Este lunes 26 de junio se conmemora el "Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas". Una fecha que fue establecida en 1987 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas.

En Chile, cada año se convoca a la comunidad y a diversos actores relevantes en la materia a participar en actividades públicas, con el fin de poner en relieve la importancia de la prevención como herramienta para evitar el consumo de alcohol y otras drogas.

En este contexto, durante todo el mes hemos estado realizando diversas actividades participativas en la región, a través de nuestras oficinas comunales de SENDA Previene en Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral, Diego de Almagro, Vallenar y Huasco.

También hemos entregado reconocimientos a distintas instituciones y organizaciones del territorio que contribuyen de manera significativa a la prevención, como una forma de reconocer la importancia de su rol en el trabajo preventivo.

En definitiva, como Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) creemos que es responsabilidad de todos y todas construir comunidades preventivas sólidas.

De hecho, nuestra oferta programática promueve el desarrollo de una "parentalidad social", donde el cuidado de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes (NNAJ) recae en todos los adultos de una comunidad, independientemente si tienen con ellos algún lazo o vínculo sanguíneo, familiar y/o afectivo.

Así, la prevención se convierte en una tarea compartida y de responsabilidad colectiva, en la que se fomenta la creación de redes de apoyo y confianza entre los adultos de la comunidad.

El consumo de alcohol y otras drogas es uno de los principales asuntos de salud pública del país y es responsabilidad de todos y todas construir comunidades preventivas sólidas.

¡Más comunidad, más prevención!

En la mañana del jueves 22 de junio, sin acuerdo previo, las campanas fúnebres de todo el mundo empezaron a doblar por los cinco ocupantes del "Titán", el minisubmarino que ofrecía un tour excepcional a los restos del Titanic. Más tarde se confirmó que una "implosión" había destruido, tal vez mucho antes, la pequeña nave.

Cuatro días antes, el domingo 19, al abandonar su "buque madre" al sur de Terranova en Canadá, los cuatro pasajeros y el piloto disponían de oxígeno para 96 horas. Lo más probable, sin embargo, es que la tragedia se produjera el mismo domingo. Desde que se perdió todo contacto las posibilidades de rescatar con vida a los viajeros eran mínimas. Los dos millonarios, el hijo de uno de ellos y otro pasajero que pagaron en conjunto casi 800 millones de pesos chilenos, sabían el riesgo que corrían: todos habían firmado un documento liberando de responsabilidad a OceanGate, la organizadora de la excursión.

"Tienes que estar un poco loco para hacer este tipo de cosas", había sentenciado Arthur Loibl, un hombre de negocios y aventurero jubilado de 61 años de Alemania.Podría haber agregado: loco "con mucho dinero". Hace poco más de un siglo, cada uno habría pagado la mitad, unos cien millones de nuestros pesos por una suite de lujo en el flamante trasatlántico británico.

El Titanic se hundió en el Atlántico hace 111. Su capitán y la empresa White Star desoyeron toda clase de advertencias y siguieron velozmente en medio de la amenaza de los hielos flotantes.

Los ocupantes del Titan se perdieron desoyendo parecidas advertencias. Un exempleado sostuvo que la claraboya podría estar deteriorada. Una voz autorizada explicó que la nave, todavía en etapa experimental, nunca habría sido utilizada en una expedición científica.

"Los dirigentes de la industria de vehículos sumergibles, precisó The New York Times, habían instado en 2018 a la empresa a que se sometiera a un proceso de certificación más riguroso".

La respuesta fue que, siendo una nave extremadamente innovadora, no era fácil conseguir tales certificados. En rigor, habría sido imposible.

Uno de los argumentos que ha saltado a la palestra durante las denuncias e investigaciones periodísticas, respecto al financiamiento de fundaciones que realizan labores en sectores prioritarios del país, es que es una práctica que se remonta al 2019 y habitual debido a que el Estado no puede resolver todas las necesidades de modo directo. Y, es allí, en que se insiste en que no debieran existir reparos respecto a los convenios firmados por el Minvu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, por tres proyectos en distintos campamentos de la capital de la Región de Antofagasta, apelando a la habitualidad de este tipo de prácticas.

Lo distinto de este caso, es que hay una serie de "temas de alta complejidad" -como lo calificaron los funcionarios del Serviu, que incluso llegaron a la justicia, y que hoy son investigados por el Ministerio Público. Se pesquisarán delitos de tal gravedad como tráfico de influencias y malversación de caudales público, los que incluso consideran penas de hasta 10 años de presidio.

Por ello, si la creación de este sistema tuvo un objetivo positivo y de apoyo hacia los más vulnerables, como los habitantes de campamentos, lo contrario es que los procesos se desvirtúen y se entreguen millonarios montos sin la cautela que se exige o con un criterio de favorecer a terceros.

Esas son las materias que deben resolverse y no solo mediante sumarios, fiscalizaciones internas y de Contraloría, también lo que pueda determinar la justicia con sanciones, si así correspondiere.

Este tipo de casos deja en evidencia que es necesario abordar cómo se utilizan los fondos públicos, por qué no todos deben pasar por una licitación o las razones para destinar recursos a distintas organizaciones privadas sin expertiz o sin el resguardo debido.

El Estado, claramente, debe modernizarse para que este tipo de situaciones no se repitan.