Asistencia escolar
Recuperar los niveles de asistencia que teníamos previo a la pandemia ha resultado ser un desafío mucho más complejo de lo que se esperaba.
Muchos apuestan sus fichas a que la llegada de la primavera motivará a los estudiantes a ir a clases. Sin embargo, en 2022 la asistencia nacional en el último trimestre del año bajó a 82,2%, siendo más baja incluso que los meses de junio y julio. No quisiera sembrar el fatalismo, sino más bien poner en alerta: no podemos quedarnos de brazos cruzados a esperar qué sucederá de aquí a diciembre.
El foco hoy debiera estar en generar conciencia de la importancia de asistir todos los días a clases, en crear las condiciones para que los estudiantes evidencien que cada día vale la pena, que existe un daño en su formación si faltan a clases -ya sea con o sin justificación- y que las familias comprendan que a partir de los 10 días de ausencia las oportunidades de sus hijos e hijas se verán seriamente dañadas por el ausentismo crónico.
Rebeca Molina L. Directora ejecutiva Fundación Presente
Ley de Usurpaciones
Es valorable que el gobierno, a diferencia con lo ocurrido con el veto a la Ley de Usurpaciones, haya descartado recurrir al TC y haya decidido promulgar la ley que sanciona con cárcel el porte de combustible, en el contexto de las manifestaciones sociales, a pesar de que buscaban sancionar sólo con una multa tal acción al igual que el caso de las usurpaciones "no violentas" con la Ley de Usurpaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, no deja de ser preocupante y condenable que todos los diputados del PC y el FA y algunos del Socialismo Democrático hayan votado en contra de la referida ley, alegando falazmente que el prohibir portar combustibles en protestas "criminaliza la protesta social", siendo que no es así. A estas alturas, ni los mismos diputados oficialistas se creen tal disparate en su afán por avalar la violencia como herramienta política, ya que no les conviene reconocer que es contradictorio protestar y portar combustible a la vez, porque saben muy bien que va en contra de sus fines políticos de desestabilizar la democracia y validar la violencia como chantaje cuando no están en el gobierno.
En consecuencia, lo deseable en democracia sería que todos los partidos políticos, si es que tienen algo de lealtad con la democracia, votaran a favor de leyes que resguarden el orden público y renunciaran expresamente a la violencia con fines políticos, ya que, de lo contrario, no se entiende que se constituyan como tales.
Adriano Ventura Cerisola
Empresas e impacto social
En nuestro país, como en muchas partes del mundo, las compañías enfrentan una creciente presión para ser transparentes en cuanto a su impacto social y ambiental. Hoy, la mayoría de las empresas ya publican memorias anuales en la página de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), lo que indica una voluntad de divulgar información más allá de los informes financieros tradicionales.
Sin embargo, aún existe una brecha significativa en la forma en que se presentan estos informes. Mientras que algunos siguen las normativas nacionales y estándares internacionales, otros carecen de detalles sobre sus contribuciones sociales.
Creemos que es necesario avanzar más y, por ejemplo, incluir la desagregación de datos por género y rango etario, lo que permitirá un análisis más detallado de las políticas de inclusión y equidad de género en las empresas.
En resumen, la adopción de un modelo de informe social no sólo es necesaria para responder a las demandas de la sociedad y los stakeholders, sino que también puede ayudar a las empresas a comprender mejor su impacto y a mejorar sus prácticas de responsabilidad social corporativa.
Miseldra Gil Investigadora y académica de la Universidad Autónoma de Chile
Innovación social
Nuevas soluciones que cubren una necesidad de forma más eficaz que las medidas existentes, al mismo tiempo que generan capacidades nuevas o mejoradas y dan un mejor uso a los recursos. Así define Naciones Unidas la innovación social, un ámbito cuyo desarrollo es fundamental para enfrentar los diversos retos que tenemos como humanidad y velar por el tan ansiado desarrollo sostenible.
Considerando su importancia, la pregunta inmediata es: ¿qué debemos hacer para impulsarla? Ante esta interrogante, las miradas suelen ir hacia las políticas gubernamentales, la mayor inversión pública y también por parte de los privados en investigación y desarrollo. Sin embargo, muchas veces olvidamos el rol que nos compete a las universidades para avanzar en una cultura de innovación social.
Lo primero, sin duda, es promover la labor científica y la investigación, poniendo en marcha proyectos y programas que motiven a académicos y estudiantes. Pero luego viene el paso más relevante, hacer que esas ideas se conviertan en iniciativas reales, comercializables, que impacten en el día a día. Es decir, pasar de la investigación y el desarrollo experimental a un producto que puede ser trabajado desde el ámbito empresarial, convirtiéndose en un engranaje del motor de la economía.
El llamado entonces es a que las universidades expandamos nuestra mentalidad y ampliemos nuestros desafíos más allá del acceso y la calidad, llegando a la formación de empresas emergentes, que den cuenta de la colaboración academia-industria y que logren, en definitiva, mejorar la vida de las personas.
Dr. Claudio Ruff
Fundación Daya
Estimado Director:
Las investigaciones continúan, ahora es la Fundación Daya, creada por la diputada Ana María Gazmuri, que busca el uso terapéutico del aceite de cannabis (para la platea), de la marihuana (para la galería).
Transferencias por cerca de los 200 millones de pesos, incumplimientos de convenios, servicios no prestados, rendiciones irregulares, gastos en chocolates, carne molida, pago de Internet en la casa de la diputada Gazmuri, etcétera, fueron denunciadas por el diputado Juan Irarrázaval.
La diputada Gazmuri, rechazó las acusaciones, culpando a municipios en la concreción de los convenios, por su parte el diputado Irarrázaval presentará la denuncia en la Contraloría General de la República.
Investigación en desarrollo.
Luis Enrique Soler Milla