Ya ha paso más de un año desde el 6 de Abril de 2022, cuando el Presidente Gabriel Boric firmó la Reforma al Código de Aguas, la cual fue ampliamente aprobada en el Congreso durante su votación definitiva. La pregunta que surge es: ¿Qué ha cambiado? Pues bien, muchos de los cambios quizá los veremos en algunas décadas, cuando se evidencien los primeros resultados de la nueva forma de hacer gestión del agua en Chile.
Sin embargo, hay cosas que ya hemos podido realizar gracias a la Reforma, como por ejemplo, la celebrada entrega de la primera concesión de derechos de aprovechamiento de aguas a la Comunidad Indígena Elvira del Carmen Pachao y al APR de la Vega (léase mi columna anterior). También, ya hemos refinado nuestros nuevos procedimiento y comenzamos a aplicar como mandato la prioridad para el consumo humano y el saneamiento, así como también la preservación ecosistémica.
Otro elemento importante es que, tanto a los derechos que están regularizados como a los que aún no, se les mantiene su certeza jurídica en el primer caso y, aunque con un plazo (abril de 2027), se brinda la amplia posibilidad de tenerla firmemente en el segundo. Por su parte, la fiscalización siempre es un elemento esencial en materia de gestión del recurso hídrico, razón por la cual el "nuevo" Código, y en particular el artículo 55 ter, nos ha permitido sancionar o paralizar obras en casos en donde se ponga en riesgo nuestros acuíferos o al menos se tenga la duda razonable de un potencial daño, como son los casos de Mina Alcaparrosa y Labores de Explotación de Litio en la Laguna del Negro Francisco.
Cabe relevar que hasta la fecha, y más allá de la cifra de la multa, la única sanción efectiva que se ha resuelto en contra de Minera Ojos del Salado por el caso "Socavón" es la aplicada por la Dirección General de Aguas de la Región de Atacama. Esto último, es fruto de la reforma al Código de Aguas sin lugar a dudas. Finalmente, el "nuevo" Código de Aguas nos entrega a la Dirección General de Aguas dependiente del Ministerio de Obras Públicas mayores herramientas jurídicas para intervenir cuando Organizaciones de Usuarios, ya sean Juntas de Vigilancia y Comunidades de Aguas, no estén cumpliendo su rol conforme a sus estatutos y a la Ley, o bien cuando una severa sequía obligue a redistribuir las aguas para dar prioridad al consumo humano.