La estrategia ya está instalada en quienes están involucrados o se han visto salpicados por el caso Fundaciones. La defensa es que se actuó bajo la legalidad y si bien puede haber algún cuestionamiento ético o moral, este debiera verse opacado porque los proyectos se desarrollaron o se estaban desarrollando y hay rendiciones de por medio, las que cuestionables o no son el mecanismo de control establecido.

Es muy probable que esa tesis siga apareciendo con el afán de aplacar las duras críticas a este tipo de convenios, y es muy probable que se logre respaldar el actuar de estas fundaciones, que a diferencia de la gran mayoría, fueron creadas y favorecidas con millonarios recursos del Estado.

También es posible que las investigaciones iniciadas demoren meses, incluso años y se termine en fallos que no sean más que sanciones éticas -de esos casos ya conocemos en nuestro historial judicial-.

Por ende, la búsqueda de la restitución de los dineros asoma como una tarea inmediata y una fórmula de mitigar el daño a las arcas fiscales. Lo malo es que estos convenios se realizaron sin exigir boletas de garantías con quienes se firmaba los convenios.

No será fácil lograr la restitución, porque aquí se dependerá de la buena voluntad de los encargados de las fundaciones y en ese sentido se puede esperar cualquier reacción, más aún si los dineros están gastados y se buscarán modos de justificarlos.

Entonces el proceso judicial tendrá que avanzar y comprobar la existencia de alguno o todos delitos que investiga la Fiscalía.

Fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, es lo que se investiga. Y legalidades más y menos puede concluir en que no se logre condenas, especialmente, en lo que respecta a fraude o malversación. Tal vez la pena vaya por el tráfico de influencias, si es que se logra.

El Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (OCCBE) del Núcleo en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera (UFRO) ha emitido un informe (abril, 2023) que devela un incremento constante en los niveles de violencia escolar. Desde 2019, y durante 2022, las denuncias relacionadas con el ámbito de convivencia escolar aumentaron en un 37% en comparación con el año anterior. Las áreas de convivencia escolar que han experimentado mayores aumentos son el maltrato entre estudiantes y hacia ellos por parte de adultos (62,8%), las medidas disciplinarias de suspensión y expulsión (10,4%), la discriminación, especialmente hacia estudiantes con necesidades educativas especiales (10,2%), y las situaciones de connotación sexual entre estudiantes y hacia ellos por parte de adultos (9,4%). Estas tendencias se han manifestado en todas las regiones del país.

Entre los factores que influyen, está la segregación, desigualdad, la falta de socialización, el aislamiento prolongado, la carencia de oportunidades para practicar deportes, problemas de salud mental (depresión y ansiedad) la constante exposición a la violencia en los medios y redes sociales.

Expertos sugieren fortalecer habilidades socioemocionales de los estudiantes y al respecto, diversas teorías como la teoría de la inteligencia emocional (Goleman), la teoría del apego (Bowlby), el modelo de las cinco dimensiones de personalidad, la teoría de la mente (Baron-Cohen) y la teoría del aprendizaje social (Bandura), ayudan a orientar el trabajo. Y es que, sólo tomando con Goleman, se puede resaltar la importancia del autoconocimiento, la autorregulación emocional, la empatía y las habilidades sociales para comprender y gestionar efectivamente las emociones propias y de los demás. Un ejemplo práctico sería implementar programas de educación emocional que enseñen a los estudiantes a identificar y expresar sus emociones de manera saludable, así como a manejar situaciones conflictivas de forma asertiva y respetuosa. Sin embargo, se requiere un enfoque estratégico que involucre al sector público y privado. La colaboración entre instituciones educativas, autoridades gubernamentales, empresas y organizaciones de la sociedad civil son claves para crear entornos seguros y empáticos donde los estudiantes y el sistema escolar puedan convivir en armonía.