Correo
Raúl Silva Henríquez
Señor director:
Tras el golpe cívico-militar de 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez, dijo: "Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones, nuestras fábricas y las lágrimas de tantas mujeres y niños.
Pedimos respeto por los caídos en la lucha, en primer lugar por el que fue hasta el 11 de septiembre Presidente de la República. Pedimos moderación frente a los vencidos, que no hallan innecesarias represalias. Confiamos que los adelantos logrados en gobiernos anteriores por la clase obrera y campesina, no volverán atrás".
La creación del "Comité Pro Paz" el 06-10-1973 y la "Vicaría de la Solidaridad" el 01-01-1976, dan testimonio de su labor en defensa de los derechos humanos. En marzo 1974 la Iglesia presentó a la Corte Suprema un "Recurso de Amparo Masivo" por los detenidos-desaparecidos, solicitando al Alto Tribunal la designación de un Ministro en Visita, solicitudes que fueron denegadas.
El 20-8-1976 la Iglesia puso en conocimiento a la Corte Suprema de 383 casos de detenidos-desaparecidos.
Con la pregunta ¿Dónde están?, el 24-5-1978 la Vicaría de la Solidaridad publicó listado con los nombres de 618 personas detenidas-desaparecidas. En marzo de 1983 el cardenal Raúl Silva, manifestó: "Sufrimos incomprensiones y persecuciones. Queremos que hayan garantías de libertad, paz y justicia".
Derico Cofré
¡Oh my God!
Estimado director:
Porque debemos reconocer, que desde el momento en que se destapó el caso de las Fundaciones y fiscalía comenzó a investigar, nadie, absolutamente nadie, ni los propios "mentores" de las "millonarias transferencias" en sus peores pesadillas, si por esas cosas de la "life", el "Fundacional millonario emprendimiento" fracasaba y se destapaba la olla, se llegaron a imaginar, que el mismísimo y flamante rey de Inglaterra, Carlos III, podría, en una de esas, ayudar a aclarar el embrollo de una "eventual" transferencia por 5 millones de dólares.
¡Oh my God!
Luis Soler
Pacto Fiscal y Pacto Constitucional
Señor director:
Es muy positivo el tránsito que se dio en el debate público: del foco en subir impuestos, hoy hemos pasado a hablar de un Pacto Fiscal. Uno que, junto con aumentar la recaudación en el corto plazo, permita modernizar el anquilosado Estado chileno y retomar la senda de crecimiento.
Sin embargo, es un error creer que un acuerdo de este tipo por sí solo tiene la fuerza suficiente para sacarnos del letargo en el que se encuentra la economía chilena. Es aquí donde la Constitución juega un rol fundamental. Si un país no es capaz de ponerse de acuerdo en su pacto de convivencia más básico, no se convertirá de la noche a la mañana en un lugar atractivo para la inversión. Es urgente que, en paralelo al Pacto Fiscal, avancemos en cerrar de forma positiva este proceso constitucional, con cambios profundos al sistema político, normas que habiliten un Estado más moderno y eficiente y un nuevo compromiso de todos los actores con el cumplimiento de las reglas del juego.
La responsabilidad recae en todas las fuerzas políticas, pero principalmente en quienes tienen las mayorías que las obligan a conducir el proceso. Ellos tienen una oportunidad única de ser quienes conviertan el penal decisivo que ponga fin a una larga racha de derrotas; pero se debe recordar que la historia no suele ser generosa con quienes fallan en instancias como éstas.
José Antonio Valenzuela, Pivotes
Comercio digital ilegal
Señor director:
Me dirijo a usted con profunda preocupación respecto a la creciente proliferación del comercio digital informal y la insuficiente regulación que actualmente enfrenta esta actividad ilegal. Esta problemática no solo afecta a nuestro sector, sino que también perjudica de manera significativa a los consumidores, quienes corren el riesgo de adquirir productos de procedencia dudosa y, en muchos casos, peligrosos para su salud, sin contar con las debidas garantías.
Según un informe elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), un 9% de las transacciones del sector comercio en canales digitales nacionales fueron informales durante el primer trimestre de este año.
La necesidad apremiante de regular este tipo de comercio nos inquieta profundamente a nosotros, como representantes del sector, y a todos los socios que conforman nuestra asociación. Además, consideramos que es un problema que afecta al país, ya que el Estado deja de percibir una gran cantidad de impuestos. Ante esta situación, consideramos relevante conocer las medidas que las autoridades están tomando al respecto.
Tenemos conocimiento de la promulgación, el año pasado, de un reglamento por parte del actual gobierno, cuyo objetivo era fortalecer la regulación en relación a la información que reciben los consumidores que utilizan plataformas digitales para sus compras, promoviendo así su derecho a elegir libremente y tomar decisiones informadas. No obstante, nos gustaría estar al tanto de los avances y resultados que se han alcanzado hasta la fecha.
Por otro lado, consideramos que los marketplaces o plataformas de comercio electrónico también deben asumir la responsabilidad de regular este tipo de comercio en sus canales. Deben someterse a todas las regulaciones del sector para competir de manera justa y equitativa, dado que son ellos quienes ofrecen verdaderos centros comerciales virtuales donde se llevan a cabo estas ventas, sin ninguna supervisión ni fiscalización adecuada.
Para lograr una equidad en este tipo de comercio, creemos fundamental implementar medidas que obliguen a estas empresas a operar bajo los marcos legales, garantizando así la protección de los derechos de los consumidores y sancionando cualquier incumplimiento que pudiera presentarse.
Como asociación, estamos dedicados a seguir trabajando de manera colaborativa y a participar plenamente en todas las discusiones y medidas pertinentes para nuestro sector. Nuestra disposición es total para contribuir al mejoramiento continuo y al desarrollo integral de nuestra industria.
Esteban Halcartegaray, presidente de la Asociación de Marcas del Retail