Durante los últimos días, la difusión de la nueva propuesta de texto constitucional ha sido materia de debate, dado que desde sectores de la Derecha han pedido que el Gobierno apure con la entrega de los libros.

La petición tiene todo el mérito y el Ejecutivo debe hacerse cargo, con condiciones parecidas al anterior proceso. Si el año pasado fueron más de 800 mil, la cifra debería ser parecida por fair play o bien crear mecanismos que lo hagan más masiva. Ayer el Gobierno lanzó un código QR que no resuelve el tema, dado que -tal cual el primer plebiscito- hay sectores rurales que no tienen Internet o muy mala señal de Internet.

Pero atendiendo esto, la idea de que la lectura del texto sea el soporte del proceso eleccionario está bien lejos de la realidad... tal cual pasó con el texto emanado de la Convención.

Los problemas vinculados a la lectura de temas densos se ha transformado en algo crónico en la sociedad chilena, que convive mayormente con las pantallas en distintos grupos etarios. Unos más jóvenes con el Tik Tok y el Instagram y otros con la televisión.

El diagnóstico está hace años, pero nunca se resolvió y se está lejos de resolver. A los problemas de lectura especialmente en la juventud y que emanan de un mal aprendizaje, se suman otros factores. En 2011 un estudio realizado en el marco del Plan Nacional de Fomento de la Lectura Lee Chile Lee del Consejo de la Cultura, mostró que un 84% de los chilenos no comprendía adecuadamente lo que lee y hoy esas cifras seguramente son muy parecidas.

¿Cómo entonces una persona podría verse atraída por un texto con tantas palabras como fue el de la propuesta rechazada y la otra que se votará el 17 de diciembre? ¿cómo incentivar la lectura con temas tan técnicos que ni siquiera abogados se han puesto de acuerdo en las formas de interpretar?

En el anterior proceso, miles (o quizás millones) no leyeron el texto y muchos de ellos prefirieron votar Rechazo para no correr el riesgo de aprobar un "salto al vacío". Hoy pasa algo parecido, más si queda poco más de un mes para votar.

La sociedad de consumo, nos está pasando la cuenta para hacer un mejor país, que tuvo la oportunidad de tener una Constitución realizada democráticamente.

Llevamos un tiempo escuchando sobre un Pacto Fiscal que, esperamos, debiera ser clave para reactivar las inversiones en el país. Una serie de medidas que en ningún caso deben ser meramente recaudadoras ya que, si no ingresan capitales frescos a nuestra economía, se estrecha el margen de lo que se pueda recaudar. Precisamente dentro de esos temas llamados a estimular la economía nacional se encuentran las medidas que abordan la permisología actual.

Al respecto, un alcance. Hoy es cotidiano hablar de "permisología" y no cuestionarnos el concepto. Damos por sentado que hablamos de permisos, pero este término se acuñó para dar cuenta del complicado entramado que representa su obtención, muchas veces un peregrinaje de oficina en oficina, con trámites no estandarizados y plazos que se extienden más allá de lo razonable. Tan complejo que es una "rama" en sí, con sus propias leyes que están fuera del alcance de muchos, incluso del propio inversor. Eso es la permisología. Una madeja bien dispuesta, ordenada a la vista pero que, al hacer uso de ella, se enreda y entrampa. No es la obligación ni el necesario cumplimiento de las leyes de lo que estamos hablando, sino una dificultad estructural en nuestro sistema.

La buena noticia es que, desde hace algún tiempo, se han sumado a las voces del mundo privado algunas autoridades de gobierno y parlamentarios respecto a lo insostenible de esta situación. Una de esas voces relevantes es la de la Ministra de Minería, Aurora Williams, quien en el marco de la inauguración de FOREDE 2023 aseguró que el tema es relevante para el gobierno y que está siendo abordado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía en coordinación con otras carteras. No podemos más que celebrar esas palabras, pero a la vez pedir celeridad en torno a un tema que ya ha sido diagnosticado y que representa un serio escollo para la inversión.

Resolver este nudo crítico no es un tema ideológico, tampoco un tema de privados versus instituciones ni algo que sea responsabilidad exclusiva de este gobierno. Este es un tema país que nos afecta a todos y muy especialmente a las regiones en donde se concentra la cartera de proyectos para los próximos años, con Atacama como un destino protagonista. El país necesita retomar la senda del crecimiento y lo cierto es que tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Y ya que estamos todos de acuerdo al respecto, es el momento de olvidarnos para siempre de la permisología y concordar en un adecuado sistema de evaluación de proyectos de inversión, acorde al país que somos y soñamos.