisión. Para la temporada 2024, los elencos de Primera División podrán contar con seis jugadores extranjeros en sus planteles, uno más respecto de los cinco actuales.

Y las reacciones no se hicieron esperar, pues el Sifup condenó esta medida que va "en desmedro de los jugadores chilenos" en palabras de su presidente Gamadiel García. Además, algunos timoneles de equipos que se mostraron contrarios a esta modificación pusieron sobre la mesa la falta de desarrollo del fútbol joven.

Lo curioso del caso, es que aquí hubo un "muy mal timming", porque esta polémica decisión que tomó el Consejo de Presidentes, coincidió con el anuncio de la FIFA de otorgar a Chile la organización del próximo Mundial sub-20 masculino de fútbol.

En vista de la molestia e incluso amenazas de paro por parte del Sifup, la ANFP no halló nada mejor que lavarse las manos y endosar la responsabilidad al resultado 9-7 del Consejo de Presidentes, instancia en que Deportes Copiapó y Cobresal fueron votos de la opción minoritaria, vale decir, no aumentar los cupos.

Dado ese contexto, no se entiende qué es lo que quiere la ANFP y su consejo de presidentes, los cadetes juegan campeonatos con formatos cada vez menos competitivos, la inversión en las divisiones menores es percibida más como un gasto y para "compensar", tienen la regla sub-21, que hace más daño que aporte a los jugadores que ven minutos más para cumplir la regla que por mérito. En consecuencia, resulta indispensable cambiar la óptica con la que los clubes perciben a los cadetes, porque no son un gasto, son el futuro del fútbol chileno.