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En esa línea, destacó el Hospital de Huasco, así como el Hospital de Diego de Almagro. También la Municipalidad de Tierra Amarilla y el Palacete Monumento Nacional Villa Viña de Cristo en la Universidad de Atacama, prontos a inaugurar, todos proyectos financiados con fondos del GORE.
"Los aportes que hacemos para la construcción de viviendas, todos los años son más de 14.000 millones de pesos que se transfieren al Serviu para compra de terrenos y para aportar en los subsidios para que se puedan construir las viviendas, y por esa razón hemos tenido una velocidad importante en materia de ejecución de proyectos de viviendas sociales. Por lo tanto, el tema nuestro pasa por seguir en esa senda", subrayó.
A pesar de ellos, Vargas manifestó que el hecho de que los gobiernos regionales puedan realizar con mayor facilidad las transferencias, también ayudaba a ejecutar los recursos públicos, ya que las obras solían tener dificultades por factores externos que inciden en que los proyectos avancen con lentitud.
"Pongo un ejemplo, el CESFAM Manuel Rodríguez, una obra largamente esperada por los vecinos y vecinas de Copiapó. Cinco veces se ha licitado y no hemos tenido oferentes. Por lo tanto, ahí hay un factor externo que incide en el gasto, porque cuando tú gastas preferentemente en obras públicas, eso no puede ser transferencia, siempre se va pagando contra un estado de pago. Si no, la obra no se está ejecutando, hay efecto en la ejecución y si no hay gasto, después viene la crítica de que no se gastan los recursos. Pero igual las transferencias directas crean el conflicto de ser más cuidadosos para evitar que suceda lo que ya sabemos que ha sucedido en el país", añadió el gobernador regional.
Por su parte, el Consejero Regional, Maximiliano Barrionuevo, señaló que era de suma importancia que se ejecutara el gasto, pero había que ser rigurosos en la forma en cómo se hacía, "cuando se ejecuta el presupuesto, prácticamente son transferencias de dinero, pero a nosotros nos gustaría ver obras concretas. Se están haciendo muchas, se agradece, pero no es suficiente y en nuestra función de consejeros debemos seguir indagando mucho más y vamos a ser muy duros y vamos a exigirle al Gobierno Regional que muestre todos sus procesos y ojalá todos los servicios hagan los mismo, simplemente por un tema de transparencia, aquí no estamos cuestionando a nadie en específico, sin embargo encontramos que es de vital importancia quedarnos todos tranquilos por el mal uso que se ha hecho en el norte y sur de Chile".
7 mil utm
Asimismo, de acuerdo a la ley, los gobernadores pueden decidir el destino de fondos sin la aprobación de los CORE en proyectos de menos de 7 mil UTM, es decir, menos de 440 millones de pesos, impidiendo a los Consejeros Regionales tener mayor injerencia sobre cómo se van a utilizar dichos recursos y a que parte del territorio beneficiarán.
En esa línea, el CORE Javier Castillo, sostuvo no estar de acuerdo con esa facultad de los gobernadores regionales, calificando como "unilateral", ya que deslegitimaba el rol territorial que cumplía el Consejo Regional.
"Entonces, se puede prestar tranquilamente para la concentración de política pública donde existe mayor concentración de masa electoral y se entiende que el FNDR es para el desarrollo de todos los territorios, en particular para aquellos que están más postergados. En eso tenemos una diferencia sustantiva y una crítica profunda al Estado de Chile y a los gobiernos que han aplicado normas que han entregado más poder a la descentralización y la figura de los gobernadores no pasa por quitarle más poder al Consejo Regional, sino que cómo desde los ministerios se les entregan mayores facultades a los gobernadores, pero sin que se pierda el control de los territorios que es el que ejerce el Consejo Regional", explicó.
Asimismo, mencionó que al no ser partícipe de las decisiones de los recursos, los CORE incrementaban su rol fiscalizador, para que constatar que los recursos, que no han sido aprobados por ellos, sean correctamente utilizados.
Por su parte, Barrionuevo comentó que "nuestra función, en gran parte, es la fiscalización del FNDR y de los recursos del Gobierno Regional, somos 14 cabezas finalmente que estamos en distintas comisiones y que podríamos estar abarcando mucho más de lo que hoy estamos abarcando, pero en este caso naturalmente uno vela por la confianza de la buena ejecución del Gobierno Regional, pero yo creo que deberíamos rebajar esa brecha para tener mayor control y por otro lado, tener una moción colaborativa entre todos y de forma transparente para que no quepan dudas".
Fiscalización y rigurosidad
Por lo mismo, para Barrionuevo, hoy se debe ser más severos y "armar una estrategia mucho más dura en términos de ir filtrando y tener un control mayor con la ejecución presupuestaria, si bien la hagan fundaciones u otro, hay que generar un instrumento que sea rápido, eficaz y de un control absoluto, tanto del gobierno regional, el consejo regional, como también de la misma Contraloría".
Un punto en el que coincidió Vargas, quien comentó que lo que estaba sucediendo en el país era un indicador de la rigurosidad que debía tenerse en los controles, el que primero estaba en manos de quien lo ejecutaba.
"El gobierno regional o cualquier entidad, ¿qué hace? Transfiere los fondos y deposita su confianza en una fundación o en una municipalidad o en un servicio público para que ejecute un programa. Y por lo tanto, el primer control es del ejecutor. El segundo control evidentemente es del que traspasa los recursos que después tiene que verificar que las cosas se hagan, pero tampoco tenemos un ejército de fiscalizadores para que anden revisando cada detalle o cada acto administrativo asociado a cada proyecto, a cada programa. Y después tenemos otros controles", consignó el gobernador regional.
Por lo mismo, resaltó que había que reforzar los procesos de control que eran necesarios para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.