La crisis humanitaria debido al aumento del flujo de migrantes con destino a Estados Unidos también afecta a los menores de edad. Según señaló el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, en el primer semestre de este 2023 ya han cruzado el Darién 40.171 niños, niñas y adolescentes. En tanto, en el mismo periodo del año 2022 fueron 7.369 los niños y jóvenes que han cruzado el lugar, lo que implica "un incremento desbordado del 445 %".
La división de 10 kilómetros entre un barrio lujoso y sus comunidades vecina que viven en la pobreza en Lima, conocida como el "muro de la vergüenza", comenzó ha ser derribado tras una batalla de legal de cuatro años.
La construcción de la barrera, que comenzó en 1980 por parte de vecinos del barrio residencial La Molina que temían atentados e invasión de terrenos por parte del grupo Sendero Luminoso, se fue extendiendo con el paso del tiempo, separando a los vecinos del sector colindante Villa María del Triunfo, donde la población habita viviendas precarias, con caminos de tierra y sin servicios básicos.
A finales de 2022, el Tribunal Constitucional determinó que dicho muro era un atentado hacia la libertad de tránsito, por lo que debía ser demolido. "Afecta el libre tránsito, pero también hiere la dignidad de los vecinos", dijo el magistrado Gustavo Gutiérrez que supervisa la democión del muro ubicado en Lima.
El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, hizo un llamado tanto a su gobierno como a los países vecinos a ponerse de acuerdo y tomar "medidas de fondo" para hacer frente a la crisis humanitaria que se vive por el incremento del flujo de migrantes hacia Estados Unidos.
"El Gobierno (colombiano) debe revisar las medidas que debe adoptar pero no pueden ser pañitos de agua tibia, tienen que ser medidas de fondo", dijo Camargo, quien agregó a Efe que no es una "exigencia" solo para Colombia, ya que realmente "el Gobierno colombiano está involucrado en una problemática transcontinental".
Más de 300.000 personas han cruzado el peligroso Tapón del Darién, la densa y montañosa selva que separa Colombia y Panamá, en lo que va del año, una cifra récord y que no deja de aumentar.
"En julio, por ejemplo, cruzaron 57.387 personas de distintas nacionalidades, una cifra visiblemente mayor frente a la registrada en julio de 2022 cuando traspasaron la frontera 29.722 migrantes", afirmó el defensor.
Ante esta situación, las autoridades panameñas, que han denunciado la inacción de las colombianas, han decidido cambiar el enfoque de la crisis de "problema humanitario en una (crisis) de seguridad nacional" e incluso han llegado a culpar a organismos internacionales que hablan de la migración como un derecho humano.
"La movilidad es un derecho humano", alegó el representante del Defensor del Pueblo, por lo que "a toda la población que se encuentra en movilidad humana siempre hay que prestarle desde los estados todas las garantías para que se desarrollen unos procesos migratorios en condiciones de dignidad humana, de regularidad, de orden".
En este sentido, y ante el aumento del flujo de personas que cruzan la frontera, Camargo pidió "a los estados que tomen medidas de fondo y que permitan regular ese control migratorio",
"La problemática está sobrediagnosticada. Yo lo que creo y confío plenamente es que se produzca un fortalecimiento, una presencia institucional por parte de todo el Gobierno nacional (en la zona)", destacó el defensor.
Sin embargo, la Defensoría reconoce los límites de fortalecer esta presencia institucional, pues el Darién es una zona con acceso limitado no solo por las circunstancias de la selva (ríos, montañas y animales peligrosos) sino porque ahí "ejercen el control territorial las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Clan del Golfo".
"Hemos visto suficientes episodios desafortunados de manera de que el llamado que hacemos a los grupos armados ilegales es que necesitamos que dentro de el proceso de la política de paz total planteada por el gobierno, les invitamos a que se acojan", dijo Camargo.
Además de este fortalecimiento, el defensor del Pueblo consideró que "el Gobierno colombiano tiene que estar en constante diálogo y comunicación con los otros estados involucrados, con Panamá, con Costa Rica, con Ecuador, para que haya decisiones desde sus límites geográficas".
"Al Estado colombiano y así como a los demás Estados decirles y exhortarlo a que tengan un verdadero compromiso frente a esta problemática migratoria que no es una situación exclusiva de Colombia, pero que Colombia como Estado, el gobierno nacional debe tomar medidas de fondo que permita contener esta situación", insistió.