Redacción

Alrededor de dos mil personas se reunieron ayer en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, para manifestar su apoyo a la gestión del Presidente Gabriel Boric, en un acto inédito en Chile, pero que el kirchnerismo ha realizado en Argentina, así como Jair Bolsonaro en Brasil. En paralelo, cerca de un centenar de personas del grupo de derecha Team Patriota marcharon por Providencia, para evidenciar su rechazo al Mandatario.

La convocatoria del grupo "Unidos por Boric" fue realizada a través de redes sociales, con el apoyo de CS, partido político fundado por el Presidente, y se reunió frente al Palacio de Gobierno a las 10:00 horas, donde se montó una tarima. El Mandatario desde un balcón saludó a sus adherentes y luego, alrededor del mediodía, bajó a dar un discurso y tomarse fotografías con ellos.

"Es difícil expresar lo que como persona y Presidente siente uno en estos momentos, pero me gustaría compartirles una reflexión que me ha venido dando vueltas en los últimos días. A propósito de esta convocatoria, me gustaría ser muy explícito: esto fue una convocatoria de redes sociales, autoconvocada, donde nosotros, desde Presidencia, no tuvimos nada que ver. De hecho, cuando supimos nos comunicamos, nos pidieron un escenario y dijimos que no. Nosotros no hemos aportado nada, no hay ni un peso público en esto y me parece importante señalarlo", dijo Boric.

Luego destacó, ante las críticas previas, que "a muchos políticos les parece absolutamente normal y natural, y está bien que así sea, que un Presidente vaya permanentemente a foros con grandes empresarios, en grandes salones del sector oriente de Santiago y está bien, uno como Presidente tiene que ir a esos lugares y conversar con todos. Pero, sin embargo, a esa misma gente le parece escandaloso que un Presidente de la República y un ministro de Estado participen junto al pueblo en una marcha. Algunos se atreven incluso a decir que eso vulnera la supuesta dignidad del cargo. La dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y con el pueblo".

El Mandatario con esto último respondió a los cuestionamientos que recibió el pasado 10 de septiembre, cuando participó de la romería por las víctimas del golpe de Estado, que todos los años pasa por un costado de La Moneda: "Yo me siento profundamente orgulloso de haber marchado en conjunto con las organizaciones de Derechos Humanos", agregó ayer.

"Nosotros, y no podemos olvidarlo, venimos también de la organización social, venimos de las marchas", recordó el Presidente, en alusión al movimiento estudiantil desde donde también salieron la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), y el exministro Giorgio Jackson (RD), junto a varios legisladores, entre ellos Diego Ibáñez, líder de CS.

Boric pidió a sus adherentes que "no se trate de mí. Esto no puede ser respecto de una persona, hoy día me toca a mí, mañana será otro u otra. Lo importante compañeros son las ideas que defendemos", por lo cual instó a "que sigan organizados".

Contingente policial

Carabineros siguió el despliegue de esta manifestación y de otra convocada en rechazo a la administración Boric, la cual comenzó en Providencia y se trasladó a Plaza Italia, en el límite con Santiago. El operativo involucró a 150 uniformados en moto, carros lanzaagua, lanza gases y un helicóptero, a fin de que las dos grupos no se encontraran.

El líder del Team Patriota, Francisco Muñoz, escribió en X que se "impide que avancemos hacia La Moneda" y luego calificó a los adherentes del Mandatario como una "tropa de vagos".

Ibáñez publicó en Instagram que "contra todo lo que decían unos pocos, el apoyo a nuestro Presidente logró convocar a miles. (...) Nuestra lealtad no es sólo con una persona, sino con un horizonte de sociedad justa".

Desde el año 2005, con la denominada revolución pingüina la educación pública ha sido la bandera de lucha de ciertos sectores de la sociedad. En aquella época se señala que la educación pública debía ser gratuita y de calidad, razón por la cual era necesario eliminar el lucro que se realizaba con recursos públicos de la misma. Luego el año 2011, la misma batalla se generó por el lucro en la educación universitaria, concluyendo con la creación de una nueva institucionalidad.

Sin embargo, la promesa de una nueva educación pública siguió vigente en la discusión política. De hecho en el proceso constitucional anterior (2022) el artículo 36 de la propuesta constitucional señalaba que "La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un Sistema de Educación Pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas".

En el actual proceso constitucional, el Consejo Constitucional ha señalado que "El Estado deberá sostener y coordinar una red pluralista de establecimientos de educación de calidad en todos los niveles de enseñanza. En dicha red, así como en los establecimientos educacionales que la componen, el Estado deberá respetar y proteger los deberes y derechos preferentes de las familias garantizados en esta Constitución, a través de los padres o tutores legales" y que el "Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad, a través de establecimientos propios en todos los niveles".

Como se aprecia ambos textos, regulan con mayor o menor extensión la educación pública, sin embargo, estimamos que la norma constitucional debiese ser más acertada en tres materias relevantes para la realidad y para el mejoramiento de la educación pública, corrigiendo el rumbo actual de la misma.

En primer lugar, una norma que prohíba expresamente la utilización directa o indirecta de la educación pública como una herramienta política, a fin de evitar la distorsión actual de los establecimientos emblemáticos. En segundo lugar, una norma que garantice la continuidad y no interrupción del servicio educativo en forma permanente, para evitar que los estudiantes vean mermados el proceso educacional por hechos que la autoridad política debe evitar o sancionar. Y finalmente, que existan parámetros objetivos de calidad, que busquen la excelencia.

Si bien estas propuestas pueden ser materias entregadas al legislador, en los hechos la educación pública sigue al debe, razón por la cual quizás sea necesario constitucionalizar alguna de ellas, para cumplir con la promesa de una educación de real calidad.

"Si bien estas propuestas son materias entregadas al legislador, en los hechos la educación pública sigue al debe, razón por la cual quizás sea necesario constitucionalizar alguna de ellas, para cumplir con la promesa de una educación de real calidad".

*Profesor de Derecho Administrativo e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes