Como se sabe, hace algunos días venció el plazo para que los miembros del Consejo Constitucional presentasen propuestas de enmiendas al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta. Puede decirse que, en términos generales, el trabajo realizado por la Comisión dejó una buena impresión, no sólo por ajustarse a las doce bases acordadas por el Congreso Nacional y fijadas en el art. 154 de la Constitución vigente, sino que además por ser producto de un amplio consenso entre los comisionados expertos, que con sabiduría no rompieron con nuestra tradición constitucional y con los principios generales del derecho constitucional chileno.

Sin embargo, no cabe duda de que el texto presenta algunos problemas que pueden ser corregidos por el Consejo Constitucional durante la fase que se ha abierto con la presentación de enmiendas al anteproyecto. Por eso es razonable afirmar que la propuesta de la Comisión Experta y las enmiendas son el insumo en base al cual el Consejo redactará el proyecto que será plebiscitado el próximo 17 de diciembre, y que la etapa a la que se ha dado inicio es una oportunidad para comenzar el trabajo que permitirá ofrecer a Chile una buena propuesta de Constitución.

Pero ¿qué aspectos debieran mejorarse? En lo formal, si bien al anteproyecto de la Comisión contiene menos de la mitad de los artículos que proponía el texto rechazado el pasado 7 de septiembre, su lectura muestra que igual es bastante extenso, producto de una redacción con frases y oraciones innecesariamente largas, y de la reiteración de ideas y conceptos. Este es un aspecto en el que se debería mejorar, y procurar una redacción más austera. Respecto del fondo, debiera considerarse seriamente la introducción de cambios mayores al Capítulo de Poder Judicial, a mi juicio el más pobre técnicamente hablando. También se deberían buscar buenas soluciones para reforzar al máximo el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, y para lograr adecuados equilibrios entre representación y estabilidad en el sistema político; entre estado social, libertad de elección y provisión mixta de prestaciones, y en lo relativo a la interacción entre constitución y derecho internacional de los derechos humanos. En la búsqueda de las mejores soluciones debe considerarse muy especialmente la tradición constitucional chilena, y la mejor experiencia comparada proveniente de los sistemas constitucionales y democráticos más prestigiosos del mundo.

Para que aquello sea posible resulta fundamental que los consejeros aborden su trabajo con patriotismo, altura de miras y sentido común. Como decía un sabio y prestigioso profesor de derecho constitucional, las constituciones deberían redactarse pensando en cuando uno no sea gobierno. Sobre esa base, parece evidente que la versión definitiva no puede ser a imagen y semejanza de ninguna de las fuerzas políticas, y que probablemente el proyecto que será sometido a consideración de los ciudadanos no dejará plenamente satisfecho a nadie. Y está bien que sea así, al menos por dos razones.

En primer lugar, porque las constituciones no son programas de gobierno ni de partidos políticos, y, en segundo lugar, porque su objetivo esencial, que es limitar el poder, debe llevar a centrar los esfuerzos en lograrlo lo más posible. Todo esto debiera traducirse en una propuesta que huya de visiones maximalistas, y que sea el resultado de acuerdos en temáticas esenciales en un sistema constitucional y democrático, de manera que las diferencias y desacuerdos en lo no esencial sean resueltas por los ciudadanos en las elecciones, que es lo propio de la vida en democracia.

Por todo aquello parece necesario desdramatizar lo que ha ocurrido con la presentación de las enmiendas al anteproyecto. Era previsible y evidente que las diversas fuerzas políticas presentarían las que reflejasen más sus visiones e ideas, y el procedimiento contemplado por el Congreso Nacional para la elaboración del proyecto de Constitución fue ideado para que así ocurriera. Lo importante es que en la actual etapa del trabajo del Consejo, las diversas fuerzas políticas lleven a cabo un diálogo sincero y de buena fe, que nos lleve a un resultado exitoso, es decir, a una nueva y buena Constitución para Chile.

* Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes

Redacción

Un bus en que viajaban 18 trabajadores forestales fue interceptado por desconocidos alrededor de las 6:00 horas de ayer en Collipulli, Región de La Araucanía, donde, con los pasajeros a bordo, obligaron al conductor a seguir hasta Malleco. Luego las personas descendieron del vehículo, el cual fue incendiado.

El mayor de Carabineros, Fernando Mella, explicó que el "procedimiento se efectuó en el sector urbano, que dice relación con dos individuos encapuchados provistos con armas de fuego, quienes intimidaron a un conductor y los pasajeros de un bus que presta servicio forestal".

Después "los trasladaron al sector del Bajo Malleco, lugar donde procedieron, mediante acelerantes, a quemar el bus. Producto de este hecho no resultaron personas lesionadas", subrayó el uniformado.

El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Antonio Soto, calificó el hecho como "gravísimo, ya que sucedió en pleno centro de Collipulli, burlando todos los resguardos policiales militares e inteligencia propios del Estado de Excepción que allí rige".

Por esto, el dirigente gremial agregó que "nos sumamos al llamado del fiscal nacional (Ángel Valencia) para contar con urgencia con una Ley antiterrorista, que resulte de verdad efectiva para detener este flagelo que asola la zona sur del país".

El diputado Jorge Rathgeb (RN) señaló en Twitter que "en La Araucanía tenemos un mundo al revés: los trabajadores sufren y los delincuentes actúan en completa libertad".