El 30 de julio se conmemoró el día mundial contra la trata de personas, fenómeno del que no están ajenos los niños, niñas y adolescentes.
La trata de personas es un delito que fue incorporado en la legislación chilena a través de la ley número 20,507 del año 2011. Básicamente se trata de un delito que, así como la explotación sexual, cosifica a la persona, transformándola en un objeto del que se benefician terceros, transgrediendo total y absolutamente su dignidad.
Así las cosas, se distinguen tres tipos de trata de personas, a saber, laboral, la que se lleva a cabo, por ejemplo, mediante trabajos pagados sin ningún tipo de protección laboral o de libertad para elegir, generándose un contexto donde se puede manipular a la persona por las condiciones de vulnerabilidad que presenta. Por otra parte, está la del tipo sexual, donde un tercero se beneficia económicamente, por lo general, mediante una prestación sexual por parte de la víctima incluyendo actos de pornografía y producción de material pornográfico. Por último, la extracción de órganos donde mediante alguna forma de abuso de poder se obtiene lo requerido por un tercero.
Según datos estadísticos, se tienen registros -desde que opera la ley, hasta fines del año 2022- que indican que del total de víctimas, el 10% corresponde a niños niñas y adolescentes desde los cinco a los diecisiete años, considerando a esta última categoría de edad la de mayor porcentaje.
Por otra parte, en términos de nacionalidad, encontramos víctimas extranjeras y chilenas y donde la trata sexual se adjudica el mayor número de víctimas. Importante es señalar que la ley es explícita en reconocer que cuando un niño, niña o adolescente es víctima de este delito el posible consentimiento que haya otorgado no es válido, por el hecho de que su condición de menor de edad constituye una vulnerabilidad.
En la actualidad, existe un plan de acción que también se ejecuta a nivel regional y donde el principal objetivo es fomentar iniciativas institucionales e intersectoriales para la prevención del delito de trata de personas, la protección de sus víctimas y la persecución de las organizaciones criminales asociadas a la comisión de este delito. Precisamente el contexto es oportuno para generar conciencia y conocimiento del fenómeno, y actuar de manera preventiva y atenta a las situaciones relacionadas para que ninguna víctima quede atrás.