Ya ha paso más de un año desde el 6 de Abril de 2022, cuando el Presidente Gabriel Boric firmó la Reforma al Código de Aguas, la cual fue ampliamente aprobada en el Congreso durante su votación definitiva. La pregunta que surge es: ¿Qué ha cambiado? Pues bien, muchos de los cambios quizá los veremos en algunas décadas, cuando se evidencien los primeros resultados de la nueva forma de hacer gestión del agua en Chile.

Sin embargo, hay cosas que ya hemos podido realizar gracias a la Reforma, como por ejemplo, la celebrada entrega de la primera concesión de derechos de aprovechamiento de aguas a la Comunidad Indígena Elvira del Carmen Pachao y al APR de la Vega (léase mi columna anterior). También, ya hemos refinado nuestros nuevos procedimiento y comenzamos a aplicar como mandato la prioridad para el consumo humano y el saneamiento, así como también la preservación ecosistémica.

Otro elemento importante es que, tanto a los derechos que están regularizados como a los que aún no, se les mantiene su certeza jurídica en el primer caso y, aunque con un plazo (abril de 2027), se brinda la amplia posibilidad de tenerla firmemente en el segundo. Por su parte, la fiscalización siempre es un elemento esencial en materia de gestión del recurso hídrico, razón por la cual el "nuevo" Código, y en particular el artículo 55 ter, nos ha permitido sancionar o paralizar obras en casos en donde se ponga en riesgo nuestros acuíferos o al menos se tenga la duda razonable de un potencial daño, como son los casos de Mina Alcaparrosa y Labores de Explotación de Litio en la Laguna del Negro Francisco.

Cabe relevar que hasta la fecha, y más allá de la cifra de la multa, la única sanción efectiva que se ha resuelto en contra de Minera Ojos del Salado por el caso "Socavón" es la aplicada por la Dirección General de Aguas de la Región de Atacama. Esto último, es fruto de la reforma al Código de Aguas sin lugar a dudas. Finalmente, el "nuevo" Código de Aguas nos entrega a la Dirección General de Aguas dependiente del Ministerio de Obras Públicas mayores herramientas jurídicas para intervenir cuando Organizaciones de Usuarios, ya sean Juntas de Vigilancia y Comunidades de Aguas, no estén cumpliendo su rol conforme a sus estatutos y a la Ley, o bien cuando una severa sequía obligue a redistribuir las aguas para dar prioridad al consumo humano.

La controversia por el convenio entre el Minvu Atacama y la Fundación Comprometidos sigue remeciendo el ambiente político local y nacional, dadas las aristas que han surgido del caso. El tema debe ser indagado a fondo, pero a la par no olvidar los coletazos que pueda provocar, especialmente a quienes cuentan con un servicio básico y nada tienen que ver con contratos que están siendo cuestionados.

En el caso del campamento Villa El Cerro hay angustia por el devenir del proceso. El convenio con la fundación finaliza el 31 de agosto y la ex dirigente del asentamiento María Lafferte, mostró su preocupación por el fin de la continuidad del recurso hídrico.

Ante esto la pregunta es ¿las autoridades tienen pensado qué hacer? Evidentemente que extender el convenio con la fundación es un asunto que políticamente podría ser un "balazo en los pies".

El Gobierno profundizará la controversia y volverá a tener una tormenta encima.Pero incluso si no se encontrara ninguna ilegalidad ¿volvería a apostar por esta fundación?Así las cosas ¿quién querría hacerse cargo?

En términos coloquiales esto se convertirá en un fierro caliente y habría que ver quién lo podría tomar.

Y no solo por esto, sino que por la problemática de origen como es que el municipio de Copiapó no tiene la capacidad de abastecimiento, como reconoció el alcalde Marcos López, quien explicó que la casa consistorial tiene un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde el gobierno anterior dado que no pueden atender la totalidad de los campamentos de Copiapó.

No puede ser que por una problemática grave como la que se vive por las fundaciones, paguen justos -en este caso los campamentos- por pecadores.