Redacción

Más de dos mil personas que mantienen pensiones de alimentos impagas permanecen en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, herramienta que tiene como objetivo establecer un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos junto con mejorar el acceso a la información financiera de los deudores.

Así lo informaron la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Fabiola Gallardo quien destacó los alcances de este registro enmarcado en la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. "Esta Ley de Responsabilidad Parental impulsada por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y reconocida por nuestro Gobierno, nos hace dar un paso hacia un mínimo de justicia para esos niños, niñas y jóvenes y para quienes los cuidan, que son víctimas de irresponsabilidad o de la violencia económica, porque el pago oportuno de la pensión es un derecho de quienes cuidan y es un derecho de los hijos e hijas".

La normativa, que entró en vigencia facilita la identificación de activos patrimoniales, a través de la acción de los órganos del Estado, para pagar las deudas de pensión de alimentos de sus hijas e hijos. A nivel regional las autoridades señalaron que el total de montos adeudados es superior a los 2.400 millones de pesos ($ 2.405.306.276).

Sobre la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Tomás Garay añadió, "lo que hace esta normativa es avanzar en un mecanismo concreto para buscar los activos patrimoniales del deudor y garantizar que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad, uno de los principales compromisos de nuestro gobierno".

Al respecto detalló que uno de los alcances de la ley, es que el juez o jueza pasa a tener una facultad para poder indagar el patrimonio y los bienes, específicamente los flujos económicos que tiene quien adeuda la pensión alimenticia y para eso el juez o jueces de familia tendrá acceso a la conexión con la Comisión de Mercados Financieros, el Servicio de Impuestos Internos y otras instituciones afines a la misma.Ambas autoridades destacaron que la normativa permite pedir al Tribunal que "liquide la deuda", congelar las cuentas del deudor, realizar la búsqueda del patrimonio y pago de la deuda, y finalmente el pago con fondos de las AFP.

Tras la aprobación por parte de la Dirección de Presupuestos, el Servicio Nacional de Menores (Sename) podrá concretar una serie de proyectos para mejorar la infraestructura en once centros donde los jóvenes cumplen medidas cautelares o sanciones y en las oficinas regionales del servicio en la zona norte, entre ellas las de Atacama y el CIP-CRC y CSC Copiapó. Este importante logro fue posible gracias a la labor conjunta del Sename y la Subsecretaría de Justicia.

Los proyectos, que superan los 1.800 millones de pesos, favorecerán las condiciones de habitabilidad de diversos establecimientos, con las consiguientes mejoras en la calidad de vida de adolescentes y jóvenes en proceso de reinserción social, así como de quienes cumplen labores en esos recintos.El director nacional (s) del Sename, Rachid Alay, explicó que "gran parte de los trabajos se iniciarán dentro de los próximos meses, considerando avances tan necesarios como normalizaciones eléctricas y mejoramientos de habitaciones y baños en los centros de justicia juvenil".

Se contempla el mejoramiento de las oficinas administrativas del servicio en las regiones del norte, lo que permitirá entregarlas en las mejores condiciones posibles al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que parte su funcionamiento en enero de 2024 en Atacama y las demás regiones de la zona norte.

Cabe destacar que desde octubre de 2021 Sename solo está a cargo del área de justicia y reinserción social, mientras se implementa gradualmente en el país el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. El área de protección y adopción fue traspasada al Servicio de Protección Especializada (Mejor Niñez).

La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones informó respecto a una imagen que circula por redes sociales sobre supuestos controles en un lugar no habilitado, que la fotografía corresponde al martes 18 del presente mes y se dio en el contexto de un choque por alcance que sufrió el vehículo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en Avenida Copayapu.

Este siniestro menor no impidió que los equipos de fiscalización se desplazaran hasta los sectores céntricos de la capital regional para realizar inspecciones a vehículos de todo tipo, así como también a transporte escolar subsidiado y a planta de revisión técnica de Vallenar, enmarcados en el Plan Calles Protegidas, los cuales terminaron con cinco conductores/as infraccionados/as.

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