Según datos del INDH, la violencia al interior de colegios tuvo un alza de 1700 casos en el último año. Esta realidad de los centros educacionales chilenos es claramente superior a lo que sucede en nuestros países vecinos. En efecto, según UNICEF Chile el incremento de casos de violencia en el país llega a 40%, mientras que, en Argentina, Perú y Colombia, bordea el 20%.

Es importante no perder de vista, que lo ocurrido en la convivencia escolar de los centros educativos chilenos, no difiere de lo que estamos viviendo como sociedad. Parece ser que esa glorificación ciega a la individualidad y la competencia entre las personas, promovida por el sistema económico-social, está teniendo trágicas consecuencias.

En ese sentido, la evidencia está demostrando que la práctica actual, promovedora de intervenciones parcializadas, donde los centros educativos son vistos atomizadamente, tienden a valorar indicadores que priorizan el rendimiento académico, no está dando respuesta a lo requerido por la sociedad.

En ese escenario, es fundamental desarrollar lógicas de acción psicosocial multidimensionales, que busquen la movilización y participación de las comunidades educativas. Estas acciones, deberían considerar las intersubjetividades, emociones, vivencias, historias, culturas y creencias de los protagonistas de estos espacios educativos. Esto, debería permitir la problematización respecto a las prácticas educativas alienantes desarrollas y promovidas por instituciones y políticas públicas centradas en índices, medidos a partir de pruebas estandarizadas, que representan un fin en sí mismo.

Con ello, relegan a un segundo plano lo sustancial del proceso educativo: ese ser humano que aprende a través de la interacción social, en plena sintonía con la naturaleza, para lo cual es necesario relevar su afectividad y cognición, que lo constituyen como un ser integral. Para esto, las acciones deben contemplar como ejes centrales, la vinculación, comunicación asertiva y afectiva, gestión emocional, la promoción del deporte, la cultura y el arte, de los diversos actores de las comunidades educativas.

Se intenta por todos los frentes de convencer a la opinión pública que en los casos convenios y de transferencias directas se opera dentro de la normativa legal y que no hay delitos, tal vez en el peor de los casos reproches éticos. Una visión muy distinta a la que tiene el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien tras exponer en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados, calificó de corrupción lo que conocemos de estos casos.

Frente a los legisladores no se le movió un músculo para hablar con claridad. "Pueden ponerle el adjetivo que quieran, pero lo que hemos detectado acá son irregularidades y evidentemente lo que vemos es que por esta nueva vía se coló el virus de la corrupción. ¿Quiere llamarlo corrupción? Sí, es corrupción".

Explicó que es una nueva variante y que se debe atacar con nuevas fórmulas. Para ello, con posterioridad, entregó un listado de ocho propuestas de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar que siga avanzando el virus.

Metafórico y explicativo, el contralor Bermúdez, describió lo que muchos comparten y es que hubo un aprovechamiento del sistema para propio beneficio. Había flancos que se podían atacar y utilizar bajo la apariencia de ejecutar programas para beneficio de los más necesitados, pero al final los grandes beneficiados eran los mismos ejecutores del programa.

Lo peor de todo es que conforme pasan los días y avanzan las investigaciones, aparecen nuevas aristas que están ligada a lo mismo y puede que los $13 mil millones involucrados a la fecha aumenten a muchos más y se sumen otras fórmulas similares.

Es necesario detectarlas y realizar las gestiones para el reintegro o pago de los montos entregados y sancionar a todos los involucrados. En honor a la ética y rectitud.