A nueve días de que se destapara el "Caso convenios" la polémica no para de crecer y lo que para algunos en el Gobierno al principio fue un "descriterio político", ahora pasó ser un posible "delito", como dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, o una "sospecha de corrupción", como señaló ayer Revolución Democrática, partido en que militan los involucrados en el hecho que ha golpeado duramente a La Moneda.

El conflicto se generó luego de que se revelaran convenios por 426 millones de pesos entre la seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por Carlos Contreras, con la fundación Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade. Los dos involucrados son militantes de RD al igual que la entonces pareja del último, la diputada Catalina Pérez, quien se vio envuelta en el escándalo al igual que toda la colectividad.

Ayer el ministro Montes viajó a Antofagasta para informarse del alcance de este caso a la Fiscalía, oportunidad en la que volvió a descartar que hubiera funcionarios de su cartera con dobles contratos, pero sí detalló que "algunas fundaciones contrataban a personas que se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacer un seguimiento a los proyectos. Nosotros creemos que son seis personas, no más que eso, contratadas por las fundaciones y cumplían funciones de apoyo en la seremi o Serviu".

Querella de RD

Paralelamente ayer RD presentó una querella contra quienes resulten responsables de eventuales delitos en este caso. El presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, explicó que "a medida que han ido apareciendo antecedentes (...), hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado de muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de recursos públicos".

El senador precisó que "los antecedentes iniciales que teníamos, era que acá había más bien un descriterio político, pero en la medida que se van conociendo más antecedentes hay ya sospecha de delitos y obviamente por eso entra la Fiscalía".

Además, el partido dio a conocer que se suspendió la militancia de la diputada Pérez y que se pidió la expulsión de Contreras y Andrade.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fundador de RD, expuso en radio Cooperativaque "es gravísimo, y para quienes formamos parte durante tanto tiempo de este proyecto es súper doloroso".

Por otra parte, ayer en la tarde se conoció la primera reacción de Andrade ante este caso: presentó un escrito ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en el que solicita ser parte de la investigación de oficio de la Fiscalía de Antofagasta.

"Atendida la existencia de una querella criminal interpuesta en este procedimiento en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de cohecho agravado y fraude al Fisco, en cuya relación de hechos se alude directamente a mi persona (...), solicito a que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales", planteó la expareja de la diputada Pérez.

Asimismo expuso que "ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación", autorizando acceso a todas sus cuentas y registros de operaciones o movimientos.

Diputados de la bancada UDI llamaron al Presidente Gabriel Boric a revocar el decreto que busca crear la Comisión Asesora contra la Desinformación, luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestara su "preocupación" por la iniciativa impulsada por el Gobierno.

El organismo señaló que el Ejecutivo debe "evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura" y agregó que "comisiones y otras formas gubernamentales de vigilancia suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa".

Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial, los diputados Juan Antonio Coloma, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay anunciaron que acudirían al Tribunal Constitucional (TC) para revertir la medida, argumentando que atentaba contra un derecho fundamental ya consagrado, como es la libertad de expresión.

Además, estimaron que cualquier modificación que se requiera hacer debería ser por la vía de una modificación legal, y no mediante un decreto como lo propuso el Ejecutivo.

"Las graves advertencias que acaba de realizar la SIP no vienen más que a confirmar todos los cuestionamientos que le hemos hecho al Gobierno, porque durante más de un año han demostrado su absoluta obsesión por replicar los mismos modelos dictatoriales de otros países, donde por medio del control de medios y una limitación de la libertad de expresión buscan censurar a todos los que piensan distinto a ellos", cuestionaron los legisladores.

Por lo mismo, y considerando que la bancada UDI anunció que durante la primera semana de julio ingresará el requerimiento al Tribunal Constitucional, Coloma, Romero y Sulantay emplazaron al Presidente Boric a revocar el decreto ante de esa fecha, asegurando que "si realmente siente un compromiso por nuestra democracia, hoy mismo debería cancelar y suspender esta comisión".