Verónica Carmona

División existe en la municipalidad de Vallenar, entre concejales y el alcalde actual Armando Flores, quien está sindicado por el delito de notable abandono de deberes, con antecedentes que ya están en manos del Tribunal Electoral.

El alcalde Flores señala que perseguirá las responsabilidades hasta las últimas consecuencias para aclarar la denuncia que realizaron algunas autoridades ante la Contraloría.

Al respecto el jefe comunal dijo que "aquí se ha buscado a toda costa enlodar una gestión que ha sido transparente y apegada a la normativa, hay un grupo que busca por todos los medios obstaculizar la gestión que hemos realizado en estos dos años de administración y creo que es momento de parar, porque todo tiene un límite".

El edil explicó que "la situación se origina por una acusación en la que se afirma que mi esposa habría participado en calidad de asesora municipal en una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en dicha reunión ella me acompañó, la invitaron a pasar y quedó consignado en el acta que se trataba de mi esposa y no una funcionaria municipal, ella no intervino y más bien fue una gentileza del subsecretario que ella ingresara a su oficina, porque inicialmente me esperaría en el hall de acceso. Creo que cuando en política se terminan los argumentos se recurre a este tipo de bajezas que más bien están para otro tipo de programas más bien de farándula y no para noticias serias y sobre el desarrollo y bienestar de la comuna", sentenció Flores.

El alcalde informó que se reunieron todos los antecedentes y estos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para que se investiguen los eventuales delitos que aquí se hayan podido cometer, agregando que "llegaremos hasta las últimas consecuencias, porque creo firmemente que episodios como estos son los que mantienen alejada a la ciudadanía del quehacer político, desconfiando de sus autoridades y convencidos que todos son corruptos… tenemos que dignificar el servicio público, elevar el nivel de la discusión y trabajar por el progreso de la comuna. Basta de politiquería".

Lo refutan

Todo esto se gestó luego que los concejales desde un tiempo notaran que al solicitar diversos requerimientos de información al municipio a través de las diversas facultades que a ellos se les otorgan, por ley de transparencia, actas remitidas directamente al alcalde de dicha comuna e inclusive a través del órgano contralor, pero donde pese a esas gestiones, se incumplía en la entrega de dicha información y por tanto, según dicen, se vieron obligados a realizar este tipo de acciones, según lo explicado por José Díaz Maldonado, abogado representante en esta acción judicial.

Asimismo, Díaz señala que no sólo es la falta de entrega de información lo cuestionable, sino que también porque los concejales critican la participación de la esposa del edil- Paola Ramírez - en toma de decisiones municipales, sin que ella sea funcionaria y donde aparece en un acta de la Subsecretaría de Prevención del Delito como asesora del alcalde, pese a que eso no es efectivo. Todos estos antecedentes ya están en manos del Tribunal Electoral Regional.

"Uno de los concejales, específicamente don Hugo Páez realizó dos requerimientos de información a través de la Ley de Transparencia a la Subsecretaría de Prevención del Delito, las cuales fueron respondidas durante el mes de marzo del año 2023 y también del mes de junio de igual año. En esa respuesta, por correo electrónico oficiando por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito se acompaña el acta donde indica expresamente que doña Paola Ramírez compareció a la reunión en su calidad de asesora de la municipalidad. Y entendemos que la única acta que existe es la que entrega la institución por correo electrónico y si el alcalde acusa que existe una falsificación de este instrumento público, la acusación es hacia el gobierno y no hacia mis representados que son los concejales", explica el abogado.

El Primer Tribunal Ambiental decidió este martes mantener la medida cautelar de cierre de mina Alcaparrosa de compañía Ojos del Salado, luego de analizar la oposición presentada por la Compañía Minera Ojos del Salado.

El pasado 7 de junio se había determinado acoger la solicitud del Consejo de Defensa del Estado en el marco de la demanda por daño ambiental presentada por este organismo ante el posible detrimento al medioambiente causado por la minera luego del socavón de más de 46 metros de diámetro, localizado en Tierra Amarilla.

En su resolución, el tribunal consideró diversos aspectos, entre ellos un conjunto de factores de riesgo, además de hacerse cargo de los contra argumentos presentados por la minera con el fin de revertir la medida cautelar.

Entre los antecedentes relevados están, por ejemplo, la eventual afectación al acuífero río Copiapó, la exposición a factores naturales como intensas precipitaciones que pudieran causar aluviones, la carencia de un conjunto de permisos ambientales vigentes y/o estudios aprobados por la o las autoridades sectoriales competentes, entre otros antecedentes.

La determinación también destaca que a la fecha no se conoce el comportamiento de medidas provisionales implementadas por CCMOS (Compañía Minera Ojos del Salado) como sellos y muros para evitar que continuase el ingreso del agua a la mina, ya que además, no se encuentran evaluadas ambientalmente.

Afirma el tribunal en su resolución que una medida cautelar busca anticiparse al daño "para lo cual no requiere que exista una completa evidencia de la amenaza, peligro o riesgo, bastándole la convicción de existir una fracción de esta".

Esto último, en oposición a lo argumentado por la empresa minera, en relación a que la medida cautelar sería redundante ya que Sernageomin ya paralizó la faena. Sin embargo, para el tribunal dicha medida solo dice relación con aspectos de seguridad y estabilidad de la mina, "los que son solo una fracción de los muchos otros factores identificados como constitutivos de riesgo y consecuentemente de eventuales daños que pudiesen calificarse de irreparables, en tanto irreversibles".

Finalmente, el tribunal también hace mención a que el socavón del año 2022, no es un hecho aislado, pues han ocurrido otros acontecimientos de hundimientos en años anteriores, lo que de paso "genera una sensación de inseguridad en la comunidad de Tierra Amarilla".

Uno de los aspectos ampliamente analizados tiene que ver con el acuífero del río Copiapó. Entre las conclusiones a la que llegó el Primer Tribunal Ambiental está su afectación en volumen, calidad de sus aguas y morfología. Para los magistrados Sandra Álvarez y Carlos Valdovinos, la empresa minera no ha logrado desvirtuar los efectos negativos sobre el mismo y tampoco logra superar las observaciones de los servicios competentes respecto a la estabilidad y seguridad de la mina, entre otros.