Luego que se cumplieron los plazos y prórrogas, la JVRC, no ha cumplido siete medidas correctivas ordenadas, ya que "no ha ingresado formalmente en la Oficina de Partes de esta Dirección de Aguas antecedentes para demostrar su cumplimiento".

Ante esto, según el argumento la JVRC "continúa manteniendo errores, faltas, y/o abusos en la distribución de las aguas, toda vez que no han dado cumplimiento a 7 de las 10 medidas correctivas expuestas en la resolución de la DGA".

Por ello,el argumento para recurrir a la justicia se basa en que Código de Aguas en su artículo 293 señala que "si continuaren los errores, faltas o abusos denunciados, la Dirección General de Aguas podrá solicitar a la Justicia Ordinaria que decrete la intervención por dicho organismo en la distribución de las aguas, por períodos que no excedan de noventa días, con todas las facultades de los respectivos directorios o administradores".

La solicitud se encuentra en el Juzgado de Letras de Copiapó a la espera de la resolución.

7 medidas correctivas no se cumplieron por parte de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó, según informó la DGA.

1 denuncia de la Casub fue la que generó una indagatoria por parte de la DGA, organismo que determinó en 2021 irregularidades en la distribución de agua.

JVRC

Mediante un comunicado en su página web, la JVRC informó que "ante la solicitud de intervención presentada por la Dirección General de Aguas (DGA) en contra de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Copiapó (JVRC), queremos informar a la comunidad en general y, en particular, a los regantes titulares de aprovechamiento de aguas superficiales en el Río Copiapó, que nos encontramos a la espera de las determinaciones por parte del tribunal competente en relación con este asunto".

Agrega la misiva que "nuestro principal objetivo es salvaguardar los derechos y garantías de los usuarios titulares de aguas de nuestra jurisdicción, así como velar por el correcto funcionamiento de esta organización, que ha permitido la distribución de agua desde tiempos inmemoriales, a pesar de los diversos escenarios que hemos enfrentado, ya sea de sequía o de abundancia. No obstante, queremos enfatizar que el directorio de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes convocó y llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria especialmente convocada al efecto, en la cual, de manera unánime, los regantes acordaron no aceptar las medidas solicitadas por la DGA. En particular la N° 1 que busca imponer un valor único de alícuota de 0,081 l/s por acción para la distribución de las aguas, lo que resultaría en un caudal máximo a repartir de 877,49 l/s para los nueve distritos de riego del valle de Copiapó, lo cual generaría perjuicios significativos para todos los regantes"

Finalmente, según el comunicado "esta medida implicaría un menoscabo en los derechos de aprovechamiento de aguas de los regantes del valle de Copiapó y afectaría los procesos productivos de los distintos usuarios, en especial de agricultura familiar campesina. La JVRC, en su rol de organización de usuarios de aguas, representativa de los intereses de los regantes, está firmemente comprometida en defender los derechos de sus miembros y trabajar de manera inteligente para avanzar hacia un desarrollo sostenible que considere tanto las necesidades agrícolas como ambientales".

Luego de seis años en el cargo, culminó su período el ministro titular abogado del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo Gutiérrez.

El ministro, quien también presidió el tribunal durante un poco más de dos años, desde junio de 2019 a diciembre de 2021, fue uno de los cinco magistrados a cargo de la instalación del tribunal el año 2017 y durante su gestión le correspondió conocer y redactar importantes sentencias, entre ellas, las reclamaciones de comunidades indígenas por proyectos que se desarrollan en el Salar de Atacama.

La actual ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez, destacó las cualidades del ministro, su conocimiento técnico y visión de contexto, así como también el haber fomentado una relación profesional, respetuosa y muy amable. "Durante casi un año y medio pudimos realizar un trabajo mancomunado con resoluciones judiciales fundadas gracias a su compromiso, profesionalismo y conocimiento acabado de los procedimientos ambientales que deben llevar adelante los servicios públicos de la institucionalidad como el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. A esto se suma su visión de contexto muy afinada respecto de la realidad ambiental de la macrozona de nuestra jurisdicción",dijo la ministra.

Además, ensu período y en particular mientras asumió la presidencia Oviedo impulsó importantes proyectos como la creación de la Unidad de Estudios, del módulo de cifras, el impulso a la difusión de la labor del tribunal y la firma de convenios con instituciones públicas y académicas.