Alegatos presentados apuntan a ilegalidad de resolución del GORE que impide tránsito de buses en el centro
AUDIENCIA. Abogados de diversas empresas argumentaron que prohibición de funcionamiento debe ser temporal y no perpetua, que terrapuerto no tiene las condiciones para operar, así como el perjuicio económico y una "desviación de poder" por parte de la autoridad regional.
En estudio quedó el recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones en contra de la resolución del Gobierno Regional que impide el ingreso de buses interurbanos al perímetro céntrico de Copiapó.
Esto luego que las partes presentaran la jornada de ayer los alegatos con el fin que la corte acoja el recurso de dejar sin efecto la resolución exenta n°342 del 19 de mayo de 2023, publicada el 24 de mayo en el Diario Oficial, que "prohíbe todos los días del año y en todo horario, la circulación de 'buses tipo pullman' al interior del perímetro".
Una medida que busca que los terminales de buses ubicados en pleno centro de la comuna puedan continuar operando y no deban trasladarse hasta el terrapuerto.
En la instancia, presentaron sus argumentos los abogados José Miguel Huerta Molina, en representación de Sociedad de Inversiones en Infraestructura Sociedad Anónima; Alex van Weezel de la Cruz, en representación de Empresas de Transportes Rurales SpA; Pablo Becerra Poblete, por la recurrente Inmobiliaria Nuevo Siglo Limitada; Karina Vargas Brizuela, en representación de Inversiones e Inmobiliaria Atacama S.A. y Gabriela Berrios Pizarro, abogada por los recurrentes Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Valle Verde SpA. o Valle Verde SpA, CASTHER SpA. y Sociedad de Inversiones Explo-Atacama SpA. o Explo-Atacama SpA.
Prohibición temporal
En la ocasión, tanto los abogados José Miguel Huerta, como Alex van Weezel, se refirieron al artículo 113 de la Ley de Tránsito, que exige que "en las prohibiciones de circulación se determine las vías afectas a la prohibición, excluyendo las prohibiciones genéricas como las de la resolución requerida. La facultad del análisis solo se puede ejercer mediante prohibiciones de carácter temporal y no perpetuo. Este carácter temporal emana de la propia transferencia de facultades del Decreto Supremo n°236 exige a los GORES informar al ministerio la duración promedio de las prohibición", expuso en detalle el primer interviniente.
De esa forma, el argumento hace hincapié a que la resolución debería establecer la duración de la prohibición y que ésta no podría ser perpetua, como lo es la resolución aludida, por lo que afectaría la garantía legal y constitucional del derecho de locomoción. Por lo que cuando se trasfirieron facultades temporales al GORE, solo le le permitió efectuar prohibiciones temporales, las que debían individualizar las vías afectas, no un perímetro.
Al mismo tiempo, se indicó que dicha resolución había dejado sin efecto práctico una serie de resoluciones, emitidas desde hace más de una década, de otras autoridades que autorizaban la construcción y que permitieron el ingreso de buses y la operación de los terminales de buses del centro.
Asimismo, se establece que los argumentos presentados por el GORE en la resolución hacen alusión a la congestión vehicular, el plan regulador, daños a la infraestructura municipal provocados por maniobras de giro incorrecto, y proyectos de mejoras a rutas peatonales.
No obstante, de acuerdo a los alegatos, habría sido el propio gobernador regional, Miguel Vargas, quien a los medios y en declaraciones públicas señaló que el propósito de la medida era que las empresas de buses de mayor tamaño se trasladaran hasta el terrapuerto de Atacama, lo que era inconsistente con las causas emanadas en la resolución.
"¿Por qué el GORE tiene interés que las empresas de buses se trasladen al terrapuerto?, ¿porque la autoridad de gobierno busca beneficiar un terminal privado de buses en desmedro de otros que decide clausurar?", fueron las preguntas planteadas por el abogado en sus alegatos y que buscan que la corte deje sin efecto una resolución que, a juicio de los afectados, demuestra la imparcialidad de una autoridad y deja en evidencia sus propios intereses, los cuales serían un claro ejemplo de "desviación de poder".
Sin elementos básicos
Otro de los argumentos planteados, es que el terrapuerto no cuenta con los elementos básicos para su funcionamiento.
"Todo esto se ha hecho con el claro y público propósito de favorecer al terrapuerto de Copiapó, en circunstancias que el recinto carece de las condiciones básicas para un funcionamiento seguro, ya que, no cuenta con semáforos operativos ni sistemas de iluminación para su exterior, entre otras falencias que lo tornan realmente peligroso", manifestó la abogada Karina Vargas.
Buses rurales
Uno de los alegatos expuestos fue de la representante legal de la empresa Casther, quien indicó que la resolución provocaba un perjuicio económico directo en la empresa al tener que arrendar un espacio en el terrapuerto, cuando eran dueños del terminal ubicado en calle Buena Esperanza 557.
"Con la resolución recurrida se estaría impidiendo que los servicios rurales pudieran iniciar o terminar sus servicios en sus establecimientos y se estaría obligando a que trasladen sus servicios al terminal terrapuerto", señaló la abogada Gabriela Berrios.
De igual forma, manifestó que la realidad de su representada era muy diferente a las otras empresas , ya que la medida afectaba a los usuarios del transporte rural, quienes se dirigían a la capital regional a realizar trámite específicos, en su mayoría, por lo que de trasladarse, gran parte de sus pasajeros bajarían en los paraderos y al terrapuerto llegarían sin usuarios. En ese sentido, al tener que detenerse en los paraderos, igualmente deberían ingresar al perímetro "prohibido" y generar la congestión que la resolución busca evitar, mientras que en la actualidad, por las calles que transitan, no generan inconvenientes en el tránsito.
Consultado al GORE por este caso desde el Departamento de Comunicaciones del Gobierno Regional indicaron que "como es una causa judicial que está en proceso, se referirán al tema una vez que se declare el fallo", el que de acuerdo a la Corte de Apelaciones, deberá estar dentro de los próximos 30 días".