Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la denominada permisología, es decir, del exceso de trámites necesarios para la puesta en marcha de un proyecto de inversión, lo que, en nuestro caso, no quiere decir que disminuyan las exigencias técnicas, sociales y ambientales, sino en modernizar procesos -a través de, por ejemplo, nuevas tecnologías- que permitan ser más diligentes con los tiempos, que es uno de los factores que tiene mayor impacto negativo en una iniciativa productiva.
Lo mejor, en estos casos, es hablar desde las cifras. Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad se identificaron 400 permisos distintos, otorgados por 50 instituciones públicas, que podrían ser necesarios para desarrollar un proyecto de construcción, lo que podría extender hasta en 30 meses o más su puesta en marcha. Por su parte, el Centro de Estudios del Cobre (Cesco) analizó 80 proyectos mineros entre 2006 y 2022, los cuales, en promedio, tienen un retraso en el caso de la gran minería de 4,3 años, encareciéndose en un 65%, y en la mediana minería 6,3 años, subiendo su costo en un 11%.
Esto también tiene efectos en la economía circular, que, dada la próxima inutilidad de paneles solares en la región, que generarán toneladas de desperdicios, anulando, de alguna manera, lo que significan las energías verdes, es necesario poder impulsar. Actualmente las normativas no acompañan esta reconversión y menos aún impulsan que emprendedores -una pyme puede demorar más de un año y medio en poder funcionar- transformen un problema en una solución social, una traba para valorizar una de las mayores potencialidades de la zona.
La contingencia nos muestra que los permisos de edificación han tenido un retroceso anual de un 20% en Atacama, el desempleo está en alza, los presupuestos públicos avanzan lento, las empresas locales están con serios problemas de financiamiento, hay obras de infraestructura críticas aún sin ejecutar y varios proyectos de inversión no se logran concretar. La modernización del Estado es un asunto clave para reimpulsar un crecimiento económico y productivo sostenible, en línea con los desafíos que tenemos como sociedad y vinculado al bienestar de la comunidad.