Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la denominada permisología, es decir, del exceso de trámites necesarios para la puesta en marcha de un proyecto de inversión, lo que, en nuestro caso, no quiere decir que disminuyan las exigencias técnicas, sociales y ambientales, sino en modernizar procesos -a través de, por ejemplo, nuevas tecnologías- que permitan ser más diligentes con los tiempos, que es uno de los factores que tiene mayor impacto negativo en una iniciativa productiva.

Lo mejor, en estos casos, es hablar desde las cifras. Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad se identificaron 400 permisos distintos, otorgados por 50 instituciones públicas, que podrían ser necesarios para desarrollar un proyecto de construcción, lo que podría extender hasta en 30 meses o más su puesta en marcha. Por su parte, el Centro de Estudios del Cobre (Cesco) analizó 80 proyectos mineros entre 2006 y 2022, los cuales, en promedio, tienen un retraso en el caso de la gran minería de 4,3 años, encareciéndose en un 65%, y en la mediana minería 6,3 años, subiendo su costo en un 11%.

Esto también tiene efectos en la economía circular, que, dada la próxima inutilidad de paneles solares en la región, que generarán toneladas de desperdicios, anulando, de alguna manera, lo que significan las energías verdes, es necesario poder impulsar. Actualmente las normativas no acompañan esta reconversión y menos aún impulsan que emprendedores -una pyme puede demorar más de un año y medio en poder funcionar- transformen un problema en una solución social, una traba para valorizar una de las mayores potencialidades de la zona.

La contingencia nos muestra que los permisos de edificación han tenido un retroceso anual de un 20% en Atacama, el desempleo está en alza, los presupuestos públicos avanzan lento, las empresas locales están con serios problemas de financiamiento, hay obras de infraestructura críticas aún sin ejecutar y varios proyectos de inversión no se logran concretar. La modernización del Estado es un asunto clave para reimpulsar un crecimiento económico y productivo sostenible, en línea con los desafíos que tenemos como sociedad y vinculado al bienestar de la comunidad.

En la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de ley de rentas regionales, que busca dar más autonomía y avanzar en la descentralización. La iniciativa es de larga data y viene a promover el desarrollo de las regiones, saltándose la burocracia capitalina, lo que puede ser interesante si es bien concretado.

Sin embargo, hay un punto que puede ser de inflexión a la hora de pasar de un buen a un mal proyecto. Se trata de la emisión de deudas por parte de los Gobiernos Regionales, con un mecanismo que aún no está claro y que podría chocar con la normativa vigente, dado que el Ministerio de Hacienda es el único que puede hacerlo a nombre del gobierno.

En primera instancia, no deja buenas sensaciones, dado que deja muchas dudas acerca de cómo y cuánto se emitirá, como también los "avales" que pueda haber en caso de no pagarla.

Pero incluso con un diseño que puede seducir, el asunto no termina de cerrar. La emisión de la deuda puede ser a priori una "oportunidad" de desarrollo, pero que finalmente se podría transformar en un mal uso de recursos, si hay un mal proyecto. Puede aparecer incluso clientelismo político en escenario como elecciones, donde se pueden permitir la emisión de la deuda a cambio de apoyos políticos o viceversa.

Cuando se habla de mal proyecto, no se trata de ser fatalistas sino realistas. Municipios que han creado corporaciones que terminan con problemas legales y fundaciones que han recibido recursos de forma irregular aprovechando resquicios o "amiguismos", son el reflejo de que cuando se trata de recursos públicos hoy los controles deben ser más duros.

Por lo demás, en el caso de Atacama, nadie puede asegurar que pueda emitir una deuda acorde a sus necesidades. No olvidemos que para ciertos políticos a la hora de tomar decisiones para el desarrollo de las regiones la balanza se inclina por aquellas con mayor electorado, siendo Atacama una que tiene menor cantidad.