Ministro Montes ordena investigar convenio por agua potable con fundación que hasta marzo se dedicaba a la producción de películas y al cuidado veterinario
POLÉMICA. Para ello enviarán al mismo equipo que está haciendo la indagatoria del caso "Democracia Viva". Adicional a ello, el secretario de Estado anunció un canal anónimo para que funcionarios puedan denunciar malas prácticas. A nivel local, la seremi envió los antecedentes a la Contraloría para su fiscalización y el Ministerio Público investigará si estos hechos constituyen o no delito. Dirigenta de uno de los campamentos intervenidos insiste en la necesidad hídrica que tiene el sector.
La Fundación Comprometidos recibió $128 millones para entregar agua potable en camiones aljibes a cuatro campamentos de Copiapó, específicamente del sector Paipote y Villa El Cerro II, por un monto que en mayo subió a $190 millones. Hasta 2022, la organización se dedicaba a la grabación de películas y, previo a ello, a operativos veterinarios, gracias a los que se adjudicó más de $100 millones.
El convenio entre Comprometidos y la Seremi del Minvu Atacama, fue oficializado el 21 de diciembre del 2022. Y meses después, el 7 de marzo de 2023, la organización hace un cambio de giro en el Servicio de Impuestos Internos (SII), añadiendo las actividades económicas de "asistencia social" y "fundaciones y corporaciones".
Entre medio, los beneficiados de los campamentos que intervino la fundación en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, debían pagar $12 mil por la distribución del agua. Y por cierto, la fundación es dirigida por el excandidato a diputado por el PRO, Sebastián Duarte, y su sede está en Quinta Normal, Región Metropolitana, no en la Región de Atacama.
"Absurdo" e "Indignante"
Desde el Ministerio, esto abre el debate y por cierto la molestia de la autoridad que lidera la cartera por regularizar estas y otras situaciones que están en la palestra "Yo ya dije, tenemos una fuerte bronca o enojo con los casos que están pasando en Antofagasta y en otras partes. Porque estamos haciendo un importante esfuerzo con el Plan de Emergencia Habitacional(...) Por eso quiero expresar mi molestia y la decisión del Presidente de la República donde aquí toda persona que haya cometido irregularidades tienen que responder ante la justicia y vamos a hacer todo lo que podamos por ayudarla", señaló el ministro Carlos Montes.
Sobre el caso en particular de la Fundación "Comprometidos", Montes dijo que le "parece bastante absurdo y ridículo que una empresa que se dedica a un rubro cambie a otro, salvo que tenga argumentos muy fundados que habrá que oír".
Y en relación al cobro del agua, el secretario de Estado argumentó que "en muchos campamentos se cobra el agua, y a veces se cobra incluso por personas que trafican con el agua, no organismos públicos; lo hemos combatido permanentemente, porque en todas partes es indignante".
Por lo mismo, la autoridad central anunció respecto a esta materia que "enviamos al mismo equipo del norte a investigar para estos efectos. Y pedimos los antecedentes de lo que se levantó en la ciudad de Copiapó. Aquí hay que ser serios porque hay gente que dice cualquier cosa sin antecedentes, inculpa a cualquiera y espera que esa persona sea condenada y para eso hay justicia en la democracia, para eso hay un sistema que permite investigar y saber y por tanto todas las personas que tengan dudas lo serio es presentarlo a las instituciones".
Del mismo modo "nosotros en el Ministerio de la Vivienda, estamos poniendo en marcha el próximo lunes un canal para que internamente los 6.500 funcionarios puedan presentar anónimamente todas sus críticas y visiones de comportamientos que no corresponden porque eso permite resolver los problemas rápidamente y no después de un tiempo", anunció el ministro.
Minvu Atacama
En base a lo expuesto, la Seremi del Minvu Atacama expresó en una declaración pública que "se instruye, un sumario administrativo, por parte de la seremi Minvu Atacama, Rocío Díaz, además de elaborar un set con todos los antecedentes administrativos asociados al convenio en cuestión y remitirlos a la Contraloría Regional de Atacama para su fiscalización".
"Entendemos que las brechas del sistema, y a la urgencia de resolver con prontitud la solución de distribución de agua potable, el giro tributario de la Fundación no es prerrequisito para su suscripción del Convenio, sin embargo, es algo que observamos y por tanto fue corregido durante el proceso", enfatizó el documento, añaadiendo que "a la fecha el Convenio se ha rendido conforme en un 75% cumpliéndose con el objetivo, sin observaciones".
Campamentos
Desde quienes viven actualmente en los campamentos, no la están pasando bien con esta situación. María Lafferte, quien fue dirigenta de Villa El Cerro II y que fue parte del plan piloto enfatiza en darle una pronta solución a las personas que siguen con una necesidad sobretodo hídrica del sector.
"Cuando nosotros entramos en este convenio, se nos dijo que debíamos pagar el agua ante la demanda enorme que tenía el municipio y eso era obvio porque a nosotros no nos dejaban agua. A veces, habían tres meses que no nos dejaban el recurso entonces para nosotros entrar en este beneficio era demasiado bueno. Porque al final el municipio no daba abasto para todos los campamentos y en eso estuvimos todos de acuerdo, que es entrar a este proyecto piloto donde debíamos pagar el agua. Nosotros teníamos que pagar el consumo y era obvio" señala la dirigenta María Lafferte, de Villa El Cerro II, campamento reúne alrededor de 100 familias.
Asimismo, la dirigenta vecinal expresa que según lo acordado, "este plan piloto era para cuatro campamentos y esto proyectaría la calidad de vida de nuestras familias en tres pasos si nosotros entrábamos, agua que es la prioridad, la luz y el arreglo de caminos. Esto iría paso a paso de acuerdo al diagnóstico y la intervención con los talleres comunitarios que iba a tener la fundación y así yo participé en varios talleres. De eso se trataba este convenio piloto. Si bien es cierto, nunca se mostraron los montos que se le entregarían a la fundación ya que a nosotros nos preocupaba más el tema que llegaran los recursos para ejecutar la entrega del agua", enfatizó.
Ministerio Público
Por si esto fuese poco, el Ministerio Público, anunció que realizará una investigación para determinar si los hechos conocidos publicamente constituyen o no delito. "Hemos recibido una denuncia de parte de la diputada Sofía Cid, para que se investiguen los hechos que han sido conocidos publicamente a traves de distintas entidades de prensa y televisión, que involucrarían algunas reparticiones públicas con corporaciones de derecho privado y los convenios suscritos", informó el fiscal Christian González.
Asimismo, el fiscal aclaró que "la denuncia formulada por la diputada Cid no viene por un delito determinado ni es contra personas determinadas, sino que para que se investiguen los hechos", en consecuencia, "nosotros como Ministerio Público entonces, antes las distintas publicacionres de prensa y ante esta denuncia, nuestra obligación constitucional y legal, es iniciar una investigación para determinar si en estos hechos hubo o no delitos y en el evento de haber delito, si hubo o no responsables de los mismos".
Sofía Cid: "Es a lo menos cuestionable"
A ni vel local, la diputada de oposición, Sofía Cid, justificó la decisión de poner una denuncia en Fiscalía. "Es a lo menos cuestionables que instituciones vengan a Atacama y logren estos convenios millonarios y después cambien giros ante impuestos internos como para cuidar las apariencias. No puede ser que fundaciones que no conocen Atacama, no conocen a nuestra gente y tampoco sus necesidades reciban estos recursos sin mayores controles y más preocupante es que autoridades de Atacama que viven acá, se presten para esto. Es inaceptable y la ciudadanía debe saber si existen hechos constitutivos de delito así que haremos los seguimientos", dijo. Cabe mencionar que Atacama es la cuarta región donde la Fiscalía abre una investigación de este tipo, tras Antofagasta, El Maule y Los Lagos.