El incremento de delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) revela la insuficiencia de las políticas públicas destinadas a evitar su ocurrencia, así como también de las medidas de protección adoptadas en favor de las víctimas, las cuales por diversas circunstancias muchas veces resultan poco efectivas para garantizar la integridad física y/o psíquica de las víctimas, realidad especialmente sensible cuando se encuentra pendiente una sentencia definitiva para que una condena entregue la protección asociada a una sanción penal.

Sin embargo, es durante la investigación de un delito cometido en contexto VIF donde cobra relevancia la necesidad de contar con medidas de protección eficaces. Nuestro ordenamiento jurídico penal establece que una de las obligaciones de la Fiscalía, junto con la investigación y el ejercicio de la acción penal pública, es la protección de las víctimas y testigos en todas las etapas del procedimiento de persecución penal, y, en lo concerniente a los delitos cometidos en contexto VIF, resulta expresiva de aquel deber la facultad que tienen los fiscales para disponer, directamente, medidas de protección como lo son: rondas periódicas de Carabineros y contacto telefónico prioritario, mientras que las medidas cautelares solicitadas al juez por la Fiscalía, y así decretadas contra el imputado, pueden ser: la salida del imputado del hogar común, prohibición de acercamiento a la víctima, terapias, etc.

La realidad ha demostrado la insuficiencia de las medidas señaladas, particularmente en aquellos casos en que el imputado no se encuentre sujeto a medidas judiciales cautelares de mayor intensidad, como lo sería la prisión preventiva. De ahí que la Ley 21.378 ha venido a remediar, en parte, las falencias descritas, instaurando el uso de dispositivos tecnológicos de control para velar por la integridad de las víctimas, consistente en el uso del sistema de Monitoreo Telemático de Medidas Cautelares de los imputados (tobillera electrónica), contemplándose además la posibilidad que la víctima use voluntariamente un sistema de monitoreo telemático para su protección.

Por de pronto, según el artículo 1º de esta ley, podrá supervisarse mediante monitoreo telemático la medida de prohibición de acercamiento del imputado a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, cuando dicha prohibición haya sido decretada por el Juez de Garantía como medida cautelar, medida accesoria, o como condición de la suspensión condicional del procedimiento. Así también el artículo 6° establece la entrega de un dispositivo telemático para la protección de la afectada, tratándose ésta de una medida de carácter voluntario para ella que tiene como fin fortalecer su protección. El dispositivo consiste en un teléfono celular especialmente habilitado para determinar su ubicación geo referencial, con alertas de batería, botón de pánico y mensajes SMS. Esto permitirá resguardar su seguridad en cualquier lugar donde ella se encuentre.

Conforme avanzan las investigaciones por eldenominado Caso Convenios, sin duda que el gran damnificado es el Partido Revolución Democrática, porque en sus filas están los principales involucrados y esto, como lo manifestó el exdiputado de la colectividad, Renato Garín a LUN, el tema de las fundaciones era una práctica habitual entre sus excorreligionarios.

La génesis que se ha analizado y comentado se fundamenta en la premisa de reunir fondos para actividades políticas y reforzar sus principios ideológicos entre la población. Eso ocurrió con el nacimiento de la fundación Rumbo Colectivo, que se encargó de recibir parte de la dieta de parlamentarios de la colectividad, tras conocerse que esos dineros no eran precisamente para donaciones.

Ese modelo se fue replicando y, según el mismo Garín, es lo que se hizo al crear Democracia Viva.

Entonces ya no hay solo conjeturas también hay hechos claros que se deben investigar y que en la sumatoria terminarán minando las bases de Revolución Democrática, que trata de zafar con mucho esfuerzo, pero que parecieran ser "manotazos de ahogado".

Las consecuencias del terremoto aún están en progreso y pueden escalar a niveles insospechados y poner fin a un partido, cuyos militantes vieron una posibillidad de obtener recursos fiscales, trabajar en la asistencia social, pero con el fin ulterior de asentarse, crecer y posicionarse en el mundo político. Objetivo que hoy los tiene al borde del abismo, debido a todo apunta a que se incurrió en irregularidades e incluso en posibles delitos.

Es efectivo que son muchas las fundaciones que por años realizan tareas que el Estado no puede realizar y son ellos los llamados a cumplir estas tareas. Lo que llama la atención es la facilidad de crear este tipo de entidades que de la noche a la mañana recibían millonarios recursos y sin mayores exigencias y fines diversos.