La Dirección General de Aguas solicitó al Juzgado de Letras de Copiapó decretar la intervención de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes con la finalidad de ejercer las facultades del directorio en la distribución de aguas.

Entre los antecedentes de esta petición, los que fueron entregados en el documento, está la denuncia de la Comunidad de Aguas Subterránea Copiapó-Piedra Colgada- Desembocadura (Casub) en contra de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, en la que afirman "faltas graves cometidas en la distribución de las aguas por parte del directorio de dicha junta, solicitando la fiscalización de la Dirección Regional de Aguas de Atacama, en base a lo establecido en los artículos 283 y siguientes del Código de Aguas", señaló el documento.

El argumento de la Casub da cuenta que la organización de usuarios denunciada "habría realizado una serie de traslados de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas sin contar con la autorización de la Dirección General de Aguas, según lo dispuesto en el artículo 163 del Código de Aguas".

Como consecuencia de ello, se estaría entregando una dotación de agua superior a la que le corresponde conforme a derecho de aprovechamiento constituido, en algunas captaciones afectando de esta manera a los usuarios de agua ubicados en la parte baja de la cuenca del Río Copiapó.

Tras la denuncia, la DGA abrió un expediente administrativo y en un informe técnico se concluyó que el directorio de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes "habría cometido faltas graves en la distribución de este servicio, por esto el servicio dictó una resolución el 27 de septiembre de 2021 que declaró comprobada la denuncia en contra de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes".

Debido a ello, la DGA ordenó a la organización a implementar y cumplir 11 medidas correctivas con el propósito de subsanar las anomalías.

En octubre de 2022 un informe técnico de la DGA reveló que luego de transcurrido el plazo para cumplir las medidas correctivas, ordenadas por una resolución de la DGA, el directorio de la JVRC cumplió con 4 de las medidas, 3 incumplió parcialmente y otras cuatro medidas correctivas fueron incumplidas.

Ante esto, la DGA mediante una resolución de fecha 17 de ese mes aplicó una multa a beneficio fiscal por cada medida incumplida correspondiente a 70 UTM, conforme a lo establecido en el Código de Aguas. Además ordenó aplicar diez medidas correctivas para subsanar los incumplimientos relevantes detectados durante la fiscalización.