La descentralización debe ser uno de los temas que más ha costado avanzar en el desarrollo del país. Obviamente, quienes han concentrado el poder por décadas les cuesta desprenderse de concesiones, aunque la tendencia le indique que el camino es el de entregar autonomía regional, poder de decisión y ejecución sobre sus necesidades.

Entre las razones que solía exponerse latamente era el riesgo de corrupción, como si este problema fuera propio de las autoridades regionales y comunales. Lamentablemente algunos casos de tratos directos ocurridos en gobiernos regionales le dieron oxígeno a la llama de quienes se habían caracterizado por ser celosos con el buen uso de los recursos públicos. Por ello, se levantaron y pidieron aumentar las exigencias en el manejo discrecional de algunos de los fondos regionales para resguardarse de una mala utilización.

No tardaron en redactar formas, artículos y protocolos que no hacen más que complicar la labor de los gobernadores sobre algunos fondos que requieren rápida salida.

Esto resta el poder de acción de estas autoridades y burocratiza los trámites que se requieren funcionen con rapidez. El aparato estatal se caracteriza por su lentitud, y la tramitación, vistos buenos y timbres suelen ser interminables para recursos que se requieren para ayer y que no son de grandes volúmenes.

Las agrupaciones culturales que necesitan viajar a encuentros nacionales o internacionales y que requieren de apoyo para solventar gastos y representar bien a la zona, no alcanzan a completar las exigencias ante de que su viaje se concrete.Lo mismo ocurre con unidades vecinales, clubes deportivos y aquellas más pequeñas dentro del listado agrupaciones.

Este es un claro perjuicio y no sólo a la institución del gobernador, también para las regiones que están hartas que el centralismo los devore sin compasión.

Una investigación llevada a cabo por el periódico CIPER publicó los detalles de un encuentro entre dos abogados, uno de los cuales es un reconocido letrado, Luis Hermosilla, y un cliente, el empresario Daniel Sauer. Durante esta reunión, se revelaron una serie de antecedentes que evidencian la existencia de prácticas corruptas, particularmente sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la CMF. Incluso en la misma conversación, uno de estos abogados admite que los actos de los cuales están hablando podrían ser constitutivos de delitos.Es tan delicado el contenido de ese audio que seguramente estamos presenciando solo una pequeña parte de lo que parece ser una oscura red de corrupción que posiblemente revele nuevos aspectos y afecte a más personas.

Este caso plantea varias facetas para analizar. Una vez más surge el tema de la corrupción, que este año nos ha impactado particularmente con el caso de los convenios, donde millones de pesos destinados a satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables han sido desviados hacia fundaciones creadas por militantes de partidos políticos. También resulta interesante examinar la validez de las grabaciones obtenidas durante una reunión privada por uno de los participantes. Es probable que la defensa argumente que se trata de una prueba ilegal, sin relevancia en el contexto de un proceso penal. Sin embargo, existe un consenso en gran parte de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de que, para que se configure un delito y se declare la ilicitud de la prueba, la grabación debe haber sido realizada por un tercero y no por los asistentes a la reunión. Por otro lado, el interés general de combatir la corrupción debería primar sobre la expectativa de privacidad de los imputados.

Sin embargo, quiero dejar de lado el ámbito estrictamente jurídico en esta columna y en cambio, enfocarme en la relativización ética de aquellos que se ven involucrados en estos actos de posible corrupción. Resulta insultante e inverosímil observar cómo la abogada Villalobos se quejaba de la delincuencia que hoy azota a Chile cuando ella misma podría estar implicada en actos de soborno. ¿Será capaz de comprender que, si se demuestra que ha cometido esos actos, también se considerará una delincuente? Por otro lado, en una declaración pública, Luis Hermosilla señala al país que ha sido víctima de una maniobra siniestra. Su estrategia es defender su postura y mostrarse ofendido por la divulgación del audio, pero no menciona en ningún momento el contenido de la conversación donde se habla expresamente de la necesidad de manejar "cajas negras" para pagar servicios a funcionarios públicos fuera de la legalidad.

La corrupción es un problema grave, es uno de los fenómenos más perjudiciales para la democracia, la economía y los derechos humanos. Cuando la corrupción comienza a extenderse en todos los espacios del Estado y de la sociedad, hablamos de corrupción sistémica, de la cual es casi imposible escapar. La grabación de la conversación entre Hermosilla, Villalobos y Sauer constituye otra señal que nos advierte una vez más que la corrupción continúa infiltrándose en diferentes áreas de la Administración, la política y la economía. Es esto lo verdaderamente siniestro y algo que como sociedad debemos combatir.