Fundación Comprometidos debería volver montos si se anula contrato
COPIAPÓ. Felipe Salce, economista y director del departamento de Ingeniería Comercial de la UDA, explica lo que podría pasar con caso convenio que involucra a esta entidad con el Minvu.
Tras el remezón político que fue el caso de la fundación Democracia Viva en Antofagasta, se iniciaron una serie de investigaciones en los diversos gobiernos regionales para ver si existían otros tratos irregulares. Es así como el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, ordenó a todas las delegaciones regionales realizar una auditoría en todos sus departamentos. Al poco tiempo un dictamen de Contraloría General ordenó congelar todas las tomas de razón con fundaciones, a fin de darle tiempo de revisar los distintos convenios suscritos.
Es en este contexto que se dio a conocer el contrato que había otorgado el la Seremi de Vivienda y Urbanismo a la fundación Comprometidos, por un monto de $128 millones, a finalidad de una colaboración para el plan "piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó".
El problema surge porque el 2020 la fundación registraba dos giros comerciales frente al Servicios de Impuestos Internos (SII). Estos eran "actividades en producción de películas cinematográficas" y "actividades de clínicas veterinarias". Sin embargo, tras ganar la licitación en diciembre del año pasado, en marzo registraron un cambio de giro al de "asistencia social" y "fundaciones y corporaciones".
Los cambios de giros deben ser fundamentados frente al SII. Es este quien debe reconocer la viabilidad del giro, es decir, si la entidad comercial cuenta con las capacidades logísticas de responder ante dicha actividad económica. En el caso de las corporaciones sin fines de lucro, estas se encuentran exentas de IVA, por lo que el Servicio vigila que, al momento de emitir boletas, no vendan el IVA, es decir, recauden dinero de forma irregular por medio de esta exención. De la misma forma, el rubro de asistencia social es fácil de acreditar, pues no requiere de componentes materiales, solo humanos.
El cambio de giro de una empresa es un proceso expedito, por lo que es extraño que una fundación que no contaba con un giro destinado a los servicios que licitaba el Estado haya adquirido dicho contrato.
"Lo que pasa es que las licitaciones son un concurso público y quienes pueden participar o no lo da la licitación, pero en sus bases se establecen los requisitos. El fin de la empresa debiese estar relacionado con el fin de la misma, porque para poder ganarla debe tener el giro adecuado y experiencia en el rubro", explicó Felipe Salce, economista y director del departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad de Atacama.
Sobre el mecanismo usado para llegar al contrato, el economista explica que los requisitos están especificados por la ley y siempre están sujetos a revisión por el órgano fiscalizador. "Si una actividad está sujeta a licitación o si es por contratación directa lo define la ley, que te deja muy definido cuál puede ser por cuál medio. Yo no puedo nombrar a una actividad que tenga un giro distinto solo por nombrarlo, tiene que tener una relevancia. Y por ser trato directo puede estar sujeto a escrutinio", dijo el economista.
"Afirmaciones desinformadas"
Rocío Díaz, seremi de vivienda de Atacama, explicó que el cambio de giro se dio para efectos tributarios, pero que no era una condicionante en la licitación. "No es prerrequisito" para un convenio y que en este caso se corrigió en el camino, solo para "efectos tributarios"", dijo en su momento.
Sobre posibles lazos con Sebastián Duarte, presidente de la Comprometidos, la seremi negó cualquier afiliación. Sin embargo las dudas surgieron cuando se reveló que Duarte militó en el PRO, extinto partido dirigido por Marco Enriquez-Ominami.
Duarte también negó conocer personalmente a la seremi y aseguró que él se presentó "como persona jurídica a la licitación", que ganó de buena fe.
Por medio de un comunicado público, Comprometidos afirmó que todo esto eran "afirmaciones desinformadas" y que ellos habían prestado el servicio requerido. Sin embargo, sobre la acusación de que estaban vendiendo el agua que debían repartir, afirmó que "nosotros vamos a los campamentos, recaudamos los recursos, se los entregamos a Aguas Atacama y ellos, con los camiones aljibe que nosotros administramos, reparten (el agua) en los hogares". Además, descartó "cualquier injerencia sobre el precio" de la misma.
Lo que es cierto es que el contrato ahora será uno de los que Contraloría tendrá que revisar, y en caso de que esta falle en contra de la Fundación, por ley deben ser ellos quienes reintegren al Estado el dinero que les fue entregado.
"Ahí depende de qué es lo que diga Contraloría. Si es constituyente de delito ahí se evalúan responsabilidades penales o legales. Si no es válido, el contrato se anula y la fundación debe devolver los fondos. Si hay otro tipo de delitos, eso lo ve el poder judicial, por delitos como tráfico de influencia, y ahí es el Ministerio Público quien decidirá cómo actuar", afirmó Salce.
El problema con eso es que, según una declaración pública de la Seremi, los proyectos se encuentran ejecutados en más del 50%, es decir que los dineros ya han sido usados.
"Ahí depende de qué es lo que diga Contraloría. Si es constituyente de delito ahí se evalúan responsabilidades penales o legales. Si no es válido, el contrato se anula y la fundación debe devolver los fondos"
Felipe Salce, Economista y director del departamento de Ingeniería Comercial de la UDA