Hace unos días la Corte Suprema otorgó la pena sustitutiva de arresto domiciliario y suspendió la condena de una mujer embarazada de alto riesgo recluida en la cárcel de Osorno, a pesar que no existe normativa nacional que lo permita, pero amparado en el Derecho Internacional de los DD.HH., que obliga a nuestro país a tomar medidas urgentes en estos casos. El recurso de amparo lo presentó una defensora penitenciaria de la Defensoría contra la sentencia de la Corte de Apelaciones.

Este caso ilustra la labor que todos los días defensores y defensoras penales efectúan, y que más allá de lo que declara la misión institucional, se trata de defender en un proceso penal los derechos y garantías de las personas que nadie defiende, de los invisibilizados. Por eso, en el contexto de un nuevo proceso constituyente, se hace impostergable dotar a la Defensoria Penal de autonomía constitucional, precisamente por la labor que realizamos y que a veces es incomprendida, pero que resulta esencial para el ejercicio del derecho a una defensa diligente de todas las personas que son perseguidas penalmente y que no cuentan con recursos para contratar un abogado privado y para asegurar el acceso a la justicia, en un pie de igualdad material a los grupos más discriminados y susceptibles de vulneración en nuestra sociedad.

Hoy nuestra justicia penal presenta un desequilibrio evidente, tenemos a un poder del Estado como el Poder Judicial, un Ministerio Público autónomo y a la Defensoría como un servicio público bajo control y supervigilancia del Ministerio de Justicia y DD.HH., lo que simbólica y funcionalmente se traduce en una posición desmedrada per se, pero que además trasunta en otros aspectos como en la posibilidad de litigar ante el sistema interamericano, en la facultad de incidir propiamente en el debate de las políticas públicas en el ámbito penal, e incluso en el financiero.

El panorama actual se puede tornar más asimétrico si consideramos que el borrador de la nueva Constitución propuesto, contempla una Defensoría de las Víctimas de carácter autónoma, por lo que no se entendería que la Defensoría Penal con 20 años de demostrada eficiencia, de trabajo colaborativo e innovador en la justicia penal chilena y con un prestigio internacional asentado, no estuviera contemplada en el nuevo texto constitucional.

En tiempos donde la deslegitimación de la justicia y la crisis de seguridad son amenazas a la democracia y el Estado de Derecho, lo crucial es fortalecer las instituciones que funcionan, fomentar el acercamiento de la ciudadanía a los servicios que dan soluciones a sus demandas y que defienden concretamente sus derechos todos los días. En ese sentido dotar de autonomía a la Defensoría Penal Pública es lo necesario y será un acierto republicano para una democracia fortalecida por una nueva Constitución.

Una grata sorpresa recibió la economía del país con la baja en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de junio, que presentó una variación mensual de -0.2%, que fue una mayor caída respecto a lo que se esperaba. Por ende el acumulado de los 12 meses volvió a caer.

El dato es prometedor ante la ola inflacionaria que hay en el país y se avizora que el costo de la vida estará en niveles "adecuados", es decir al 3% a finales de 2023 o bien en 2024.

Se hace imperioso, entonces, que se entreguen señales de reactivación económica. El Banco Central ha realizado un trabajo notable al enfriar la economía con acciones como mantener una alta Tasa de Política Monetaria, pero ahora pareciera que el rumbo será distinto.

Se dice que sí o sí se viene una baja, entonces la pregunta es ¿de cuánto será?

Se requiere que los créditos tengan un menor costo para impulsar compras y ventas en distintos tipos de comercio en un escenario que las personas están gastando mucho menos que hace un año.

Pero cualquier baja no debe ser vista como el promotor de la reactivación y bajo todos los escenarios es preciso que grandes proyectos puedan surgir, potenciando la inversión.

Lamentablemente las perspectivas no son las mejores. En ese escenario, el último informe de la Corporación de Bienes Capital (CBC) muestra que la cartera de proyectos mineros a nivel país es la más baja en 15 años, lo que sin duda representa un problema para un país donde su mayor recurso es la extración de minerales.

Parece preciso ir revirtiendo estas tendencias y que el empuje productivo sea una de las bases del crecimiento económico, que no va a llegar si se mantienen discusiones e incertidumbres principalmente políticas.

Es clave, para regiones como Atacama, que se impulsen más acciones también desde otros sectores económicos, de modo que la situación no solo quede determinada por la minería. Lamentablemente, otras áreas como generadoras como el sector agrícola o el comercio local, también están acusando problemas y caídas, lo que esperemos no termine por repercutir en el empleo. Han sido años complejos y la idea es no prolongarlos.