Verónica Carmona Aldunate

Luego de aprobar en general la iniciativa que determina el presupuesto fiscal para este 2024, hasta este jueves se discutirá y votará en la Sala de la Cámara de Diputados la revisión de los 32 presupuestos determinados para el año que se avecina y donde el eje está centrado en la educación pública, particularmente por la crisis educacional en Atacama, así como en materia de migración, desarrollo territorial, derechos humanos, entre otras.

Si bien la mayoría de los presupuestos ha sido aprobado, a excepción de la correspondiente al Ministerio del Interior, en la que se rechazó el programa 01 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), el programa Servicio de Asistencia Técnica Especializada (SATE) que es parte de los Programas de Desarrollo Local de Subdere, así como un párrafo del programa Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional. Además, se anunció una indicación -que será ingresada en el siguiente trámite, es decir en el Senado- para aumentar en $3.500 millones la glosa 05 del Servicio Nacional de Migraciones, lo que permitirá financiar 2.000 expulsiones administrativas y judiciales durante 2024.

En ese contexto, el senador por Atacama Rafael Prohens (RN) señaló que "si bien parece una buena iniciativa, creo que dos mil expulsiones no es suficiente. Algo es algo. De todas formas, esperamos que el Estado tenga una visión más global del problema como también más integra en la solución".

A su vez, la autoridad senatorial anunció que "el monto aprobado en la Ley de Presupuesto por la Cámara de Diputados, es insuficiente a la luz de la grave situación migratoria que vive el país, por lo que en el Senado la próxima semana, vamos a revisar los dineros comprometidos para esta finalidad. Eso sí, es importante destacar, que esta situación no se soluciona solamente con más dinero, se requiere de la colaboración de las policías, Poder Judicial y Servicio de Migraciones, a fin de tener procedimientos expeditos, eficaces y con el resguardo de los derechos humanos de los migrantes".

Así también, por parte de la diputada Daniella Cicardini (PS), "efectivamente en materia migratoria, es una medida acogida por el gobierno, que asumió un compromiso a partir de una inquietud y propuesta parlamentaria durante el debate en la Cámara de la partida del Ministerio del Interior, de ingresar una indicación en el Senado para que permitan hacer efectiva una reasignación de recursos para garantizar el concretar al menos 2 mil medidas de expulsión pendientes en el año 2024; lo que es una medida que apoyamos completamente porque es allí donde deben estar puesto los esfuerzos, en el sentido de la regularización de la migración, en el marco del respeto a la ley y los derechos de los migrantes, pero con un énfasis muy fuerte en la seguridad y en expulsar de nuestro territorio muy especialmente a quienes hayan cometido crímenes o a delincuentes, o integrantes del crimen organizado".

De todas formas, la proyección de 2 mil expulsiones contrasta con las cifras que lleva el Gobierno. En septiembre de 2023, el portal Ex Ante informó que "la actual administración ha materializado la expulsión de solo 9 ciudadanos, lo que contrasta con los 38 mil ingresos clandestinos de este año 2022". Esto a partir de un informe del Observatorio de la Migración Responsable, que dirige el ex director de Extranjería de "Piñera 2", Álvaro Bellolio.

Segunda jornada

Un eje de esta jornada, legisladores apuntaron a suspender por un año la entrada en vigencia de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Para la diputada Sofía Cid (RN), este presupuesto 2024, determina que "rechazamos los recursos para los SLEP de todo el país, como una forma de detener la implementación de este sistema fracasado y evitar que el drama que hemos visto en Atacama se repita en otras regiones. Lamentablemente, los parlamentarios de la región no apoyaron mi indicación para congelar la entrada en vigencia del sistema de educación en el resto del país, lo que me parece gravísimo, porque demuestran que no tienen un real compromiso con mejorar la calidad de la educación y terminan privilegiando otros intereses, como instalar a operadores políticos".

Enfatizó que "si bien el gobierno comprometió un fondo de contingencia con más de 6 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de los SLEP, en la práctica no es más que restituir los recursos que todos los años devuelven al fisco porque no han sido capaces de gestionarlos. Lo que necesitamos son soluciones concretas".

A su vez, el diputado Jaime Mulet (FRVS), señala que "yo he apoyado al gobierno en las votaciones. La responsabilidad no es de este gobierno, es de al menos tres. Hay que buscar soluciones".

De igual manera, el parlamentario Juan Santana (PS) puntualizó en el marco de esta votación y revisión de partidas ministeriales, que "la intención de desfinanciar los SLEP tiene un trasfondo político, que es deslegitimar una reforma por parte de quienes nunca quisieron que se aprobara".

32 presupuestos

Bienes Nacionales así como el Ministerio de Energía, presentaron un plan para la asignación de terrenos fiscales con miras a poner en marcha proyectos de almacenamiento energético.

La iniciativa busca un proceso de asignación directa de un número acotado de terrenos fiscales para el desarrollo de proyectos de almacenamiento del tipo stand alone, acción que, según el ministro de Energía, Diego Pardow, va en línea con el desarrollo del sector.

"Como gobierno estamos desarrollando una serie de acciones para acelerar el despliegue de sistemas de almacenamiento necesarios para avanzar en el proceso de transición energética", sostuvo el secretario de Estado.

El jefe de la cartera de Energía aseguró que, en paralelo a este anuncio, se avanza en otras dimensiones complementarias que entreguen certezas a los desarrolladores, como la revisión de los criterios técnicos que serán considerados para los procesos de evaluación ambiental en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Con esta iniciativa, se espera asignar terrenos para soluciones de almacenamiento de energía por un total agregado de 13 GWh distribuidos entre las regiones de Atacama y Arica y Parinacota.

Este proceso busca dar celeridad al desarrollo de proyectos de almacenamiento, entregando certeza jurídica a las inversiones y así avanzar en la tramitación de permisos que requieren este tipo de proyectos que se pretende estén en operación a partir del año 2026.