La polarización política que gatilló el estallido social del 18 de octubre de 2019 y cómo el gobierno de la época enfrentó el descontento de la ciudadanía, puso en jaque a toda la clase política, independiente de si fuese oficialismo u oposición. En su desesperación, se produjo un hito histórico el 15 de noviembre de ese mismo año, con un acuerdo inédito para impulsar un proceso democrático hacia una nueva constitución, la cual produjo un movimiento pendular de la política nacional.

En el primer proceso, irrumpió La Lista del Pueblo y movimientos de izquierda que redactaron una propuesta de carta magna, que lejos de ser la nueva ruta de navegación del país como mínimo en los próximos 50 años, se acercó más a una propuesta identitaria del sector político que tuvo la mayoría circunstancial y que fue acusa de "refundacional". El resultado, un amplio rechazo el 4 de septiembre de 2022.

Pero el segundo proceso está incurriendo en los mismos vicios que tanto fueron criticados en el primero, la oleada de la derecha y principalmente el Partido Republicano, está redactando una propuesta identitaria que está aún más a la derecha de Chile Vamos y que está siendo más conservadora que la misma constitución que está vigente. El resultado, si bien aún no está definido, va camino a un segundo rechazo, por lo cual la pregunta que cabe es ¿Qué va a pasar después?.

Dicha interrogante será difícil de responder, porque la ciudadanía, desencantada ante la imposibilidad de ver cambios de fondo, con el miedo latente de volver a la pobreza y de sufrir en carne propia la inseguridad de la delincuencia, ya retomó su vida diaria, los trabajadores buscan el sustento del hogar y los estudiantes están comprometidos con otras causas que están lejos de lo político, porque ven en la política y sobre todo los partidos parte del problema y no de la solución.

Pero lo más insólito de todo, es que la discusión constitucional se cerró precisamente en los partidos políticos, que establecieron las reglas que están en juego en este proceso en curso. Solo el tiempo dirá como quedará escrito en la historia este estallido más allá de, valga la redundancia, la historia reciente.

El pasado 13 de octubre, junto a la Ministra de Minería Aurora Williams, y diferentes actores púbicos-privados, lanzamos en Copiapó el proceso de Diálogos Participativos, iniciativa que forma parte de la Estrategia Nacional del Litio, anunciada este año por el Presidente Gabriel Boric Font, y que busca aumentar las riquezas para nuestro país, a través del desarrollo de una industria clave, como paso fundamental para vincular el desarrollo económico de Chile, con el cambio hacia una economía sostenible a nivel global.

La alta demanda mundial, el aumento exponencial de los precios, las grandes reservas de este mineral (en especial en las regiones de Antofagasta y Atacama) y los últimos acuerdos comerciales con uno de nuestros principales socios económicos, China; que nos permitirá aportar valor a la cadena de extracción del recurso y que superan los $200 millones de dólares, nos permiten ser optimistas y a su vez nos pone por delante un tremendo desafío para desarrollar: capital, tecnología, sostenibilidad y avanzar en la cadena de valores, todo en armonía con nuestras comunidades.

Sobre esa premisa y convicción como gobierno estamos abriendo espacios a las transformaciones que nos permita conducir a operaciones cada vez más sustentables y en equilibrio con nuestras comunidades y territorios. Estamos convencidos que Involucrar a la ciudadanía en el desarrollo y consolidación de esta estrategia, es fundamental para equilibrar inquietudes y visiones de todos los actores.

Eso incluye a la academia, sociedad civil, comunidades originarias, el sector público y por cierto los privados, que nos permita dar pasos importantes hacia la consolidación de esta iniciativa de gobierno, destinada a fortalecer el desarrollo sustentable de la industria del litio. Y que contempla además la creación de una red de sistemas de salares protegidos, cumpliendo el compromiso de proteger al menos un 30% de los ecosistemas al 2030, en línea con las obligaciones internacionales establecidas en la Convención Marco de Biodiversidad.

Hoy sin lugar a dudas tenemos una tremenda oportunidad de migrar, desde una minería extractivista, hacia una de valor agregado gracias al encadenamiento productivo y aprovechar esta oportunidad de generar un modelo de negocios que nos permita transitar hacia un desarrollo productivo sostenible.