La última encuesta Cadem situó en un 30% la aprobación de la gestión del Presidente Gabriel Boric, cifra que es la misma o se asemeja a otras encuestas. La noticia es que a alrededor de dos meses del estallido del caso Convenios, las esquirlas hacia la máxima autoridad nacional no han llegado. Por otra parte, las alzas que ha tenido con el manejo de incendios forestales no las ha podido sustentar, dado que los peak de aprobación caen a la semana siguiente.

De esta forma, estamos ante un fenómeno, que se sustenta en un electorado y seguidor duro, inspirado en gran parte de forma exclusiva en la figura y no obra del Presidente, lo que ha llamado la atención de distintos sectores.

El asunto es digno de análisis político. Ni el caso Convenios -que incluso ha sido calificado como uno que marcará toda una generación- ni el incumplimiento de la promesa de terminar con las deudas del CAE, ni sus exabruptos incluso a nivel internacional (dijo hace poco en su gira a Europa que la carrera de Derecho le salía cerca de 5.000 dólares al mes, lo que no es así), han corroído esta especie de blindaje.

Y es acá donde nos encontramos con dos temas a analizar, ambos inmediatos. Uno ¿cuál será su pensamiento en cómo seguir la ruta de Gobierno, tomando en cuenta que su aprobación no subiría pero tampoco bajaría? ¿apostará por hablar al 30% y hacer una hoja de ruta más transformadora, como ha querido establecer como sello? o ¿apostará a generar cambios no tan profundos y dejar un país más estable?

Por otra parte, ¿está analizando esto de cara a un cambio de gabinete y la petición de salida del ministro Giorgio Jackson? ¿realmente le moverá la aguja? o ¿la salida significará que se solucionen muchas cosas?

En política, se dice que es mejor estar acompañado del círculo de hierro cada vez que pasa una tormenta, aunque en este caso el origen de la tormenta es un integrante de su círculo de hierro.

Vivimos una batalla cultural con una izquierda que no renuncia a la refundación institucional. El Gobierno del Presidente Boric, contra la Constitución, al margen de la ley y desconociendo la voluntad de la gran mayoría de los chilenos, insiste en dar el protagonismo de los asuntos públicos al Estado y quitárselo a las personas, al amparo de un fraude intelectual: el Estado es el único capaz de obrar en el interés público. Ese fraude es confundir -como si fuera igual- lo público y lo estatal, en circunstancias que son temas distintos. Lo público puede ser cumplido por las personas, la sociedad civil, y el Estado; lo estatal, sólo por el Estado.

La institucionalidad del agua centra el protagonismo de la distribución del agua en las personas y no en el Estado, ratificando la confianza que históricamente ha dado Chile a los usuarios del agua, como principales responsables de la gestión. Así lo confirmó el nuevo Código de Aguas, que fue discutido y aprobado transversalmente luego de 11 años de trabajo en el Congreso, y que rige desde el 6 de abril de 2022. Sin embargo, fundado en la supuesta "pérdida del control estatal", la izquierda impulsa una nueva institucionalidad del agua, que reemplace a la existente, y que venía en la Constitución rechazada en el plebiscito del 4S.

Los Consejos de Cuenca son una organización compuesta por el Estado, la sociedad civil y los usuarios de aguas para distribuir "mejor" el agua. Hay 3 puntos: no son consejos porque quieren "decidir" y no aconsejar la distribución del agua; no son de cuenca, porque su único interés es el agua, y ésta es solo un elemento de ella; y atomizan el rol de los usuarios del agua, porque éstos serían la minoría del consejo. Lo preocupante es que la OECD (2013) y la UNESCO (2017) señalaron que la gobernanza que los consejos dicen perseguir está contaminada por el clientelismo político que caracteriza su íntegración. En simple, el Gobierno quiere que los políticos administren el agua, y que sus decisiones parezcan de mayoría.

El gobernador regional, a pesar del amplio rechazo en la región de Atacama a la convención constitucional, continúa con la agenda del apruebo, y ejecuta una decisión del nivel central que no representa ni ha sido discutida con los usuarios de la cuenca del Huasco. Antes de intervenir las instituciones que están cumpliendo su labor, el interés debiera centrarse en mejorar la gestión del Estado. La política de inversión en infraestructura y la construcción de embalses es la clave para enfrentar los ciclos de sequía y mitigar los riesgos de desastre por eventos climáticos. Esas obras mejorarían la gestión del agua en Atacama.